Una de las noticias más sonadas de enero fue la salida de Uber, que se materializó finalmente el sábado. Esta determinación de la empresa se dio a partir de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio del 20 de diciembre pasado en un proceso por competencia desleal.
El 30 de diciembre la empresa notificó al gobierno que tenía la intención de demandarlo, y ahora, la empresa reiteró la intención de hacerlo. De acuerdo con la plataforma, las acciones del Gobierno contra Uber violan el Tratado de Libre Comercio.
En la comunicación de la empresa, esta señala que “el Estado colombiano omitió brindar a Uber y a sus inversiones el mismo trato favorable que Colombia provee a inversionistas colombianos y de terceros países en la industria de plataformas de movilidad; que incumplió su obligación de brindar un trato justo y equitativo a inversionistas estadounidenses; y que así mismo, incumplió el Tratado al adoptar medidas que tienen efectos expropiatorios y han causado millonarios perjuicios a la compañía”.
Además, en opinión de la compañía, estas acciones del Estado colombiano de “bloquear la aplicación” atentan contra la neutralidad de la red y constituyen “un acto de censura”.La empresa, que tasó los daños producidos en US$250 millones, también dio a entender en su comunicación que está siendo discriminada, ya que no se han tomado medidas similares en contra de los competidores de Uber en el mercado local.
A pesar de todo esto, la empresa indicó que “la comunicación reitera la clara preferencia de la compañía por encontrar una pronta y amigable solución a la controversia”.
