Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia, fue acusado el viernes formalmente de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convierte en el primer expresidente en ir a juicio penal en el país.
Después de un largo proceso de investigación, en el que incluso estuvo un par de meses detenido en su residencia en 2020, Uribe Vélez deberá defenderse en juicio para demostrar la inocencia en la que ha insistido por años en un caso sobre sobornos a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares.
El exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
“Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”, señaló Uribe durante la audiencia del
El inicio del proceso tuvo lugar hace más de una década cuando Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denunció que el senador opositor Iván Cepeda estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar en la década de 1990 en una hacienda que perteneció a su familia.
Sin embargo, en un efecto búmeran, fue cerrada la causa contra Cepeda y Uribe terminó investigado por presuntamente presionar por medio de terceros para que algunos testigos se retractaran de sus acusaciones a cambio de supuestos beneficios.
Durante la audiencia de formalización de la acusación, la fiscalía señaló a Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal sobre testigos y fraude procesal.
“La fiscalía estima que el imputado Álvaro Uribe Vélez, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros”, señaló el fiscal Gilberto Iván Villareal.
Luego de que el fiscal diera lectura a la acusación, la jueza Sandra Liliana Heredia señaló que a partir de ese momento Uribe Vélez “adquiere la condición de acusado” y se procede entonces a la etapa del descubrimiento probatorio.
Cuando Uribe estuvo detenido en su residencia por dos meses, decidió renunciar a su curul y con eso el proceso pasó a manos de la fiscalía, ente que pidió en dos ocasiones el cierre del expediente alegando que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hicieron terceros. Los jueces negaron el cierre.
Uno de los terceros que habría buscado que los testigos contra Uribe cambiaran su versión es el abogado Diego Cadena, quien enfrenta un proceso penal por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
Según la fiscalía, Uribe habría dado instrucciones a Cadena para que directamente o a través de otras personas contactaran a exparamilitares para que rindieran testimonio en el que “faltaran a la verdad” o callaran a cambio de dinero o promesas de beneficios.
Dichos ofrecimientos los habría hecho al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez para que mintiera a la Corte y desmintiera las afirmaciones que había hecho el exjefe paramilitar Pablo Hernán Sierra contra el expresidente y su hermano Santiago Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo y, además, dijera que Cepeda lo había buscado para ofrecerle prebendas.
Vélez Ramírez —así como otros exparamilitares— firmó un documento con una declaración presuntamente falsa que fue remitida a la Corte.
Cadena también habría buscado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso y condenado por secuestro extorsivo, quien había denunciado antes que en la hacienda Las Guacharacas, que fue propiedad de la familia de Uribe, se creó un grupo paramilitar al que él perteneció. Emisarios de Uribe lo habrían buscado para que grabara un video o escribiera una carta en la que se retractase de sus declaraciones.
“A cambio de esa declaración falaz, Cadena Ramírez, con autorización del doctor Álvaro Uribe Vélez, y sin cobrarle honorarios, prometió a Monsalve Pineda iniciar una acción de revisión por un proceso penal que en su contra se había adelantado, mejores condiciones en su reclusión”, señaló la fiscalía.
Finalmente, Monsalve remitió a la Corte una carta en la que pedía perdón por haber testificado contra Uribe. Sin embargo, en una nota aclaratoria decía: “Esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Jacher alias ‘El Gringo’ quienes fueron enviados por expresidente Álvaro Uribe Vélez”.
El senador Cepeda, a quien la juez lo reconoció como víctima directa en el juicio contra Uribe, estuvo conforme con la acusación contra el expresidente por considerarla sólida.
“He sido víctima, por intentos que han involucrado a muchos falsos testigos para acabar con mi carrera política y con mi defensa de los derechos humanos y de la paz”.
La fiscalía, tras un cambio en su jefatura, decidió en abril llamar a juicio a Uribe Vélez, lo que supuso un cambio de rumbo que fue interpretado por el expresidente como una “venganza política”.
Durante la audiencia del viernes, Uribe advirtió que ha recibido constantes amenazas de “plataformas que la policía no ha podido identificar” y de correos electrónicos sin remitente.
El juicio contra Uribe va contra reloj, debido a que se calcula que el proceso prescribiría en octubre de 2025, lo que no dejaría suficiente tiempo para cubrir todas las etapas judiciales y llegar a una sentencia.
El abogado penalista Fabio Humar indicó que Uribe podría renunciar a la prescripción, lo que prolongaría por dos años más el proceso, tiempo para el cual debería haberse emitido una sentencia de segunda instancia o la acción penal cesaría definitivamente.
