Un juez del circuito de Bucaramanga ratificó la medida no privativa de la libertad impuesta a los 18 concejales del municipio de Floridablanca, el pasado 15 de julio, por parte de un juez con función de control de garantías.
En esa fecha la Fiscalía les imputó cargos por prevaricato por omisión y, para algunos de concejales, otros delitos como fraude procesal y prevaricato por acción.
La investigación se relaciona con las presuntas inconsistencias en la elección del Contralor y Personero, en el año 2016.
La apelación sobre la medida la realizó la defensa de los imputados y en los próximos días el ente acusador presentará el escrito de acusación, para continuar con las etapas procesales.
Cabe recordar que el Juez 15 de Control de Garantías, José Plata, no aceptó los argumentos del Fiscal 37 seccional y por ende no haya decretado medida de aseguramiento contra 18 de los 19 concejales de Floridablanca, por supuestas irregularidades en 2016, en la elección del Personero y Contralor de la localidad, no fue la única “ganancia” que obtuvieron los implicados.
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La Fiscalía imputó cargos contra los concejales según su grado de responsabilidad en la presunta elección irregular de Contralora y Personero.
En tal sentido, por la elección de la Contralora Luz Marina Díaz Mantilla, elegida en plenaria el 23 de julio de 2016, la Fiscalía solo le imputó cargos a la entonces mesa directiva del Concejo de Floridablanca, Alfredo Tarazona, Néstor Bohórquez y Marcos Olarte, por prevaricato por omisión y fraude en documento procesal. Por este mismo hecho, el Primer Vicepresidente Néstor Bohórquez y el Segundo Vicepresidente, Marcos Olarte, recibieron una tercera imputación de cargos, prevaricato por acción.
Por la elección de Personero Robiel Barbosa Otálora, elegido el 10 de enero de 2016, a los 18 cabildantes la Fiscalía les imputó el cargo de prevaricato por omisión. El único concejal exonerado para esta diligencia de imputación de cargos, que duró dos días y medio, fue Salvador Molina.
El juez Plata determinó no aplicar la medida privativa de la libertad, pero sí determinó una medida restrictiva en el sentido de que los concejales no podrán salir del país, deberán demostrar bien comportamiento y tendrán que asistir a todas las audiencias de ahora en adelante en el proceso. Consideró que los concejales no representan un peligro para la sociedad ni un riesgo para el proceso, por lo tanto no decretó medida de restricción de la libertad contra ellos.
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