Por: Magda Milena Amado Gaona/ Causa controversia en estos días el proyecto de acto legislativo de reducción del Congreso presentado por el Partido Centro Democrático. Se les tilda de populistas, se afirma que dicha iniciativa aprovecha la crisis del Covid-19 para auto publicitarse como salvadores y emprender previamente una campaña política. Sumado se escucha de congresistas, en su mayoría de oposición, afirmaciones entorno a que dicha propuesta es un misil para destruir la democracia y en general ataques que se acostumbra contra toda proposición relacionada con el uribismo. Más allá de discusiones egoístas y fútiles que emergen solo por ser una propuesta del partido de gobierno, [1] miremos la realidad: ¿una reducción del Congreso afecta la democracia de un país? ¿La reducción simple del Congreso alivia la recesión económica efecto del Covid-19 a mediano y largo plazo?
Ante la recesión económica que enfrentamos es necesaria la conexión y solidaridad de todas las ramas del poder público dirigidas a la prosperidad del país. Según el último informe macroeconómico del BID, el daño económico generado por la crisis del Covid-19 se extenderá en 2021 y 2022 “a menos que los gobiernos implementen programas bien enfocados para amortiguar los impactos”. “Programas como asistencia social a población vulnerable, apoyo y mejora en la productividad económica y el empleo, y políticas fiscales para mejorar los impactos económicos”. Se demanda la implementación de un real Estado Social de derecho y este depende necesariamente de una situación fiscal eficiente y eficaz junto a una democracia sana. (Ver mas).
Es lógico entonces que hoy frente a los efectos de la crisis del Covid-19 los verdaderos gerentes públicos, líderes y políticos, formulen y apoyen estrategias de alivio económica efectivas para atender grandes compromisos del sector salud en primer lugar y todos los sectores socio-económicos.
Necesitamos una política fiscal sostenible que procure la justicia social y la reducción de la pobreza. Esta política pública debe generarse proactivamente desde todas las ramas del poder. Todos los estamentos del Estado deben contribuir a un ajuste fiscal desde la reorientación del gasto.
Como afirmó el expresidente Uribe en el año 2002, “la estabilidad económica dependerá del crecimiento y este conservará su trayectoria de largo plazo si se funda en la cohesión social. No es posible estabilidad económica sin estabilidad social.”
La crisis Covid-19 trae como resulta el cambio de chip al gasto público dirigido a un Estado asistencialista con austeridad fiscal en reducción de burocracia e inversiones no necesarias o aplazables. El gasto público tendrá que aumentarse gradualmente para solventar las necesidades de los individuos mediante diferentes subsidios a las clases menos favorecidas y afectadas, al empleo, a la empresa entre otros. (Ver más)
Subsidiar la crisis requiere que la hacienda pública se nutra de grandes recursos siendo innegable modificar inversiones, reorientar y suprimir gastos como los burocráticos, verbi gracia reducir nóminas paralelas, salarios, prebendas burocráticas como gasolina, vehículos, teléfonos, asistente del asistente entre otras.
Una verdadera austeridad traerá un ahorro significativo que impacte las finanzas públicas contribuyendo al gasto social futuro. Situación que requiere repensar el estado en sus diferentes ramas, reconsiderar su tamaño, sus gastos de funcionamiento, y es allí donde vemos que la propuesta de reducción del Congreso de la Republica es un gran aporte para superar la recesión económica y apoyar el gasto publico venidero.
Empero, esta propuesta que tiene un fin altruista debe consolidarse en todo su aparato burocrático. No puede quedarse en una simple reducción del número de congresista debe irradiarse a minimizar sus gastos de funcionamiento en especial aquellos que no son imprescindibles para el servicio público.
Esta política de ajuste del Congreso expresada en su reducción, o cambio de número de escaños por departamento, por circunscripción, por grupos, o el limitar su aumento por crecimiento de la población no afecta la democracia. La democracia es perturbada sustancialmente por el virus de corrupción en el ejercicio del poder legislativo, corrupción que se evidencia en políticos ambiciosos, fantasmas, narcistas, o por los nuevos políticos YouTube.
La democracia se destruye por populismos seductores, por fake news, por desprestigio de instituciones, por ignorar minorías, por ignorar decisiones del pueblo, por una exagerada burocracia innecesaria entre otros. La democracia se arruina cuando no existe responsabilidad del elector y del elegido conforme al mandato de representación democrática.
Proteger la democracia no equivale a aumentar el congreso o mantener un congreso poco sobrio en tamaño y uno de los más costosos en América. Las mejores democracias en el mundo no dependen de un órgano legislativo numeroso; depende de un Congreso competente que cumple los principios democráticos y actúa con responsabilidad.
No pueden seguir los congresistas realizando oposición de propaganda negra o de envidias, realizando afirmaciones en contra del proyecto de acto legislativo enmarcadas en un supuesto desmedro a la democracia o incumplimiento de acuerdos de paz por disminuir el número de parlamentarios. Los congresistas por simples vanidades económicas o de poder no pueden esquivar su responsabilidad legislativa y ser ajenos a un hecho notorio: la existencia de una situación sobreviniente que desencadena modificaciones estructurales del Estado.
Hoy como lo afirma el expresidente Uribe se requiere “menos Estado burocrático, más emprendimiento y mas Estado Social”. Se debe legislar con el ejemplo, cumplir el juramento de servir a la Patria, generar confianza al ciudadano y que mejor expresión siendo ejemplo de austeridad. El recorte del Congreso no solo en escaños sino en toda su burocracia, es una exigencia del colectivo ciudadano. Su éxito debe formar una consciencia ciudadana de responsabilidad en el ejerció del derecho al voto y correlativamente una responsabilidad mayor del congresista con sus regiones.
Dejar este proyecto de acto legislativo en una discusión bizantina entre economía y democracia es un error. Reiteramos, mantener el número de congresistas actuales jamás puede ser el fundamento esencial de existencia de una democracia plena, la razón de ser de una democracia sana es el respeto a sus principios (participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones, representación política, respeto minorías). Principios claramente garantizados en el proyecto de acto legislativo.
Nada pierde la democracia con un Congreso más pequeño en número de parlamentarios y en burocracia y si gana el pueblo soberano. Convertir este proyecto en un tiro al aire es una verdadera afrenta a la democracia porque impediría que se redireccionen recursos al bienestar general de los colombianos garantizando sus derechos Constitucionales.
No olviden, una sola golondrina no hace verano, se requiere cohesión social del Estado y ello incluye a todo el Congreso en una sola línea. ¡Primero la patria!
*Abogada y Mágister en Gobierno.
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[1] Para la reflexión (¿Qué pasaría si la propuesta de reducción del Congreso se hubiese originado del partido verde, de la Farc, de la U, del polo u otro partido ? ¿Sería Populismo?
