La brutal represión contra las protestas en Irán ha dejado a cientos de muertos y miles de detenidos, mientras el Gobierno insiste en que “la situación está bajo control” y prepara el restablecimiento del internet y apertura al diálogo internacional.
Lo que comenzó a finales de diciembre de 2025 como expresiones de frustración económica se ha transformado en la mayor ola de protestas que enfrenta la República Islámica en años. Las manifestaciones se desencadenaron inicialmente por el deterioro de la economía —con una inflación disparada, el colapso del rial y el alza de precios de alimentos y servicios básicos—, provocando movilizaciones en Teherán y extendiéndose rápidamente a ciudades pequeñas y grandes de todo el país.
La diversidad de quienes salieron a las calles —comerciantes del Gran Bazar, estudiantes universitarios y ciudadanos de distintos estratos sociales— refleja un descontento que va más allá de quejas puntuales. Con consignas que se han vuelto cada vez más críticas del sistema político y llamadas a reformas profundas, las protestas han desafiado directamente el poder de la teocracia que gobierna desde la revolución de 1979.
Los manifestantes exigen no solo mejoras económicas sino cambios políticos más amplios. Las consignas han incluido desde demandas de justicia social hasta llamadas a la renuncia de líderes estatales y eslóganes contra la élite gobernante. En algunas regiones, las protestas han mantenido su intensidad pese a las amenazas y la violencia estatal, lo que ha generado un clima de alta tensión interna e inquietud internacional.
Frente a esta escalada, el Gobierno iraní ha respondido con mano dura. Desde el 8 de enero, las autoridades impusieron un apagón casi total de internet y comunicaciones para obstaculizar la coordinación de manifestantes y el flujo de información hacia el exterior, una táctica empleada en protestas anteriores para limitar el escrutinio internacional.
La violencia de las fuerzas de seguridad ha sido severa: grupos de derechos humanos reportan que cientos de manifestantes han sido asesinados por disparos y otras formas de fuerza letal. Organizaciones como Human Rights Activists News Agency han documentado cifras que superan ampliamente los 500 muertos y más de 10.600 arrestos en apenas dos semanas de protestas, aunque el apagón de internet dificulta la verificación independiente de los datos.
Represión, apagón y declaración oficial de “control”
En ese contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró ante misiones diplomáticas que las fuerzas de seguridad han logrado que “la situación esté bajo control” y que las comunicaciones —incluido el acceso a internet— se restablecerán “pronto”. Para justificar la represión, el Gobierno ha etiquetado a algunos manifestantes como “alborotadores” o “terroristas”, y culpó tanto a fuerzas internas como a supuestos agentes de influencia extranjera de instigar violencia.
No obstante, mientras el Ejecutivo proclama el control de la situación, se observan por todo el país marchas de apoyo al régimen y concentraciones convocadas por autoridades estatales para denunciar lo que califican de interferencia externa y actos de violencia atribuidos a opositores.
Irán tiene un historial de tensiones entre el Estado y la sociedad civil. Las protestas actuales son consideradas por analistas como una de las movilizaciones más significativas desde los levantamientos de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, que concitaron la atención internacional y una fuerte represión estatal.
Desde la revolución de 1979, el sistema teocrático ha enfrentado ciclos de insurrección y represión, pero también ha mostrado una capacidad formidable para mantener el control interno. La respuesta a las protestas actuales —mezclando represión, controles de información y narrativas de soberanía nacional— encaja en ese patrón.
En el plano internacional, la crisis ha despertado reacciones diversas. Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha manifestado su preocupación por el uso de violencia letal contra la población civil y ha sugerido posibles medidas diplomáticas e incluso opciones militares si la situación se deteriora aún más. Por su parte, otros gobiernos occidentales han condenado las violaciones de derechos humanos y han expresado solidaridad con los manifestantes.
¿Hacia dónde va Irán?
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el apagón de internet no solo limita la capacidad de protesta, sino que también “oculta violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional” mientras se intensifica la represión. Tales acciones han sido calificadas como violaciones del derecho a la información y a la libre expresión.
Con miles de ciudadanos dispuestos a desafiar la autoridad estatal y un Gobierno empeñado en mostrar estabilidad, Irán se encuentra en una encrucijada compleja. Los factores económicos, sociales y políticos que detonaron estas protestas siguen presentes, y el uso de la fuerza para sofocarlas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del orden interno a largo plazo.
Mientras tanto, la comunidad internacional vigila atentamente, con diversas potencias evaluando sus políticas hacia Teherán. Las tensiones geopolíticas podrían intensificarse dependiendo de cómo evolucione la situación, especialmente en un país con un papel estratégico en la región de Medio Oriente y en las dinámicas de energía global y seguridad.
