El Gobierno nacional puso sobre la mesa una reforma que podría cambiar para siempre el servicio de taxi en Colombia: obligar a que la reposición de vehículos se haga exclusivamente con unidades eléctricas, como parte de una ambiciosa transición energética.
El servicio de taxi en Colombia enfrenta una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas. Un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Transporte, actualmente en etapa de consulta pública, propone una reforma estructural que modificaría las reglas de operación del sector, simplificaría trámites y establecería nuevas garantías para conductores y propietarios. Sin embargo, el punto que concentra mayor atención es la eventual obligación de reemplazar los taxis que salgan de circulación únicamente por vehículos eléctricos.
La medida se enmarca en la política nacional de transición energética y movilidad sostenible, una de las principales banderas del Gobierno. De concretarse, significaría un cambio histórico para un gremio que tradicionalmente ha renovado su flota con vehículos de combustión interna o híbridos.
El borrador establece que cada vez que un taxi cumpla su ciclo útil o deba ser retirado del servicio por desgaste, accidente o cualquier otra causa, su reposición tendría que hacerse exclusivamente con un automóvil de cero emisiones. La intención, según el Ministerio, es acelerar la modernización tecnológica del transporte público individual y reducir la huella ambiental del sector.
La propuesta representa un giro importante en la regulación vigente. Durante años, la reposición de taxis ha estado sujeta a criterios técnicos y administrativos, pero sin restricciones relacionadas con el tipo de tecnología motriz. Ahora, el enfoque cambia hacia la sostenibilidad ambiental.
“Estamos modernizando una regulación que debía ponerse al día con las necesidades reales de conductores, propietarios y usuarios. Esta actualización elimina trámites innecesarios, fortalece derechos, mejora la transparencia y nos permite avanzar hacia un servicio de taxi más eficiente, seguro y acorde con los desafíos de movilidad que hoy tiene Colombia”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
El anuncio ha generado expectativa y preocupación dentro del gremio. Mientras algunos sectores ven la medida como una oportunidad para modernizar el servicio y reducir costos operativos a largo plazo, otros advierten que el alto precio de los vehículos eléctricos podría convertirse en una barrera para pequeños propietarios.
Actualmente, un taxi convencional en Colombia puede costar entre 70 y 100 millones de pesos, mientras que un modelo eléctrico supera fácilmente los 140 millones. Aunque el costo de mantenimiento y consumo energético es menor, el desembolso inicial sigue siendo considerable.
A esto se suma otro reto: la infraestructura de carga. Aunque ciudades como Bogotá, Medellín y Cali han ampliado su red de estaciones, en muchas regiones del país todavía es limitada, lo que podría dificultar la implementación inmediata de la medida.
Pero el decreto va mucho más allá de la electrificación. Otro de los cambios importantes es la flexibilización de la operación intermunicipal. La propuesta plantea que los taxis puedan prestar servicio entre municipios contiguos sin necesidad de tramitar la Planilla Única de Viaje Ocasional, siempre y cuando una autoridad demuestre afectaciones en la oferta y demanda.
Esta modificación busca responder a dinámicas de movilidad que se han fortalecido en áreas metropolitanas y corredores regionales, donde miles de usuarios se desplazan diariamente entre municipios vecinos.
El borrador también contempla una ampliación en las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos que sirven a capitales departamentales y zonas metropolitanas. El objetivo es facilitar la conectividad regional y ofrecer más alternativas de transporte a los pasajeros.
En materia administrativa, el Ministerio propone eliminar la exigencia del paz y salvo para adelantar trámites de tránsito y transporte, una solicitud histórica del gremio. Asimismo, se prohibirían cobros por desvinculación de vehículos, expedición de tarjetas de operación o servicios no prestados.
Esta medida apunta a corregir prácticas que durante años han sido objeto de controversia entre empresas afiliadoras y propietarios.
Además, la reforma obligaría a las empresas a entregar extractos mensuales gratuitos detallando los cobros y pagos relacionados con cada vehículo. Esto busca fortalecer la transparencia y mejorar la relación contractual entre ambas partes.
En cuanto a la protección patrimonial, el borrador amplía de uno a cinco años el plazo para reponer vehículos en casos de hurto, pérdida total o destrucción, otorgando un margen mayor a quienes dependen económicamente de este activo.
Para los conductores que no son propietarios también habría beneficios. El proyecto establece puntajes adicionales por años de experiencia en la asignación de nuevas matrículas, una medida orientada a facilitar el acceso a la propiedad y promover mayor equidad.
Otro cambio relevante sería la ampliación de la vigencia de la tarjeta de operación, que pasaría de uno a dos años. Esto reduciría costos y trámites para el sector.
La reforma también incorpora programas obligatorios de formación para conductores en atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos y calidad del servicio.
Finalmente, durante conciertos, ferias y eventos masivos, las autoridades tendrían la obligación de habilitar zonas especiales para taxis, buscando mejorar la organización y reducir congestiones.
La consulta pública será determinante. En ella participarán gremios, conductores, empresas y ciudadanos. Lo que está en discusión no es solo una reforma normativa, sino el modelo de taxi que Colombia quiere construir para la próxima década: uno más limpio, moderno y transparente, pero también capaz de responder a las realidades económicas de quienes viven de este servicio.
