El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que la suspensión de la extradición de Seuxis Hernández Solarte (Jesús Santrich) no es viable y no está contemplado dentro del ordenamiento jurídico, por lo que anunció que el Ministerio Público interpondrá todos los recursos legales para subsanar este “error jurídico”.
“Nosotros creemos que el camino que tomó la Justicia Especial para la Paz para suspender el trámite de la extradición es un camino abiertamente inconstitucional”, expuso.
Al instalar el foro ‘Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad’, Carrillo Flórez sostuvo que “la Procuraduría se niega a ser notificada de estas decisiones a través de los medios de comunicación”.
Además destacó que, “fue una gran sorpresa que no se hubiera oído a la Procuraduría, que no se le hubiera notificado, y por eso pensamos en primer lugar que es preocupante que los derechos de las víctimas queden en entredicho; lo segundo es lo inédita que es la decisión en el sentido de que no existe dentro del ordenamiento constitucional y legal colombiano la figura de la suspensión del trámite de extradición, y en tercer lugar que el proceso formal de la extracción tampoco se ha iniciado”.
El jefe del órgano de control indicó que la suspensión de la extradición de Jesús Santrich no puede fundarse al amparo de un protocolo o reglamento interno diseñado por la misma JEP. “Esta materia debe ser regulada por el legislador. Aquí sí vale la pena hacer un llamado al Congreso de la República para urgirlo en la adopción del Código de Procedimiento de la JEP”, indicó.
Para Carrillo Flórez es inexplicable tras la batalla para que la entidad no fuera excluida de la JEP, una decisión el derecho a representar a las víctimas.
El jefe del Ministerio Público reconoció la competencia de la JEP en el marco del Acto Legislativo 01 de 2017 y precisó que “la paz necesita un sistema de justicia moderno, fortalecido, legítimo como la Justicia Especial para la Paz. A mayor cumplimiento de la Constitución, mayor legitimidad de la JEP”.
En declaraciones a la prensa, el Procurador General también anunció la realización de una audiencia el viernes 25 de mayo para evaluar con los veedores internacionales las denuncias de un presunto fraude en los comicios presidenciales del próximo domingo.
“No podemos ponernos al nivel de Venezuela de deslegitimar el proceso electoral”, precisó el jefe del ente de control quien ve inviable “que haya una sombra de duda sobre la transparencia, la pureza y el carácter técnico del proceso electoral”.
