El líder del partido Farc y uno de los negociadores de paz de esa exguerrilla en el proceso de La Habana, Jesús Santrich, quien desde su captura el 9 de abril pasado permanecía en huelga de hambre, suspendió temporalmente su protesta, confirmaron fuentes de la colectividad.

Además, se conoció una carta, que habría sido escrita por Santrich, en la que habla del por qué tomó esa decisión. Esta carta fue publicada por la cuenta de Twitter Santrich Libre, seguida por personas como Pastor Alape e Iván Márquez, del partido Farc.

https://twitter.com/SantrichLibre/status/997867244007968768

Ante esta decisión, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reaccionó diciendo que es una buena noticia.

La decisión de Santrich se da días después de que la JEP anunciara que suspendía su extradición y emplazó a la Fiscalía a presentar pruebas para sustentar la captura del exjefe guerrillero.

La decisión es polémica, no solo porque revisar la captura no es una facultad prevista para la JEP en las normas de la paz, sino porque los nuevos magistrados asumieron la competencia del caso cuando aún no ha llegado la solicitud formal de extradición de la corte de los Estados Unidos.

De hecho, en un comunicado firmado por los ministros de Justicia, Enrique Gil Botero; y del Interior, Guillermo Rivera, el Gobierno precisó que la competencia de la JEP sobre este o cualquier otro caso de extradición solo inicia cuando ya existe un pedido formal por parte del país requirente. Es decir, que la orden de suspensión no podía ser decretada en este momento.

Tras conocer la decisión, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, manifestó, que debido a que la Fiscalía no es sujeto procesal en actuaciones ante la JEP, será la Procuraduría la que participe. Así pues le pidió al procurador Fernando Carrillo que intervenga «ante la Sección de Revisión para pedir revocatoria de su decisión del día de hoy, en la defensa del orden constitucional de la República”.

A través de su cuenta de Twitter añadió que “es esencial intervención urgente de Ministerio Público en defensa orden constitucional, ahora que han quedado amenazadas la institucionalidad democrática, competencias del Congreso, integridad de la jurisdicción ordinaria y cooperación judicial internacional en lucha contra delito».

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