La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que durante seis meses investigó el accionar del Gobierno brasileño durante la emergencia sanitaria, recomendó este 20 de octubre acusar al presidente Jair Bolsonaro y a otros funcionarios de ocho delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias y charlatanería médica.
La pandemia de Covid-19 ha matado a más de 600.000 personas en Brasil, uno de los países más afectados del mundo, por lo que el comité destacó en su informe que la abultada cifra se relaciona con las decisiones que tomó el Gobierno brasileño apoyado en el negacionismo de Bolsonaro frente al virus.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el mandatario ha minimizado repetidamente la gravedad del virus, calificándolo de «pequeña gripe», promoviendo tratamientos sin base científica, criticando y bloqueando medidas de los gobiernos locales para frenar la propagación y haciendo campañas de desprestigio en contra de las vacunas. Una actitud que no ha cambiado a lo largo de año y medio de pandemia.
“Al insistir en el ‘tratamiento precoz’ como única política para combatir la pandemia, Bolsonaro colaboró fuertemente con la propagación del Covid-19 en Brasil y, así, se mostró como el principal responsable de los errores cometidos por Gobierno», sostiene el informe de 1.200 páginas redactado por el senador Renan Calheiros, instructor del grupo parlamentario.
En la mira del comité investigador
Como acusados de prevaricación, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo, el comité señala a Bolsonaro, cuatro de sus ministros (Marcelo Queiroga, Walter Braga Netto, Onyx Lorenzoni y Wagner Rosario) y 61 funcionarios de la Administración que de alguna forma contribuyeron a la mala gestión de la emergencia.
El documento incluye acusaciones por los delitos de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias e incitación al delito.
La próxima semana el documento sería aprobado por la comisión y remitido a los tribunales, ya que el comité no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero el eco de las denuncias podrían llegar a diferentes órganos que pueden continuar las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional.
La acusación, aunque simbólica, llega en uno de los peores momentos de popularidad de Bolsonaro, donde las encuestas para las elecciones de 2022 lo ubican detrás del expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, acérrimo crítico del líder ultraderechista.
