Desplazados a la fuerza de sus hogares, dejando atrás sus pertenencias para salvar apresuradamente sus vidas. «Cuando las bombas estaban cayendo me sentí muy nerviosa», relata la joven de 26 años Niomar Díaz, recién llegada en canoa por el caudaloso río Arauca al municipio de Arauquita, fronterizo con Venezuela.
La joven venezolana es una de las más de 4.000 personas que, según la Defensoría del Pueblo, en los últimos seis días han cruzado la frontera colombo-venezolana huyendo de los combates en su localidad La Victoria, en el estado de Apure, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos armados ilegales, supuestamente relacionados con las disidencias de la exguerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“En una casa murió un abuelo, un niño de ocho años, una de nueve y su mamá. La situación es terrible”, explica Díaz, añadiendo que los militares venezolanos fueron abusivos y que su familia –como tantos otros vecinos– huyeron de las bombas y las balas que atravesaron la vereda donde residían.
En los últimos días, más de 100 personas llegan desplazadas cada hora a los municipios colombianos fronterizos, especialmente a la localidad de Arauquita, donde las autoridades alarman de una emergencia humanitaria y piden ayuda para asistir a las decenas de familias que se aglutinan en los improvisados albergues.
Denuncian ejecuciones extrajudiciales
Según cuentan los venezolanos que han conseguido llegar a Colombia, el Ejército Nacional de Venezuela está llevando a cabo una operación para combatir a los grupos armados colombianos que se refugian irregularmente en el país. Cientos de campesinos, agricultores y locales quedaron atrapados bajo las balaceras y los enfrentamientos militares.
“No hicieron preguntas, sobrevolaron en helicópteros y dispararon ráfagas de fuego. Entré en pánico y tuvimos que huir, si no salíamos nos habrían matado en nuestra casa”, explicó Yaneth García, desplazada venezolana.
El defensor del pueblo de Arauquita, Carlos Camargo, dijo que los desplazados le han expresado «las situaciones propias de la situación de emergencia» e indicó que en los lugares donde las personas desplazadas habían dejado hogares habitables, estos habían sido incinerados.
Una vez asentados en los refugios, muchos desplazados han denunciado abusos de poder y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas: «los soldados asaltaron nuestra casita y nos quitaron todo. Cuando entraron rompieron todo, las puertas, todo, y se llevaron todo lo que tenía en casa, lo del taller», dijo José Castillo a Reuters, alegando que no pudo quedarse en casa «nos están matando», aseguró.
«Falsos Positivos«
Castillo, un mecánico de 40 años que llegó con su esposa embarazada y su hija de 12 años, denuncia que algunos vecinos que se quedaron fueron asesinados “les pusieron uniformes y los hicieron parecer guerrilleros”.
Luego de las declaraciones e imágenes sobre estos hechos, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó que están investigando la denuncia de que al menos cinco campesinos fueron presuntamente ajusticiados por las fuerzas del orden bolivarianas y hechos pasar por guerrilleros.
«En caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente», escribió Saab en Twitter.
Raiza Remolina perdió a varios familiares en los enfrentamientos y denuncia en un vídeo que “aparecieron tirados en el campo con lo que usan los grupos irregulares”. Culpa al grupo de élite de la Policía Nacional FAES de sus asesinatos: “eran gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo de campo”, aseguró.
Remolina denunció que los temidos grupos de las fuerzas de élite bolivarianas están detrás de estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas comúnmente como ‘falsos positivos’: “estaban revisando todas las casas en el sector de La Victoria, se metían a las casas supuestamente buscando guerrilleros”. Otros locales desplazados denuncian que al menos 30 campesinos fueron detenidos y se desconoce su paradero.
El éxodo masivo ha llevado también a que las autoridades locales de Arauquita alarmen de la falta de recursos para atender la alta demanda de desplazados –llegados en plena crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19– y piden ayuda humanitaria al Gobierno de Iván Duque.
Petición de ayuda internacional
“Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda aquí”, exigió el alcalde de la localidad, Etelibar Torres, agradeciendo la buena acogida de sus ciudadanos que han llevado solidariamente víveres a los desplazados venezolanos. Entre los desplazados figuran cientos de niños, instalados en quince refugios.
“La sociedad arauquiteña ha recibido a estas personas de buen agrado y aquí estamos dispuestos a ayudarlos, porque un río no nos hace menos hermanos: somos lo mismo”, expresó a medios locales el alcalde.
La guerra contra los grupos irregulares colombianos ligados al narcotráfico y la supuesta pasividad de las autoridades venezolanas, refugiándose en las veredas y selvas venezolanas deja como principales víctimas a los campesinos y residentes locales, envueltos en un conflicto transfronterizo que, pese a la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, continúa latente.
Entre tanto, pese a compartir 2.200 kilómetros de frontera, el Gobierno de Duque y el de su homólogo Nicolás Maduro mantienen una tensa confrontación y rompieron todas las relaciones diplomáticas en 2019, lo que dificulta aún más el diálogo para solventar una crisis humanitaria que perdura en el tiempo, con miles de civiles como principales víctimas.
