Una victoria parcial para Julian Assange en su larga batalla legal tras la filtración de documentos del Gobierno estadounidense.
El Tribunal Superior de Londres dictaminó este martes 26 de marzo que retrasa al menos hasta el próximo 20 de mayo su decisión sobre el pedido de extradición de Estados Unidos contra el ciudadano australiano.
Además, los jueces de la corte, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, exigieron a Washington que entregue garantías sobre el respeto a los derechos de Assange en un eventual traslado y juicio en territorio estadounidense, entre ellas que no enfrentará la pena de muerte.
Si no se dan garantías, concederemos autorización para apelar sin más audiencias
Los jueces autorizaron así al fundador de Wikileaks a apelar su caso ante la Justicia de Reino Unido, pero condicionado a si Londres y Washington no pueden ofrecer al tribunal las garantías adecuadas.
Este veredicto llega luego de que el pasado febrero los abogados de Assange solicitaron autorización para impugnar la aprobación británica de la extradición de su cliente.
Si en su dictamen de este martes los jueces hubieran negado al australiano el permiso para apelar, podría haber sido extraditado a EE. UU. en cuestión de días.
En su decisión, los magistrados señalaron que existen posibilidades reales de recurrir con éxito contra la entrega de Assange a Estados Unidos, en tres de los nueve argumentos presentados por la defensa.
¿Qué señala el tribunal sobre las garantías que exigen a Washington?
El tribunal sostiene que Assange posiblemente no tendría derecho a invocar el derecho a la libertad de expresión, contenido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, debido a que es un ciudadano extranjero.
Posteriormente, agrega la corte, el detenido podría ser acusado de un delito, que incluya la pena capital. Por ende, sería ilegal extraditarlo, ya que precisamente no enfrentar la pena de muerte es un requerimiento crucial que hace la Justicia británica para continuar con el proceso de solicitud de extradición.
Los ministros británicos «tenían la obligación legal explícita de no ordenar la extradición del demandante (Assange) si podía ser condenado a muerte por el delito en cuestión, o si podía ser acusado de un delito de extradición revelado por los mismos hechos con respecto a los cuales podría imponerse una pena de muerte», explicaron los jueces.
Por tanto, los magistrados del Tribunal Superior de Londres remarcaron que las garantías tienen que incluir “que al solicitante (Assange) se le permita basarse en la Primera Enmienda, que el demandante no sufra perjuicios en el juicio, incluida la sentencia, por razón de su nacionalidad, que se le concede bajo la misma Primera Enmienda protecciones como a un ciudadano estadounidense y que no se imponga la pena de muerte”.
Pero si presentan esos requerimientos, se invitará a las partes a una mayor exposición sobre la autorización para apelar la extradición en otra audiencia prevista provisionalmente para el 20 de mayo.
¿Por qué EE. UU. solicita a Julian Assange en extradición?
Los fiscales de EE. UU. buscan enjuiciar a Assange, de 52 años, por 18 cargos. 17 de ellos bajo la Ley de Espionaje y uno por piratería informática, después de que en 2010 publicara documentos militares y cables diplomáticos clasificados que dieron la vuelta al mundo y pusieron a la diplomacia de esa nación contra las cuerdas.
Se trató de un paquete de 500.000 archivos hasta entonces secretos sobre las campañas militares de la primera potencia en Irak y Afganistán donde se expuso decenas de irregularidades, crímenes y excesos.
El cargo por piratería informática responde a la presunta ayuda “ilegal” que Assange habría brindado a la exanalista de inteligencia militar Chelsea Manning para sustraer la información confidencial que WikiLeaks publicó más tarde, poniendo vidas en peligro, según Washington.
Durante el largo proceso legal, los abogados del hombre de 52 años han argumentado que los cargos relacionados con el presunto espionaje tienen motivaciones políticas. Sin embargo, los jueces ya rechazaron ese argumento y, en cambio, resaltan los riesgos relacionados con una posible sentencia a pena de muerte.
