Por: Julián Silva Cala/ El próximo 26 de agosto se llevará a cabo la votación de la Consulta Popular Anticorrupción, convocada y reglamentada mediante Decreto 1028 de 2018. El objeto de la misma no es otro que expresar el descontento generalizado de los colombianos con una clase política tradicional que ha privilegiado el interés personal sobre el bienestar colectivo, responsable de la espiral de corrupción que tiene al país sumido en un estado de postración administrativa por cuenta de los más de 50 billones de pesos que nos roban cada año.
Para dimensionar en términos cotidianos un latrocinio de tal magnitud bastaría señalar que esa suma equivale a un millón de pesos por habitante. Cada año. Es decir que a cada colombiano, usted y yo, anciano o recién nacido, hombre o mujer, heterosexual o lgbtiq, de izquierda, de centro o de derecha, religioso o ateo, indígena, afrodescendiente o mestizo, campesino o citadino, estrato 1 o estrato 6, los ladrones de cuello blanco disfrazados de políticos le están robando 4 millones de pesos más intereses durante cada gobierno, aproximadamente 5 millones de pesos. Con ese dinero podríamos pagar 40 años de inversión y desarrollo para Santander (2 generaciones), tomando como referencia el presupuesto aprobado para ésta vigencia.
Ahora que tenemos una noción sobre el costo estimado de la corrupción, quizá su aspecto más superficial, hablemos de los efectos más perversos y duraderos del fenómeno, de cómo se enquista y reproduce en nuestros comportamientos cotidianos como sociedad. Para asegurar su botín la red de corrupción necesita garantizar impunidad, de tal suerte que los tentáculos de este monstruo se extienden a lo largo y ancho de las 3 ramas del poder público: desde el Ejecutivo se estructuran los proyectos de inversión y se direcciona la mermelada, en el Legislativo se eligen las cabezas de los organismos de control (“ías”) que como bien indica su nombre ejercen(?) precisamente la función de vigilancia y control, tanto de los bienes y recursos públicos en el caso de la Contraloría General de la República, como de la conducta de los servidores públicos en el caso de la Procuraduría General de la Nación. Para saber más sobre la corrupción en la Justicia por favor Googlear “Cartel de la toga”…
Para quienes han ejercido cargos públicos y algunos pocos más, no es un secreto que las “ías” obedecen generalmente a un liderazgo político que direcciona estratégicamente sus objetivos y metas hacia sus contendores u opositores, de manera que no se garantiza la neutralidad y transparencia que de ellas se esperaría para defender los derechos, incluyendo por supuesto los civiles y políticos. La participación pública en nuestro país es tan desigual como todo nuestro país, y esas asociaciones burocráticas para delinquir sólo acrecientan esa desigualdad. Ese diseño institucional perverso, cuidadosa y gradualmente confeccionado desde el nacimiento mismo de nuestra Constitución, que instrumentaliza porciones enteras del Estado en beneficio de intereses particulares, ya sea de personas naturales o de auténticas organizaciones criminales, nos afecta a todos.
Nos afecta porque además de faltarle oficialmente a ese pacto mínimo de sociedad, por muchos de ellos convenido, nos disminuye como ciudadanos y nos arrebata los sueños. Los consigna en sus cuentas bancarias de pequeñas islas paradisíacas. Y entiéndase bien, el problema no es la plata. Es cómo se hace la plata. Es el conjunto de reglas formales e informales que opera para producir un resultado moralmente distante del enunciado constitucional. El problema es ético, como bien lo definió Sergio Fajardo en la más reciente elección. Y fue en torno a una convicción, a la necesidad de proponer una manera diferente -limpia para empezar- de participar en lo público, que se juntó una buena parte de la sociedad colombiana a su alrededor. Otro tanto lo hizo en torno a la figura de Gustavo Petro, y una mayoría electoral alrededor de Iván Duque.
Sin importar por quién votamos en la última elección presidencial, todos deberíamos promover la información y discusión relacionada con la Consulta Popular Anticorrupción; su origen, su justificación, su significado histórico y geográfico, sus mandatos y sus promotores, la visión de país que entraña y la comprensión de sus principales problemas. Y por supuesto votarla el próximo 26 de agosto.
*Más información en www.vencealcorrupto.com
Twitter: @JulianSilvaCala
