Por: Holger Díaz Hernández/ En medio de la incertidumbre que ocasionan los acontecimientos de las últimas semanas, en donde el Presidente Gustavo Petro ha salido a cazar pelea con un gran número de actores de la vida pública, la percepción de los ciudadanos es que muchas cosas no andan bien y el caos se apodera del país.
Además de la controversia por la decisión que vaya a tomar el CNE de investigar y acusar formalmente a la campaña Petro Presidente, del 2022; por supuestamente haber sobrepasado los topes permitidos por la ley y no haber incluido muchos de los rubros gastados en la misma, aparece la negativa del Congreso de la República de darle visto bueno al presupuesto para el año 2025, algo inédito, que evidencia la pugnacidad existente entre estas dos ramas del poder público.
En una decisión sin precedentes en la historia del legislativo no se aprobó ninguno de los montos totales propuestos del Presupuesto General de la Nación, en las comisiones terceras y cuartas tanto de Senado como de Cámara, que son las encargadas por la Ley Quinta del Congreso para estudiar, discutir y aprobar el presupuesto y llevarlo para su ratificación definitiva en las plenarias de las mismas.
“Las revoluciones no pertenecen a quienes las comienzan, son propiedad exclusiva de quienes las terminan”.
En este caso la comisión cuarta del Senado de manera autónoma negó todas las opciones puestas sobre la mesa, incluida la original presentada por el Gobierno a través del Ministro de Hacienda y frustró la continuidad del debate.
Esa misma Ley Quinta establece que para ser aprobado se requiere que todas las comisiones económicas le den el visto bueno, solo con que una lo niegue se entiende rechazado, como efectivamente ocurrió.
El valor propuesto por el Gobierno fue de $523 billones y de antemano se sabía que el mismo estaba desfinanciado en $12 billones, lo cual obligaba al Gobierno a presentar de manera adicional una nueva reforma tributaria, hoy llamada Ley de Financiamiento, además de la necesidad de solicitar facultades para el Presidente de la República con el fin de realizar las adiciones y movimientos en el presupuesto de la próxima vigencia. Todo esto ya fue negado con la medida tomada por la comisión cuarta del Senado.
El Congreso tiene plazo hasta el 25 de septiembre para aprobar en primer debate el proyecto y salir del entuerto que se ha armado y el Ministro de Hacienda ha dicho que aún confía en poder lograrlo pero lo único cierto es que ya no hay posibilidades de que eso ocurra, una vez negado no hay vuelta atrás.
El estatuto orgánico del presupuesto no incluye una norma que obligue al Congreso a aprobar el monto presentado por el Gobierno, en caso de ser negado será regresado a la fuente y entonces podrá ser aprobado vía decreto por el Presidente de la República, en las mismas condiciones en que lo presentó originalmente, teniendo como plazo máximo el próximo 20 de octubre para hacerlo.
Es motivo adicional de preocupación en el país que el gobierno solicite tramitar una nueva reforma tributaria, cuando tiene guardado en bonos fiduciarios y sin ejecutar, la suma de $184 billones de las vigencias anteriores, eso corresponde al 40% del presupuestal anual de inversión, no existe por lo tanto ninguna explicación coherente, ni antecedentes en las últimas décadas de un hecho de esta magnitud, algunos mal pensados opinan que el gobierno está guardando estos recursos para convertirlos en subsidios en los años 2025 y 2026, de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Y mientras tanto la inversión en las regiones cae dramáticamente, igual que en la infraestructura vial y la ejecución presupuestal por parte de las diferentes entidades del Gobierno Central, como en el caso del pomposo: Ministerio de la Igualdad, que no supera el 2%; vaya cruel paradoja.
La situación económica del sector productivo atraviesa por uno sus momentos más críticos, el recaudo de impuestos ha llegado a sus mínimos y la sensación de la gran mayoría de los ciudadanos es de incertidumbre ante este tipo de situaciones, donde ya ni el pueblo ni los empresarios aguantan una reforma tributaria más, o como se le quiera denominar.
A todo lo anterior se suma la guerra silente que desde el principio mantiene el Gobierno con el poder judicial, desplantes a los altos magistrados de las cortes, ataques contra las decisiones del Consejo de Estado y la Corte Constitucional cuando los fallos le son adversos y hace unas semanas las críticas tildadas de irrespetuosas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, señalándolo de ser: “un negro conservador”.
Para los entendidos, todo esto hace parte de una estrategia planificada desde hace mucho tiempo para generar desazón, polémica y crear un sofisma de distracción ante los múltiples problemas de planeación y ejecución por parte del Gobierno.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.
