La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio municipal de Miraflores, Guaviare, donde podrían haber sido abandonados los cuerpos de al menos 19 personas ejecutadas de manera extrajudicial y presentadas como bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.
Para esta solicitud se tomaron en consideración las versiones voluntarias de 23 comparecientes del macrocaso 08, (ex integrantes del Ejército Nacional), que aceptaron participación y responsabilidad en dichos crímenes y entregaron detalles sobre el paradero de algunos de los cuerpos.
Con esta petición, el Ministerio Público quiere proteger los derechos de las víctimas directas e indirectas teniendo en cuenta sobre todo a los familiares de personas cuyos cuerpos no han logrado ser recuperados, quienes están aún sin identificar y los que continúan desaparecidos en el marco del conflicto armado.
“Se considera que la situación es urgente, debido a que existe un riesgo inminente de que los cuerpos que presuntamente se encuentran en las fosas se vean alterados, modificados, destruidos o desaparecidos”, explica el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita.
La Procuraduría concluye en su solicitud que algunas de esas víctimas, pese al paso del tiempo, no han logrado ser identificadas y que tampoco se tiene certeza de que sean las únicas existentes dentro del marco de la investigación, pues cabe la posibilidad de que el despacho muestre interés en continuar con otras unidades militares del sector que también han sido señaladas como responsables de ejecuciones extrajudiciales.
