El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reiteró su preocupación ante los escenarios de riesgo identificados en contra de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras derechos humanos en los territorios, quienes tienen un rol muy importante en la construcción de paz y en el fortalecimiento democrático del país.
“Entre enero y septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 157 homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, superior a los 109 casos reportados en el mismo periodo de 2021. Los sectores más afectados por esta conducta durante estos meses son líderes y lideresas comunales con 51 casos, 32 indígenas, 26 comunitarios, 14 campesinos, entre otros” dijo el Defensor del Pueblo.
En el marco de la presentación de los resultados del tercer trimestre 2022 del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo explicó que Nariño (con 23 casos), Cauca (19), Putumayo (16), Antioquia (15), Valle del Cauca (10), Arauca (10), Bolivar (8) y Norte de Santander (8) son los departamentos con mayor número de homicidios contra esta población.
El negro panorama en el Magdalena Medio
Según el organismo gubernamental, en Barrancabermeja se han triplicado los homicidios, por lo que se pide acelerar el proceso de estudio para que la Unidad de Protección Nacional, UNP, atienda a la población que ha sido amenazada en la región.
Didier Rodríguez, Defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio, aseguró que, “al momento llevamos 65 homicidios en Barrancabermeja por diferentes situaciones, y eso genera gran preocupación porque el número se ha triplicado en comparación con el año pasado, donde hasta la fecha solo se habían registrado 24 homicidios”.
El funcionario pidió atender el alto riesgo de los derechos humanos de líderes, miembros de sindicatos, partidos políticos y periodistas que viven en especial en Puerto Wilches, Barrancabermeja y Simacota.
Hace dos semanas la Defensoría del Pueblo en el Magdalena Medio emitió la alerta temprana donde se le pidió a la Fuerza Pública trabajar de la mano para minimizar los riesgos, por lo que “en nueve meses se volverá a convocar una reunión para hacerle seguimiento a la alerta y ver si se cumplieron las recomendaciones”, añadió.
