El exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro Urrego se refirió al proceso que le ganó al Estado Colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que surgió cuando el exprocurador Alejandro Ordóñez y hoy embajador de Colombia ante la OEA lo destituyó, -según él- violando sus derechos políticos.
Petro señaló que este no era solo un triunfo personal, sino para los principios democráticos de Colombia; que a partir de estos cambios dejarán de existir funcionarios asustados ante un procurador, de hecho, pidió la renuncia del Alejandro Ordóñez (exprocurador que lo destituyó), de su cargo como embajador de Colombia ante la OEA, por ser el directo responsable de esta nueva condena internacional contra el país.
Dijo que espera que Ordóñez renuncie a su cargo como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), antes de que sea destituido primero por el Gobierno Nacional, al tratarse del responsable de su destitución ilegal y quien ahora representa al país ante en la institución que condenó al Estado.
“Si Ordóñez es una persona correcta y honesta, tendrá que renunciar por su cuenta”, resaltó.
Dijo que “la pelea judicial por fin ha terminado y se vuelve realidad un principio democrático, a menos de que el presidente Duque quiera salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Recalcó que, «en Colombia, bajo la falsa excusa de corrupción, se quitaron y vulneraron mis derechos humanos fundamentales, al permitir que autoridades políticas y no judiciales, como la Procuraduría y Contraloría, quiten derechos, cuando estos organismos tienen la responsabilidad de vigilar y no de juzgar penalmente”.
Aclaró que el fallo de la CIDH no se puede interpretar como una vulneración a la lucha contra la corrupción sino, por el contrario, un avance.
“Cuando un procurador investiga la corrupción como si fuera una irregularidad y no un delito, eso termina promoviéndola y beneficiándola. Quien tiene que juzgar es un juez penal, porque al dejarle eso a autoridades políticas, se construyó un sistema de extorsión política”, advirtió.
Hizo un llamado a fortalecer el aparato investigador contra la corrupción y que la Fiscalía cuente con un sistema judicial más fuerte y consolidado, que se especialice en este delito, para que no sea un organismo político sino uno penal el que se encargue de manejar estos casos.
Petro aseguró que, aunque personalmente esta decisión de la Corte lo beneficia, todavía tiene consecuencias con sus ingresos. Asimismo, dijo que para su indemnización, el Estado paga una cuantía no muy alta.
“La multa es por $850 millones y la indemnización es de $36 millones. Un presidente que embarga a su opositor es como ‘la ley de los caballos’, pero celebro que en general, entregamos una liberación democrática, que mejora la calidad de los gobiernos locales. Entonces aquí dejan de existir congresistas, alcaldes y demás funcionarios elegidos por voto popular asustados ante un procurador y ahora las ciudadanías serán más libres de escoger y controlar a sus gobernantes”, destacó.
Petro Indicó que tras este fallo “ya no habrá funcionarios asustados ante un procurador”.
