El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció este jueves que en la actualidad existen 17 investigaciones por actos de corrupción y soborno internacional en el país.
Aseguró que en las últimas semanas, la entidad impuso cuantiosas multas relacionadas con la obstrucción de los procesos en curso en esta materia, las cuales pueden llegar a ser de hasta 200.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 40 millones de dólares.
Frente a esto, llamó la atención en que es fundamental la colaboración de los órganos de administración de las sociedades, de los funcionarios de control interno y, en particular, de los revisores fiscales.
“Los resultados de las más recientes encuestas muestran, sin embargo, que durante los últimos cinco años, en el 92,8 por ciento de las sociedades que tienen revisor fiscal, no se han presentado informes con salvedades o párrafos de énfasis. Por lo demás, en los grandes escándalos de corrupción de las últimas décadas, lamentablemente, se echan de menos las denuncias oportunas que han debido provenir del órgano de fiscalización de la sociedad”, aseguró Reyes.
Adicional a esto, las encuestas citadas por el superintendente también revelaron que en el 49,9 por ciento de las sociedades se ha podido verificar que no se han presentado cambios de este funcionario durante una década.
Dijo que es necesario realizar modificaciones de la ley para cambiar el sistema actualmente previsto para su nombramiento, así como proponerse reformas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. “Como es obvio, las penalidades que se les imponen a las sociedades deben ser compatibles con su naturaleza incorpórea, de modo que, tal como ocurre en otros ordenamientos, la compañía delincuente se expone a sanciones pecuniarias, inhabilidad para contratar con el Estado o incluso su liquidación”, advirtió.
Falta de control
En las últimas encuestas realizadas por la Supersociedades en materia de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial, se encontraron datos que dejan ver la falta de controles para impedir actos de corrupción en las organizaciones del país.
De acuerdo con la entidad, de 6.000 sociedades consultadas, el 16 por ciento declaró no adoptar acciones para reducir el impacto ambiental en sus operaciones; el 4,2 por ciento ha expresado que no ha tomado determinación de ninguna naturaleza para asegurar el respeto de los derechos humanos en las actividades de explotación económica de la sociedad.
Otro de los hallazgos es que el 3,3 por ciento de los empresarios consultados confesaron que no cuentan con medidas para evitar que la compañía sea cómplice en actos de soborno o de corrupción.
Según Reyes, la preocupación es más grande al revisar datos como: en el 70,7 por ciento de las sociedades encuestadas, los miembros de las juntas directivas no revelan sus partes vinculadas; en el 95,3 por ciento de las empresas no se solicita autorización alguna para efectuar operaciones que impliquen conflictos de interés.
Por otro lado, el grado de revelación de información a los accionistas sigue siendo limitado en varias de las sociedades. “A pesar de que existen normas sobre la materia, vigentes desde hace casi 50 años, muchas de ellas sólo se conocen por su inobservancia”, aseguró Reyes.
El artículo 446 del Código de Comercio ordena que los administradores les suministren, a los accionistas, información básica sobre los costos y gastos en que incurre la administración de la sociedad. Sin embargo, el 7,3 por ciento de las sociedades confesó que no les proporciona dicha información durante el periodo de fiscalización individual.
