El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que existe alto riesgo de trashumancia electoral en el país, y solicitó al Consejo Nacional Electoral – CNE – dejar sin efecto la inscripción de más de 773.000 cédulas, correspondientes al 24,27% del total de las inscritas en el país.
Esos registros están relacionados con personas cuya
última inscripción electoral no coincide con la información sobre su residencia
que se deriva de su inclusión en distintas bases de datos, como los de
seguridad social, riesgos profesionales, o programas de beneficios adelantados
por las administraciones territoriales o Prosperidad Social, entre otros.
El jefe del Ministerio Público indicó que de los municipios priorizados por el
alto riesgo de trashumancia electoral, 60 están ubicados en Boyacá, 40 en
Cundinamarca, 35 en Antioquia, 27 en Santander y 12 en Norte de Santander.
Los cinco municipios con mayor porcentaje de inscritos a invalidar son Puerto Colombia, Atlántico (1418), Sabaneta, Antioquia (5846), Puerto Gaitán, Meta (3569), Cota, Cundinamarca (2448) y El Colegio, Cundinamarca (2336).
El jefe del Ministerio Público le solicitó al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas por la presunta trasgresión del artículo 316 de la Constitución Política, que establece que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
Traslados al CNE
Finalmente, la Procuraduría remitió un audio al CNE para que evalúe el presunto incumplimiento de las leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011, sobe propaganda electoral, del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Santander, Juan Carlos Cárdenas, quien estaría promocionando como: “El alcalde de Rodolfo, el alcalde de los ciudadanos”.
Para el ente de control, es necesario que se adelanten acciones tendientes a evitar la vulneración de las garantías en la información, en materia de pluralismo, equilibrio e imparcialidad en la emisión de todo tipo de propaganda política.
Así mismo, que se investigue si la presunta participación de la señora Lina Muñetón, esposa del alcalde de Pereira, en favor del candidato Carlos Maya, podría constituir una transgresión a las normas sobre financiación de campañas y propaganda electoral.
