La recientemente promulgada ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina recibió este jueves un primer revés en la norteña provincia de Chaco, donde una jueza decidió suspenderla a raíz de una medida cautelar interpuesta por un grupo de conservadores.
La jueza Marta Aucar, del juzgado 19 de Chaco, decidió «hacer lugar a la medida cautelar peticionada» y «disponer la suspensión de la aplicación de la ley» de aborto en el territorio de la provincia, «hasta tanto se resuelva la acción principal», indica el fallo.
Los promotores de la medida cautelar argumentan que la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, aprobada por el Congreso el 30 de diciembre tras un histórico debate y promulgada por el presidente Alberto Fernández el 14 de enero, es contraria a las normativas de Chaco.
La práctica abortiva «restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia, el ejercicio y goce del derecho a la vida del niño por nacer, protegido por nuestro ordenamiento jurídico desde la concepción», indica su alegato.
Para obtener vigencia, este fallo debe ser notificado formalmente a la provincia de Chaco, la cual podría apelar la decisión.
«Somos respetuosos del Estado de Derecho y respetamos los procesos judiciales. Llegado el momento contestaremos de tal forma», reaccionó en Twitter la subsecretaria de Salud en Chaco, Carolina Centeno.
«La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes», sostuvo.
Para la abogada Soledad Deza, la medida cautelar contra la ley de aborto «no tienen fundamentos jurídicos, está destinada al fracaso».
Consultada, la abogada explicó que «Argentina es un país federal, entonces no sería legítimo que Chaco tuviera un estándar de derechos humanos más bajo que el resto de las provincias».
«Eso lo que implica, en términos jurídicos, es ignorar la supremacía constitucional en nuestra forma de organización política», sostuvo.
Para resolver el litigio, el caso podría pasar por varias instancias, desde la Cámara de Apelaciones en Chaco hasta la Corte Suprema de Justicia.
Y «los tiempos de la justicia en Argentina son lentos», reconoció Deza.
La abogada teme que se produzca un caso similar al ocurrido en la provincia de Córdoba, donde la ONG conservadora Portal de Belén logró suspender durante 7 años la aplicación de la interrupción legal del embarazo en casos de violación o peligro para la salud de la madre (vigente desde 1921), a través de una sentencia judicial cautelar que finalmente fue desestimada por una corte.
