Con el fin de continuar y avanzar con los procesos en la delimitación del Páramo de Santurbán y por la posible dilatación de las fases por parte del Ministerio de Ambiente, la comunidad de Vetas, Santander emitió una propuesta para la delimitación del Páramo de Santurbán a partir de diálogos entre los habitantes de las zonas afectadas y con énfasis en la defensa de la minería. Enfocados también en el derecho al trabajo con la visión local de desarrollo sostenible garantizando la conservación y la protección de los recursos hídricos.
En la propuesta los paramunos argumentan por qué se deben cuidar los derechos económicos, sociales y culturales de la región. Con respecto a la primera, afirman que es la principal actividad productiva y generadora de empleo para los habitantes, aunque en la región la tasa de desempleo esté en un 80%. Y en la segunda, se refieren a que se debe reconocer la ancestralidad y el arraigo de más de 463 años de historia. Así mismo, pretenden evitar nefastas consecuencias como el desplazamiento, empobrecimiento, avance descontrolado de actividades de extracción ilícita de oro y degradación y destrucción ambiental en contravía de los objetivos de conservación que se pretenden impulsar con la delimitación del ecosistema de páramo.
Inicialmente en la delimitación del ecosistema de páramo en el municipio de Vetas prohibieron el desarrollo de actividades económicas productivas en el 80% del territorio municipal, por lo que limita toda posibilidad de desarrollo económico para el municipio, con las consecuencias sociales y humanas que esto conlleva.
Por esa razón, la comunidad propone un consenso razonado donde se tenga en cuenta la perspectiva local, para salir de la crisis o conflicto ambiental.
Primera propuesta
La primera propuesta tiene que ver con la construcción integral, justa y concertada frente al conflicto socio-ambiental e incorporación de los seis temas ineludibles de debate establecidos en la Sentencia T-361 de 2018.
Con respecto a los programas de reconversión y sustitución de actividades, anuncian que por la complejidad del conflicto socioambiental es importante promover la consolidación del modelo minero-ambiental-urbano que respalde los 400 años de historia, en la que la minería ha favorecido la conservación del páramo y los servicios ambientales. Sin embargo, plantean que sí debe haber un mejoramiento de las prácticas mineras sin que se sustituya, pues sería un escenario de exclusión absoluto.
El desplazamiento tampoco lo ven como opción, pero si articularían la minería con otras actividades como el ecoturismo, que podrían mitigar los efectos sociales y humanos de la delimitación.
Al referirse sobre el sistema de fiscalización, proponen que la interacción con las autoridades locales y regionales sea eficaz, así como lo ordenan en la nueva resolución de la sentencia. Con este modelo, se evitaría la desaparición de las empresas legales o el aumento de actividades ilegales de extracción.
En relación con la protección de fuentes hídricas, argumentan que no se puede ver el problema como “el oro o el agua”. Afirman que la minería bien desarrollada es la aliada del desarrollo sostenible y la conservación, pues constituye un elemento fundamental para la contención de las actividades mineras ilegales y descontroladas. Aunque sí manifiestan que debe haber más control en las prácticas, para reducir a largo plazo cargas contaminantes en la calidad del agua de los ríos Vetas y Suratá. También reconocen el rol de los planes de manejo ambiental y licencias complementarias como elementos de ordenamiento del territorio y la actividad minera.
Referente a la coordinación entre autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía, favorecen el seguimiento y coordinación de las autoridades sobre las empresas legales y, además, la comunidad propone que se conforme un Consejo Municipal y Regional del Páramo como instancias de coordinación permanente entre las autoridades y las comunidades. Así como la creación de un observatorio del páramo para el monitoreo de los caudales.
Sobre el modelo de financiación, dejan ver que conciben la minería como la actividad económica de valor y generadora de empleo del territorio. Reconocen que los recursos financieros son limitados e insuficientes para compensar de manera justa a las comunidades afectadas y para atender los requerimientos de reconversión y/o sustitución de actividades. Así mismo, afirman que los costos derivados del proceso han sido trasladados de manera injusta a los locales.
Segunda propuesta
La segunda propuesta tiene que ver con la corrección de los errores cartográficos identificados por la Sentencia y aseguran que deben ser corregidos a partir de criterios técnicos, sociales y económicos. Según los paramunons, el desarrollo de la minería se aborda en un área de 600 hectáreas, y se ha realizado desde tiempos ancestrales. La propuesta considera que aquellas áreas que fueron clasificadas en la categoría de áreas de restauración, pueden ser incorporadas al área de páramo para propósitos de preservación. Así mismo, consideran la posibilidad de adicionar 109 hectáreas a esa zona, que no han sido incluidas en la delimitación establecida en la resolución.
En la propuesta el valor consolidado del área de páramo definido, es de 6.403 hectáreas, valor superior a las 6.380 hectáreas establecidas por la Resolución. Lo anterior permite inferir que la delimitación propuesta cumple los requerimientos fijados en la sentencia, resaltando que la nueva delimitación en el municipio de Vetas no será inferior en términos de protección del ambiente que la fijada en la Resolución de la referencia.
Así que a través de esta propuesta estarían corrigiendo los errores cartográficos de delimitación señalados por la Sentencia T-361 y además conservando el páramo en términos globales (98.994 hectáreas) y reconociendo las áreas de valor ecológico para la protección del recurso hídrico que de hecho no fueron incluidas en la resolución.
Acerca de la tercera propuesta que es la identificación de la realidad y complejidad del conflicto socio-ambiental, mencionan la importancia de aclarar que la minería desarrollada en el municipio de Vetas es subterránea, con afectaciones mínimas sobre la superficie, condición que a su vez ha permitido mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad del páramo. Y que el área total de los títulos mineros es de 581 hectáreas, equivalentes al 6,3% del área municipal.
Del planteamiento de un modelo de ordenamiento minero-ambiental y urbano, consideran que las áreas que fueron clasificadas en la categoría de áreas de restauración del ecosistema de páramo por la Resolución, podrían formar parte integral del páramo, incorporando previamente las correcciones y ajustes cartográficos referidos anteriormente. En la propuesta señalan que cualquier actividad de restauración debe ser concertada con los propietarios de los predios, incluyendo una compensación justa por las afectaciones y que además se debe reconocer el valor histórico de la conservación y su valor como actividad económica en la oferta de servicios ecosistémicos.
Y del fortalecimiento de la gobernanza para la gestión y conservación del territorio, afirman que la delimitación del ecosistema del páramo no garantiza su protección y conservación. Esta, requiere la construcción de una forma de gobierno que asegure el fortalecimiento de la paz territorial, el ordenamiento del territorio, las actividades económicas y la conservación de los ecosistemas de alta montaña. Una delimitación excluyente conducirá inevitablemente a la degradación y destrucción del ecosistema que se pretende proteger.
Insisten que las convocatorias, información, consultas, concertaciones decisiones, gestión y fiscalización, para garantizar el derecho de participación de la comunidad, continúan desconociéndose, aunque la Corte Constitucional lo haya establecido en la Sentencia T-361 de 2017 para el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán.
Por lo anterior, exigen que el siguiente paso sea avanzar a la concertación constructiva a través del diálogo en el que se incorpore la visión local de territorialidad.
