La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que los expresidentes, Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, serán testigos a favor del coronel (r) Publio Hernán Mejía en el juicio por su presunta responsabilidad en 75 ejecuciones extrajudiciales, como comandante del Batallón La Popa, con sede en Valledupar a principio de los dos mil. Así lo ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, la cual decretó varias pruebas para ser valoradas durante el juicio.
“Lo que hemos hecho es incorporar pruebas testimoniales que vienen de expedientes judiciales de la justicia ordinaria y decretar una serie de testimonios con los que cada una de las partes pretende probar su tesis…, es decir, hemos ordenado las pruebas que solicitó la Fiscalía con las que pretende probar la responsabilidad del Coronel retirado Hernán Mejía en los hechos de ejecuciones extrajudiciales dadas durante el periodo en que fue comandante del batallón la popa en el año 2002-2004″, informó Reinere Jaramillo, Magistrada de la JEP.
Así mismo, la Jurisdicción Especial para la Paz decretó todas las pruebas que solicitó la defensa del coronel retirado, como las de la Procuraduría General de la Nación y cada uno de los sujetos intervinientes tendrán que demostrar a la magistratura si fue o no responsable de los delitos imputados.
En noviembre de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP traslado el expediente de Mejía a la Unidad de Investigación y Acusación de esa entidad, en el entendido que Mejía no quiso aceptar responsabilidad por la macro imputación desplegada contra militares, oficiales y suboficiales, señalados de más de un centenar de crímenes bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
El expediente de Mejía es estudiado por la JEP dentro del subcaso Costa Cribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira, donde se atribuye a algunos integrantes del Batallón ‘La Popa’, comandado por Mejía, presentar como bajas en combate a civiles.
El coronel (r) Mejía fue imputado en la JEP en julio de 2021. Él y otros 14 exmilitares fueron señalados como miembros de una “organización criminal”, que en búsqueda de resultados habrían cometido más de 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas como miembros del batallón La Popa.
Algunos de los señalados ya aceptaron públicamente responsabilidad y tendrán derecho a una sanción, en lugar de enfrentarse a penas de hasta 20 años, como aquellos que prefirieron el camino del juicio. En el expediente se habla de premios a cambio de bajas en combate y una fuerte agresión a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y la alianza con el Bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo -Jorge 40-.
Sobre Mejía, la JEP asegura que ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre ellos 72 hombres -tres indígenas Kankuamos-, un adolescente y tres mujeres. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo.
Según otros comparecientes, quienes ventilaron información en su contra, Mejía tenía el carisma propio de las fuerzas militares, sin embargo, se aprovechó de la credibilidad con la que gozaba para convencer a sus hombres de cometer falsos positivos. Con el Bloque Norte de las AUC, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.
Sumado a ello, bajo su comandancia entraron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa.
En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él.
