Por: Óscar Prada/ El Bukele colombiano, -como se autodenominó en campaña- es blanco de múltiples críticas. Aquellas se viralizaron por el hurto perpetrado por unos sujetos vestidos con uniformes de la PONAL a una joyería del centro de la ciudad.
En su defensa el burgomaestre indicó en su cuenta de X lo siguiente: “La Policía demora más en capturarlos que esos criminales en salir a seguir burlándose de las autoridades y criminalizando a la gente”.
En parte tiene razón, el Código de Procedimiento Penal, indica que no se puede privar de la libertad al presunto delincuente mientras se tramitan las fases del proceso penal; siempre y cuando el mínimo de la pena sea inferior a cuatro años.
En consonancia, la pena mínima es de 32 meses (inferior a cuatro años) cuando el valor de lo hurtado sea menor a los cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por esa razón, al aplicar lo dispuesto en la ley en esos casos; los jueces no pueden privar de la libertad a dichos sujetos.
La mayoría de hurtos cometidos en la ciudad son de cuantía inferior a la indicada arriba; tiene razón el alcalde Beltrán en afirmar que pese a capturar a los delincuentes, estos salgan libres pocas horas después.
Tal como lo insinúa tímidamente el alcalde, el procedimiento penal debe modificarse para garantizar los bienes jurídicos de las personas. No obstante, cambiar la norma es tarea exclusiva del Congreso de la República.
Quizás lo reprochable de la afirmación del Bukele colombiano, es que sabiendo como está diseñado el procedimiento penal en Colombia, quiere inmacular su imagen política endilgando sus fallas a la ley.
¿Es razonable que un candidato desconozca el procedimiento penal, cuando su principal promesa de gobierno es la lucha contra la criminalidad? De lejos es irrazonable.
El desconocimiento de la ley no sirve de excusa; el pecado del Bukele colombiano, es cubrir sus manchas afirmando que la ley es la responsable, cuando debería saberla al momento de confeccionar su plan de gobierno.
De la respuesta del burgomaestre, se infiere que su política de seguridad no tuvo en cuenta las reglas del procedimiento penal -vigentes por casi veinte años-. En pocas palabras, ¡confesó que está improvisando en su administración! Grave pecado.
Beltrán ascendió al primer cargo de la capital santandereana, prometiendo devolverle la seguridad; sin embargo, no planeó la manera de hacerlo realidad. Ahora siendo alcalde no sabe cómo afrontar la infernal situación de inseguridad que viven a diario sus habitantes.
Combatir la inseguridad no solo se traduce en el aumento del pie de fuerza y demagogia en los medios de comunicación; se requieren políticas integrales, serias, y bien planificadas que puedan leer la compleja realidad de Bucaramanga.
Utilizar el disfraz de Bukele le quedó grande a Beltrán; hoy el arca y su líder se hunden en un mar de delincuencia. Los habitantes de Bucaramanga pierden la fe.
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*Estudiante de Derecho
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