El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, le comunicó este 24 de febrero a la embajadora europea, Isabel Brilhante Pedrosa, que tenía tres días para salir de Venezuela. Además, el Gobierno declaró persona ‘non grata’ a la diplomática, envuelta en la controversia luego de que el Parlamento, de mayoría oficialista, hubiese aprobado una moción el pasado martes para expulsarla.
La UE reaccionó y dijo que la medida «no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente». La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Massrali, pidió que se «revierta» la decisión.
«Venezuela sólo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, al que la UE está completamente comprometida», agregó Massrali, aunque resaltó que la decisión de la Administración de Nicolás Maduro «socava» esa voluntad.
Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro le respondió a la Unión Europea que es bienvenida en Venezuela, «pero si respeta la democracia y las instituciones democráticas en nuestro país».
En ese mismo sentido, el canciller Arreaza entregó notas de protesta a los embajadores de Francia, España, Alemania y Países Bajos bajo el argumento de que la Constitución de Venezuela y la Carta de la ONU han sido irrespetadas por los países europeos. Cada embajador recibió una copia de estos documentos durante una reunión en la sede de la Cancillería, minutos después del ultimátum a Brilhante.
Un día antes, la petición del Parlamento fue aprobada en una moción. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sugirió revisar una posible eliminación de toda la misión diplomática de la UE en Caracas.
«Mis dos manos levanto para pedir que se declare persona ‘non grata’ a la representante de la Unión Europea, mis dos manos levanto para exhortar a que se revisen las condiciones en las que existe una oficina de la Unión Europea aquí en Venezuela», dijo Rodríguez durante la votación.
Era previsible que el presidente Nicolás Maduro aprobara la solicitud, dado que él mismo ordenó, en junio de 2020, la salida de la diplomática. Sin embargo, retrocedió en su decisión pocos días después, según aseguró en ese momento, para tratar de facilitar un diálogo entre Caracas y Bruselas.
A pesar de sus posturas anteriores sobre la embajadora de la UE, Maduro matizó la decisión del Gobierno venezolano de expulsarla del país. «Lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive, porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie», insistió.
Las sanciones que preceden la expulsión
Las sanciones a las que se refiere el mandatario son las que, el pasado lunes 22 de febrero, impuso la Unión Europea contra 19 altos funcionarios venezolanos, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad en respuesta a las elecciones legislativas de diciembre. Según el bloque, los comicios estuvieron amañados a favor de los parlamentarios afines a Maduro.
Entre los sancionados se encuentran los legisladores Bernabé Gutiérrez y José Brito, quienes fueron nombrados por el Gobierno de Venezuela como líderes de dos partidos de oposición.
Los diputados aliados del mandatario venezolano ganaron casi todos los escaños de la legislatura en una votación que también fue rechazada por Estados Unidos y vista por la Unión Europea y otras naciones como una forma de que el presidente venezolano terminara tomando el control total del poder, ya que el Legislativo era el único órgano que quedaba en manos de la oposición, tras ganar los comicios de 2015.
Con las nuevas medidas del bloque europeo, aumentó a 55 el número de funcionarios venezolanos incluidos en la lista negra de la UE.
«Las personas agregadas a la lista son responsables de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales», señaló la UE en un comunicado.
Tanto Washington como Bruselas han intensificado las sanciones contra Maduro en los dos últimos años al señalar que su reelección en 2018 fue una farsa. Sin embargo, las medidas aún no han logrado el objetivo declarado de llamar a nuevas elecciones presidenciales.
