El miércoles, entró en vigor una declaración de emergencia en todo Perú durante 30 días que, entre otros puntos, autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía en el control de las manifestaciones. Pero no disuadió a los manifestantes de protestar y seguían en las calles este viernes 16 de diciembre.
«Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar», enfatizó la nueva presidenta Dina Boluarte este viernes en una ceremonia de graduación de oficiales de la Escuela Militar de Chorrillos.
Desde la declaración del estado de emergencia, diez manifestantes murieron, ocho de ellos en el sureño departamento de Ayacucho, según el Defensor del Pueblo. El número total de muertos por las protestas subió a 20. También se contabilizaron 340 heridos, de los cuales la Policía dijo que casi la mitad pertenecían a sus filas.
A pesar del derrame de sangre, el Gobierno reafirmó su «apoyo incondicional» a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las protestas.
«Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno», declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Otárola agregó que las fuerzas de seguridad «han tomado control de espacios críticos nacionales» y adelantó que «seguro pronto van a volver a volar las compañías aéreas» en las zonas del país cuyos aeropuertos han sido cerrados por medidas de seguridad.
Las manifestaciones más virulentas tuvieron lugar en el sur del país, donde varios aeropuertos permanecen cerrados (Andahuaylas, Arequipa, Puno y Ayacucho).
Más de un centenar de carreteras estuvieron bloqueadas por manifestantes en todo el país, y el tren al famoso Machu Picchu ha dejado de funcionar, dejando varados a varios centenares de turistas.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En algunos casos, también piden la reposición en el cargo del expresidente Pedro Castillo, quien recibió 18 meses de prisión preventiva este jueves tras el fallido golpe de Estado que tuvo lugar la semana pasada.
Llamado a la desmilitarización del país
Este viernes, los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron a sus cargos seis días después de asumirlos, denunciando la «desproporcionada» respuesta a las manifestaciones.
«Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte», escribió Correa en Twitter, donde compartió la carta enviada a la presidenta Dina Boluarte.
Por su parte, Pérez explicó que «los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas» y que estos «hacen insostenible» su permanencia en el Gobierno.
«Exigimos que las fuerzas armadas dejen inmediatamente de utilizar armas de fuego y botes de gas lacrimógeno lanzados desde helicópteros», dijo también la oficina del Defensor del Pueblo en un comunicado.
Por su parte, varias ONGs peruanas llamaron el Gobierno a desmilitarizar el país.
«Hemos perdido siete vidas humanas en los primeros cinco días de protestas y desde el día de la militarización hemos duplicado el número de muertos y heridos», denunció Dador en referencia al estado de emergencia que comenzó a aplicarse este jueves, aseguró la secretaria ejecutiva de la ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador.
«Se puede ver que algunas personas terminaban con alguna piedra o elemento en la mano (…) y de respuesta recibían balazos hacia el cuerpo de parte de miembros del Ejército. Esto es ejecución extrajudicial. Esto es asesinato», también denunció la abogada de Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
Rechazan elecciones anticipadas
Dina Boluarte asumió la Presidencia el pasado 7 de diciembre para reemplazar a Pedro Castillo tras su destitución por el Congreso.
La nueva presidenta y ex vicepresidenta de Castillo sostuvo que el suyo es «un Gobierno de transición» y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar «de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía».
Boluarte, cuyo su mandato se extiende teóricamente hasta 2026, ya que Castillo fue elegido en 2021 por cinco años, anunció que quería adelantar el calendario electoral «a diciembre de 2023». Pero este viernes, el Congreso de Perú rechazó este adelanto.
El proyecto de ley para adelantar las elecciones recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.
Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería 87 votos para ser sometido a una segunda votación en la siguiente Cámara o de 66 para ser llevado a un referendo.
Castillo en prisión por 18 meses
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue puesto el jueves en prisión preventiva durante 18 meses por la Corte Suprema. La Fiscalía recordó que Castillo había intentado refugiarse en la embajada de México tras su destitución y pidió que se le mantuviera detenido hasta junio de 2024, alegando «riesgo de fuga».
Pedro Castillo está encarcelado desde su destitución el 7 de diciembre. Ese día, Castillo fue destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Legislativo, la confirmación de un Ejecutivo de emergencia y que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de Justicia.
Se interpretó como un fallido intento de golpe de Estado y Castillo fue detenido por la Policía antes de poder llegar a la embajada de México. Es procesado por «rebelión» y «conspiración” y se enfrenta a diez años de cárcel, según el fiscal, Alcides Díaz.
