Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Cómo hijo de una región y de una familia campesina, que durante toda la vida ha tenido que convivir con las necesidades y obstáculos que se presentan en el campo colombiano, tengo que manifestar mi inconformidad y molestia con el Congreso de la República, ya que no se tomaron el tiempo de estudiar y debatir el proyecto de ley que buscaba la creación de la jurisdicción agraria para nuestro país.
Hace poco más de un mes, cuando las protestas tenían bloqueado a medio país y los productos agropecuarios escaseaban en las tiendas, mientras se perdían en las vías nacionales, la mayoría de parlamentarios pertenecientes al gobierno, salieron en los medios de comunicación a respaldar a los campesinos y de esa forma aprovechar para deslegitimar la protesta, pobrecitos los campesinos que no pueden vender sus productos por culpa de los bloqueos, decían. Pero cuando el campo colombiano necesitó realmente de sus congresistas para aprobar la ley que crearía la jurisdicción agraria, los mismos sinvergüenzas que se tomaban videos en las carreteras durante las protestas, pregonando su amor al campo, resultaron muy ocupados y hundieron la propuesta sin ni siquiera estudiarla.
La legislación colombiana tiene una deuda histórica con el campo y está llamada a modernizarse y fortalecerse para superar temas como la delimitación de parques y zonas de protección ambiental, garantizando los derechos de las familias que de allí derivan su sustento, temas como el de la titulación y legalización de predios, respetando la tradición y la explotación que las familias campesinas, indígenas y afros por años han realizado en baldíos, sucesiones ilíquidas o extensiones de tierra sin legalizar.
Pero, quizá el tema con el que más deuda histórica existe es con el de la concentración y tenencia de la tierra, que más allá de solucionarse, sigue empeorando. El Censo Nacional Agropecuario de 2014 reveló que el 1 % de las explotaciones agropecuarias ocupa el 81 % de la tierra, es decir que nuestros campesinos solo ocupan el 19% de la tierra del país. Los predios grandes (de más de 500 hectáreas) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de mil a 5 mil hectáreas, lo que quiere decir que los grandes terratenientes se han apoderado de la mayoría de la tierra del país. (Cifras publicadas lasillavacia.com)
Este incremento desmedido en las cifras de desigualdad en acaparamiento de la tierra, no es más que el resultado, de la violencia que en los últimos años se ha vivido en el campo colombiano y de los nexos de miembros del estado con grupos al margen de la ley, así lo confirma por ejemplo alias “Pitirri” ex jefe paramilitar que delinquía en el área rural del departamento de Sucre y que manifestó fríamente “es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de tercero, legalizando.”
Con la Jurisdicción agraria que buscaba quitar a la justicia ordinaria y civil los temas de índole agrario y rural, según la senadora Angélica Lozano, ponente del proyecto “se resolvía la falta de presencia institucional frente a los problemas de la tierra, pues su principal objetivo era establecer una justicia agraria permanente para resolver conflictos históricos asociados a la tierra y para ejercer presencia institucional por parte del estado en zonas rurales; y garantizar los derechos fundamentales de la población rural…”
Pero desafortunadamente, como muchas otras buenas iniciativas, el congreso no estudió esta importante propuesta que abriría el camino para una futura solución a un problema que ha sido promotor de las décadas de violencia y desigualdad en nuestro país, por el contrario, se dedicaron a estudiar proyectos como la creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla, Esthercita Forero y el reconocimiento del carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación.
El Congreso de la República a través de la jurisdicción agraria, ad portas de la elecciones parlamentarias y en medio de un descontento generalizado, tuvo la oportunidad de demostrar su importancia e idoneidad ocupándose de temas referentes y cruciales para nuestro país, demostrando que los interés generales priman sobre los comunes, pero, no lo hicieron argumentando falta de tiempo, nuevamente nos defraudaron, la realidad es que en este tema hay intereses muy poderosos, que deciden en el Congreso y que por supuesto no les conviene que se investigue la procedencia de la tierra y la forma como la consiguieron, mucho que se la devuelvan a los campesinos.
Esperemos el próximo periodo legislativo, cuando seguramente volverán a radicar el proyecto de ley, aunque no nos hagamos ilusiones, quien sabe que jugadita nos tengan preparada nuestros honorables parlamentarios para no aprobar el proyecto.
…
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
