A través de una nota de prensa, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer que formuló Superintendencia de Industria y Comercio contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) por presuntas prácticas que afectan la libre competencia en contrataciones de servicios públicos domiciliarios.
La investigación reveló que ambas empresas establecieron condiciones que limitaron la participación de otros oferentes en procesos de selección, configurando una vulneración al artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que prohíbe las prácticas restrictivas de la competencia.
EPM habría implementado al menos dos mecanismos anticompetitivos en sus procesos de contratación: exigir pagos previos para participar en licitaciones e impedir la conformación de consorcios o uniones temporales. Además, limitó el número de integrantes y estableció porcentajes de participación específicos para estas asociaciones empresariales.
Estas conductas impactaron 24 procesos de contratación para obras y suministros entre 2020 y 2023, con un valor acumulado superior a mil millones de pesos. Dispac, por su parte, precisa el boletín, habría establecido condiciones similares en 23 procesos de contratación para construcción de obras e interventorías entre 2019 y 2023, con cuantías que superan los 400 millones de pesos.
La Delegatura para la Protección de la Competencia determinó que, aunque estos procesos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las empresas deben aplicar principios de función administrativa, selección objetiva y libre competencia económica.
Finalmente, señaló que las empresas investigadas tendrán oportunidad de presentar sus descargos antes de que la SIC tome una decisión definitiva sobre las sanciones correspondientes.
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