El relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía se ha venido tornando conflictiva desde el inicio del actual gobierno dado que las diferencias se originan en posiciones políticas antagónicas heredadas desde el gobierno anterior. Esta situación no facilita la obtención de los resultados que busca este gobierno.
Por: Álvaro Ruiz Rodríguez/ Es realmente vergonzosa la criminalidad creciente que vive el país desde los últimos treinta años sin que ninguna fiscalía logre frenar o disminuir, muy a pesar de incrementos constantes de presupuestos (actualmente 4 billones de pesos anuales).
La explicación del resultado de la alta criminalidad es simple impunidad.
La impunidad en Colombia supera el 96%. El 94% de los homicidios que se comenten en Colombia quedan impunes. Un país en el que ocurren más de 32 homicidios al día.
En el año 2002 se dieron en promedio 77 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia. En el lapso de 1998 al 2012 se dio un promedio de 51.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recientemente, en 2021 y 2022 se dieron 27 y 24.81 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente, siendo cinco veces mayor al promedio global y la segunda más alta en Suramérica, solo por debajo de Venezuela.
Las dificultades en el relacionamiento surgen de esta realidad, dado que riñen con la política de este nuevo gobierno de hacer de Colombia, “Potencia Mundial de la Vida”. Estamos demasiado lejos de lograrlo.
Y es que con esta fiscalía se ha dado la vergonzosa situación de perseguir el delito no para castigarlo sino para encubrirlo. De manera inédita esta Fiscalía ha solicitado preclusión en dos oportunidades por la imputación que tiene Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos. Ambas ocasiones negadas por el juez dadas las evidencias de delito surtidas en el proceso. Este caso viene de la Corte Suprema antes de que AUV renunciara a su curul de senador, buscando quedar en manos de su amigo quien ha oficiado de defensor.
La situación de enfrentamiento sale a la luz pública a partir de una denuncia del periodista Gonzalo Guillen en la cual se devela que más de 200 muertes cometidas por el Clan del Golfo fueron conocidas por funcionarios de la Fiscalía y denunciadas oportunamente al fiscal encargado que por inacción permitieron que efectivamente ocurrieran sin que a la fecha se haya procedido a la detención de los determinadores identificados, los cuales permanecen en libertad.
A la solicitud pública del presidente de una explicación por parte del fiscal general acerca de los mencionados hechos, este responde de manera desobligante y con su característica prepotencia reclama independencia de poderes, indicando que él no tiene jefe.
Cosa bien diferente a lo que ocurría en el gobierno anterior que no solo obedecía órdenes del presidente, sino que sesgaba la actuación de la fiscalía en contra de los opositores al gobierno.
Entonces, intentaré hacer un análisis de la situación considerando dos puntos de vista diferentes: aspecto operativo y aspecto jurídico.
Por definición la fiscalía es un órgano autónomo que dirige la investigación y formula acusación de la acción penal en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos.
La división de poder, fundamento de la democracia, pone a todos los poderes públicos en igual nivel de importancia. Sin la investigación de la acción penal no sería posible la intervención de los jueces, por lo que no existiría la administración de justicia.
Desde luego que todos estos son servicios públicos, cuyas funciones están enmarcadas en la Constitución Nacional. Por esa razón la autonomía no habilita al funcionario para desbordar la Constitución y actuar como rueda suelta.
Aspecto operativo
Desde el punto operativo, las funciones que desarrollan todos los funcionarios tienen dos aspectos: administrativos y técnicos.
Los administrativos tienen relación con aspectos presupuestales, logísticos y en general de obtención de recursos humanos y materiales que requiera el correcto funcionamiento de la gestión.
Los técnicos son los inherentes al desarrollo mismo de las funciones de investigaciones y la formulación de acusaciones, aplicando las estrategias que se consideren más efectivas para el logro de los objetivos, asignando los recursos en forma racional necesarios para viabilizar las estrategias definidas.
La autonomía en el desempeño de este aspecto técnico es lo que representa la independencia de poderes, dado que es la esencia de la función de la fiscalía.
Por esta razón aquí se aplica la organización matricial que con normalidad se aplica en empresas de ingeniería en las que convergen varias disciplinas necesarias en las ejecuciones de los proyectos.
El ingeniero residente o director de proyecto, además del personal directo en las diferentes áreas para las ejecuciones de objetos contractuales, también hay personal de apoyo de otras dependencias como HSE, QA/QC, Logística, relaciones comunitarias, cuyos jefes funcionales están en las oficinas centrales, pero administrativamente depende del mismo ingeniero residente. O sea que hay un personal directo que depende funcional y administrativamente del ingeniero residente, mientras que hay otro que solo depende administrativamente (similar al fiscal).
Lo anterior para concluir que el hecho que deba atender instrucciones administrativas del jefe del estado no se pierde la independencia que fundamentalmente corresponde a la ejecución funcional, de la cual es totalmente autónomo.
Aspecto jurídico
Escuchando al Dr. Raymundo Marenco, exmagistrado del Consejo Nacional de Judicatura, en una entrevista sobre el tema, tomé la información jurídica relacionada que menciono a continuación:
Para iniciar, el Artículo 20 de la Constitución en la que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, …Es decir aplica para todos los ciudadanos.
El presidente citó el Artículo 115 el cual dice que “el presidente de la República es el jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa”.
Artículo 189. “Corresponde al presidente de la República…” numeral 22. “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.
Artículo 125, ley estatutaria 270 de 1996. En el inciso dos dice “La administración de justicia es un servicio esencial”. En el primer inciso define los servidores de la Rama judicial como funcionarios en los que están los fiscales.
Sentencia de la Corte Constitucional C-949-01 de 5 de septiembre de 2001, numeral 3. “Se denominan servicios públicos: Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines”.
De lo anterior se desprende que lo solicitado por el presidente corresponde a actuación responsable en el marco del cumplimiento de un mandato Constitucional, vigilante de vida, honra y bienes de los ciudadanos que vienen siendo objeto de un presunto genocidio.
La actuación del fiscal solicitando respeto a su independencia, corresponde en cambio a una distracción buscando cortinas de humo por su inacción, sin salir a desvirtuar las versiones del periodista Guillen. Esto lo haría responsable del genocidio que se viene dando contra lideres sociales, ambientales, campesinos que reclaman sus tierras y en general los que la delincuencia organizada considera sus enemigos.
Por su lado el fiscal si sale en foros internacionales a deslegitimar al gobierno en forma indolente, manipulador e inmoral. “Tras de ladrón, bufón”.
…
*Ingeniero Mecánico (UIS) y Máster en Administración de Empresas (USTA).