Desde Maní (Casanare), se informó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego les hizo justicia a 49 familias víctimas de tortura y despojo en el sur del Cesar, cuando grupos paramilitares los expulsaron de la Hacienda Bellacruz. Años después los campesinos regresaron y encontraron sus tierras sembradas de palma de aceite.
Esta semana, luego de 28 años, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), realizó el acto de reparación a las familias con la entrega de la finca Dinamarca, un predio de 628 hectáreas ubicado en el municipio de Maní (Casanare).
“Con el predio Dinamarca, el Gobierno repara a estos campesinos con predios productivos, en los que van a poder cultivar y, además, tener una vida digna, lejos del conflicto armado”, dijo el asesor de Dirección de la ANT, Harold Barreto, encargado de liderar el proceso.
Agregó que “las familias tendrán Unidades Agrícolas Familiares para garantizar su soberanía alimentaria y mejorar su economía rural. Como Agencia, los acompañaremos para que se organicen y puedan desarrollar proyectos productivos que la ANT estará entregándoles como beneficiarios de la Reforma Agraria”.
Por su parte, Isaías Cañizares Navarro, representante de la Asociación Campesina Víctimas de Desplazamiento Forzado, manifestó: “Hoy nos encontramos en el predio Dinamarca llenos de alegría. Estamos cerrando un capítulo de Bellacruz. Quiero darle los agradecimientos al Gobierno nacional, pues por fin las familias llegaron a respirar aire puro de campo”.
“Viendo estas tierras tan fértiles, queremos sembrar en ellas yuca, plátano y frutales que nos garanticen seguridad alimentaria, lo cual mejorará nuestra economía rural”, destacó el líder campesino.
Hoy, en medio del calor que los acoge en Maní, las 49 familias sienten que su lucha valió la pena y están listas para comenzar una nueva historia de trabajo en su propia tierra y con justicia social.
Bellacruz, caso emblemático
De acuerdo con las investigaciones de la Comisión de la Verdad, en la Hacienda Bellacruz, ubicada en el sur del departamento del Cesar, entre los municipios de Pelaya, Pailitas y Tamalameque, con un área de conflicto sobre 9.000 hectáreas de tierras, sucedieron hechos reconocidos como crímenes de lesa humanidad por la Dirección Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, mediante resolución de agosto 8 de 2018, radicado 514.
El caso fue noticia internacional por las características del despojo de tierra, pero en particular porque entre los responsables estaban el exministro de Desarrollo, Carlos Arturo Marulanda Ramírez, y su familia. Para la época de los hechos, Marulanda fungía como embajador de Colombia ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas.
Las comunidades campesinas “hablan que aproximadamente 280 familias fueron desalojadas en 1996, hechos que ocurrían en medio de detenciones y atropellos contra la población”, narró la Comisión de la Verdad en su informe del conflicto.
El caso de la Hacienda Bellacruz quedará en los anales de la historia como una de las épocas más oscuras de persecución e injustica contra el campesinado colombiano, entre los años 1990 y 1997, por parte de los dueños del predio con la complicidad de algunos actores oficiales, tal como está documentado por la Comisión de la Verdad.
