Luego de que la Procuraduría General de la Nación denunciara casos de cobros coactivos ilegales en diferentes Empresas Sociales del Estado –ESES- del país, fue descubierto el ‘Cartel de los Hospitales’ conformado por funcionarios, abogados y jueces que, de formas ilegales, se apropiaban de recursos públicos destinados a la salud.
Refirió el ente de control que desde al año 2023, con posterioridad a la expedición de la Circular 02 por parte de la Procuraduría General de la Nación se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al operador disciplinario los casos en los que los representantes legales de las ESE, así como algunos jueces de la república, habrían ordenado y ejecutado medidas de embargo, en algunos casos, con un procedimiento administrativo no procedente, y en todos los casos, contra los recursos públicos de la seguridad social en salud, que gozan de carácter inembargable, salvo las excepciones establecidas por la Corte Constitucional.
El seguimiento del Ministerio Público permitió el inició de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y el grupo contra la corrupción de la Dijin, en colaboración con la Policía, frente a la evidencia de procesos de cobro coactivo que habrían sido adelantados contra disposiciones constitucionales y legales.
Así mismo, fue puesta a disposición de las autoridades, la información sobre la conformación de un cartel de abogados que, a través de asesorías a representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, se remuneran hasta con el 30 % de los recursos parafiscales recaudados ilegalmente y que tienen destinación exclusiva a salud y que por tanto no podrían destinarse a tal fin.
La alerta frente a que jueces y representantes legales estaban haciendo caso omiso de lo establecido en la ley, habrían iniciado trámites y medidas de embargo, emitiendo providencias o actos administrativos que ordenan el embargo de multimillonarios recursos administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES, también fue denunciado por el ente de control.
Así mismo, se alertó a la Superintendencia Financiera de Colombia, a efectos de que instruyera a sus vigilados, lo cual efectivamente se dio mediante la Circular 052 de 2024, informó la Procuraduría General de la Nación.
