La semana pasada el Gobierno empezó la reforma agraria en la que su objetivo es la entrega de 10 millones de hectáreas según quedó pactado en los acuerdos de paz de La Habana.
El Ministerio de Agricultura explicó que siete millones hacen parte de la formalización de la tierra, es decir, comunidades indígenas, campesinas y afros que ya habitan predios pero no tienen los títulos sobre esos terrenos. El total se complementa con otro grupo de tres millones de hectáreas de “tierra nueva”, nombre que se le dio a los terrenos que el Estado debe ir a buscar por medio de baldíos, incautos a narcotraficantes e incluso la compra de terrenos que hoy son privados.
Pero las comunidades también podrán ver la entrega de un porcentaje adicional de tierra durante los próximos meses, el cual está en manos de jueces.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) verificó los casos de 221 demandas que comprenden 227 territorios de comunidades étnicas, los cuales se evidenció que vivieron algún caso de violencia y despojo, por lo que la entidad ahora dejó en decisión de los juzgados la entrega de 4,4 millones de hectáreas adicionales.
Para entender el impacto de ese procedimiento, dicha extensión equivale a casi dos veces departamentos como el Valle del Cauca o Cundinamarca.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, explicó que uno de los grandes planes del Gobierno será ejecutar la política de compra de tierras. Es decir, el objetivo es que quien hoy tiene un predio y no lo está aprovechando, es una zona potencial para que el Estado se la compre y para posteriormente cederla a alguien que necesite la tierra.
De hecho su proyecto es el que pretende utilizar como un amortiguador para las invasiones que se han reportado en predios de la agroindustria e incluso de propiedades públicas como los Parques Nacionales. “Estamos acelerando el proceso, pero lo que es invasión tendrá todo el peso de las autoridades”, dijo López.
Aún está por definir el mecanismo legal, es decir el Decreto o proyecto que regule ese objetivo de compra de tierras, pero desde ya el presidente Gustavo Petro volvió a tocar el tema, esta vez desde la financiación. Agregó que esas tres millones de hectáreas nuevas que se deben ir a buscar “hay que comprarlas para no entrar en peleas con los señores dueños de la tierra a precio comercial porque si no van a decir que es una expropiación”.
Por eso propuso el esquema de “tres millones de hectáreas por $20 millones cada una son $60 billones (…) ¿de dónde sacamos ese dinero?. Podemos pensarlo a seis años, que sea de a $10 billones por año, nos endeudamos y le pagamos con títulos al dueño de la tierra”, explicó.
Aún el Gobierno debe definir cómo un proceso de deuda como ese puede justificarse, más si se tiene en cuenta que el marco fiscal de mediano plazo vigente establece que Colombia cerraría con un nivel de deuda pública este año equivalente a 56,5% del PIB y un déficit fiscal del Gobierno Nacional de por lo menos 5,6% del PIB y de hasta 3,6% para el 2023.
Para que las víctimas hayan entrado en el proceso de este grupo de tierras que están por definirse, primero se debió reportar cada caso a la URT, que los escuchó y posteriormente desplegó su equipo de verificación en campo para ver el porqué se reclamaba.
Por eso es que se habla de una segunda etapa. No quiere decir que el Gobierno es el que entrega la tierra, sino que es el que aporta las pruebas para definir si alguien tiene derecho o no a la reclamación.
