El presidente boliviano Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio de 2026, tras siete semanas de protestas que paralizaron el país con bloqueos de carreteras, escasez de alimentos y enfrentamientos violentos. La medida en búsqueda de restablecer el tránsito y frenar lo que el mandatario calificó como un intento de golpe de Estado.
Durante siete semanas, Bolivia vivió bajo el peso de bloqueos y protestas que paralizaron carreteras, mercados y hospitales. El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para recuperar el tránsito y enfrentar lo que calificó como un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo.
Las calles de La Paz y El Alto se convirtieron en escenarios de tensión. Los mercados vacíos, las filas interminables por combustible y la falta de medicamentos reflejaban el impacto de los bloqueos campesinos e indígenas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Desde principios de mayo, las carreteras fueron tomadas por sindicatos campesinos, cocaleros afines a Evo Morales y organizaciones indígenas que denunciaban la crisis económica más grave en cuatro décadas.
El gobierno intentó negociar. Paz firmó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, pero los sectores más radicales rechazaron el pacto. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió el mandatario en redes sociales.
El estado de excepción, con vigencia máxima de 90 días, prohíbe bloqueos de vías y el uso de armas o explosivos. El Ejército y la Policía fueron desplegados para proteger rutas estratégicas y garantizar el abastecimiento. Aunque el gobierno aseguró que no se suspenden derechos fundamentales, sí se restringen la circulación y reunión en casos necesarios.
En su mensaje televisado, Paz acusó a Evo Morales y a estructuras políticas del Chapare de organizar una estrategia de desestabilización. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, afirmó.
Las siete semanas dejaron un saldo trágico: enfrentamientos con la policía, muertos y heridos en distintos puntos del país. La escasez golpeó con fuerza a las ciudades, en donde familias enteras pasaron días sin acceso a alimentos básicos ni medicinas. El Alto, vecino de La Paz, sufrió una carestía que recordó los peores momentos de crisis política en la historia boliviana.
Las pérdidas económicas fueron “incalculables”, según el propio presidente. El comercio internacional se paralizó, las exportaciones quedaron varadas y el transporte interno se detuvo. El país, dependiente de la venta de gas y minerales, vio cómo sus ingresos se desplomaban en cuestión de semanas.
La comunidad internacional observó con preocupación. Estados Unidos declaró que “hay un golpe de Estado en marcha” en Bolivia, mientras organismos de derechos humanos pidieron respeto a las garantías constitucionales. La Unión Europea instó al diálogo y a evitar la violencia, recordando que la estabilidad democrática es esencial para la región.
Rodrigo Paz, líder centroderechista que asumió en noviembre de 2025 tras dos décadas de gobiernos de izquierda, enfrenta su mayor desafío. Morales, refugiado en el Chapare, niega las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y denuncia persecución política. La confrontación revive viejas heridas de un país dividido entre el altiplano indígena y las élites urbanas.
Las imágenes de soldados vigilando carreteras, familias caminando kilómetros para conseguir alimentos y hospitales sin insumos se convirtieron en símbolos de un país atrapado entre la protesta y la represión. El estado de excepción marca un punto de inflexión: Bolivia enfrenta no solo una crisis política, sino también una fractura social que amenaza con prolongarse más allá de los 90 días decretados.
La historia de estas siete semanas es la de un país que se paralizó, que vio cómo la protesta se transformó en resistencia y cómo el gobierno respondió con fuerza. El desenlace aún está abierto, pero la narrativa ya está escrita: Bolivia, en junio de 2026, se convirtió en el epicentro de un pulso entre democracia, protesta y poder.
