Por: Miguel Ángel Moreno Suárez/ Las veedurías ciudadanas como institución están bien concebidas. Sin embargo, la filosofía que las inspira se pierde cuando el veedor se convierte en un instrumento más para alimentar la corrupción por causa de quienes se agrupan alrededor de una veeduría ciudadana con el ánimo y la pretensión de convertirse en contratistas por sí o por interpuesta persona o para hacer oposición política, dejando de ser verdaderos veedores para transformarse en actores de los intereses que deben vigilar autónoma, democrática y transparentemente, la ejecución de los recursos del Estado.
Las veedurías, además de la condición legal que determina su existencia en el actual régimen jurídico, necesariamente deben estar integradas por personas libres de “afugias y preocupaciones domesticas” de las mismas que describe Sócrates, para que como constructores del progreso de la polis, no caigan en la miserable condición amenazante de posibles denunciantes al no obtener a cambio una porción de lo mismo que cuestionan como malsana práctica. La filosofía perdida del veedor ciudadano se ha venido transformando en la parodia de “rogando y con el mazo dando”. La ética se ha ido perdiendo al desviarse el espíritu que las impulsó, y hoy en su mayoría con algunas excepciones, son agencias de oposición política al servicio de alguno de los sectores en la pugna por el poder político.
Por eso, considero que el Estado, debe promover la creación y el fortalecimiento de veedurías ciudadanas dotadas de un estatuto de comportamiento y estableciéndoles un mecanismo de selección en el que prime el mérito, para que tanto las entidades territoriales, como las demás entidades públicas de orden nacional, departamental y municipal, las legitimen para hacer control social a la gestión, asignándoles un porcentaje del presupuesto público para su funcionamiento.
En Colombia tenemos un régimen de veedurías ciudadanas establecido en las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, mediante las cuales se otorga la facultad de realizar asambleas, foros y audiencias públicas para informar sobre el avance del control ejercido, remisión de informes y para poner en conocimiento de los jefes de las entidades públicas los hechos o actuaciones irregulares detectados, “así como el suministro de información a las autoridades sobre el origen del financiamiento y de los recursos con que cuentan para dicha vigilancia”. Utópico suena. Solamente están llamados a ser verdaderos veedores aquellos que puedan integrarse en veedurías, que cuenten con los recursos económicos para financiar su labor o logren obtener financiación en un mercado de capital como el nuestro.
Cuentan con tal abandono de la financiación y apoyo del Estado que la ley 1757 prevé la posibilidad de su alianza con fines de financiamiento con “Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones, universidades, gremios empresariales, medios de comunicación y entidades afines para fortalecer su ejercicio, darle continuidad y obtener apoyo financiero, operativo y logístico”, pero no entidades públicas.
Si el Estado no le pone recursos económicos para financiar la gestión de las veedurías ciudadanas que se constituyan, estas terminarán siempre mutando en lo que la ley prohíbe: organismos de oposición política a las administraciones de turno, para que sin argumentos y sin objetividad, lancen juicios al espacio de discusión y opinión pública, contribuyendo a la desinformación que es otra de las modalidades de la corrupción.
Twitter: @MiguelMorenoSu
