Por: Laura María Jaimes Muñoz / En los últimos años, la palabra paz se ha convertido en una simple carta de acción política, sirve para mover masas electorales pero no responde a la intención real de cambiar el caos y el atraso nacional por una prosperidad colectiva que le devuelve la tranquilidad, la esperanza y la seguridad a la gente.
Se han ganado campañas políticas y está en proceso una más de éstas, llena de incertidumbre respecto a los verdaderos logros de los acuerdos establecidos por el gobierno para edificar la supuesta paz del país, pero hacen falta las gestiones de fondo, las que puedan, de manera concreta e indiscutible, mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Porque la verdadera paz resultará de la solución de los factores de inequidad social que hoy tienen a la mayoría de los colombianos al borde del hambre.
Lo que Colombia ha echado de menos, a lo largo de por lo menos dos siglos, es un Estado eficiente, que cumpla la tarea que le fue asignada para atender las necesidades de todos los habitantes del país, sin exclusiones de ninguna clase.
Desde la fundación misma de la república hemos asistido al doloroso espectáculo de un Estado manejado por grupos, familias, sectores de poder que se han limitado a buscar su propio beneficio, sin ocuparse para nada de los ciudadanos. Un fenómeno que, lamentablemente, no se presenta únicamente en Colombia, sino en la mayoría de los países de América Latina.
Pero en el caso de nuestro país, que—se supone—está inmerso en el posconflicto, es necesario cambiar, sustancialmente, la forma de manejar el Estado, para que el trabajo de sus instituciones favorezca al conjunto de la sociedad colombiana y no, de manera exclusiva, a las familias de siempre que lo manejan a conveniencia, como si fuera de su propiedad.
Para los líderes santandereanos que lograron conquistar una curul en el Congreso para trabajar por la gente, por el bienestar de las familias santandereanas, deben tener claro el diagnóstico de lo que ha pasado en Colombia, para que el trabajo apunte, también con eficiencia, a resolver problemas en vez de crear problemas nuevos.
Por lo menos 200 años llevamos en esta situación de injusticia, en la que unos pocos que integran lo que tradicionalmente conocemos como roscas de poder, se enriquecen a costa del pueblo ¡Esta situación no puede continuar!
Si en realidad estamos en el posconflicto, y si la negociación de paz adelantada por el gobierno nacional ha de producir consecuencias positivas, tenemos que resolver las causas de la desigualdad, que son, en gran medida, causantes de la intranquilidad social.
Pero no con aumentos permanentes de los impuestos, ni con decisiones del congreso orientadas a favorecer a los mismos de siempre, sino con medidas efectivas a favor de la equidad y el bienestar colectivo: necesitamos un estado amigo del ciudadano, no su explotador ni su enemigo.
Necesitamos un Estado eficiente y amable, no un Estado caótico y perseguidor de la sociedad, como sucede hoy. Es de importancia la paz, claro que sí, pero en una paz real, no de efectos simplemente políticos.
No se trata de aparentarle al mundo que vivimos en armonía, sino de crear una armonía real que devuelva a los ciudadanos el espíritu de comunidad y la voluntad de abandonar toda idea de violencia, para colaborar en la reconstrucción nacional y en la igualitaria repartición de los beneficios resultado de nuestro esfuerzo.
¿La firma de los acuerdos construye por sí misma la paz? La paz verdadera será resultado del trabajo que, en el inmediato futuro, tendrá que ser realizado por el estado y los ciudadanos, un trabajo concertado que busque eliminar los numerosos y muy graves problemas del país, como la desigualdad, el hambre, los abusos de poder, la corrupción que carcome todos los poderes públicos, el uso de la política con fines de lucro personal, la falta de oportunidades para los jóvenes, el desempleo, el trato injusto que se da a la mujer y muchos otros que se han acumulado con el tiempo.
Sobre el trato justo que se da a la mujer se podría hacer mucho énfasis, porque ya es hora de que se reconozca su papel en la sociedad y se entienda que este papel debe mejorar cuanto antes, para que la mujer fortalezca su desempeño económico, mejora la situación de la familia y haga un aporte cada vez más determinante a la edificación del desarrollo económico y social.
Si no corregimos los problemas atrás mencionados y muchos otros, podemos estar seguros de que vendrán otros conflictos y la tragedia se prolongará en el tiempo.
La gente joven, de manera especial, debería comprender el alcance de una situación de violencia como la que está terminando, para que abandone la idea, tan generalizada, de resolver las diferencias por medio de la confrontación.
Miremos estas cifras que describen la atrocidad de un conflicto que ha durado 56 años (y que todavía no termina), que comprometió a organizaciones como las FARC, los paramilitares, el M19, el EPL y otras:
16.879 menores reclutados por las organizaciones ilegales; 8’376.463 víctimas totales; 7’134.646 desplazados; 983.033 muertos; 165.927 desaparecidos; 10.237 torturados y 34.814 secuestrados.
Las cifras, desde luego, no son suficientes para describir el dolor humano, la destrucción de pueblos enteros, el sufrimiento de millones de personas, hombres y mujeres, para el cual nunca habrá reparación posible.
El Estado debe dirigir su gran esfuerzo a superar los factores que propician la violencia, y este propósito exige el recuento de todo lo ocurrido, para que nadie quiera, jamás, acudir de nuevo a la violencia.
¿Cómo haremos eso? Con una acción efectiva del Estado, que debe cumplir a cabalidad con su misión: Necesitamos un Estado que haga presencia en todos los sectores geográficos y en todos los núcleos humanos del país y que esté dispuesto a corregir los errores acumulados con el tiempo.
Y se necesita unos ciudadanos dispuestos a rechazar la violencia y a ejercer la pedagogía de la cooperación para el fortalecimiento de la democracia y el impulso del desarrollo con equidad. Seguir confrontando no nos serviría de nada, como ya quedó demostrado.
El Estado tiene que crear las condiciones para que la reincorporación a la vida civil de todos los ex integrantes de las organizaciones criminales sea posible en condiciones de dignidad, con formación para el trabajo y el empleo, fundamentalmente, para que la necesidad no lleve a las personas por caminos equivocados.
Luego, como se ve, los acuerdos de paz son importantes, pero el camino que conduce a la paz es largo y tendremos que recorrerlo con clara consciencia de lo que nos corresponde hacer a los ciudadanos y de lo que debe hacer un Estado eficiente, dispuesto a evitar que se reproduzcan los factores de insatisfacción social.
Defender los intereses de la familia, eso incluye la búsqueda del bienestar de los millares de hombres y mujeres que se han reincorporado a la vida civil después de participar en el conflicto, para que el objetivo sea posible, todos los colombianos, de todos los sectores sociales, debemos disponernos a construir la paz.
Porque la paz no se consigue con la firma de un papel. Necesitamos paz de verdad, para que todas las familias de Colombia puedan conquistar, de verdad, un futuro mejor.
Para que no haya nuevos conflictos, el antídoto es un estado eficiente, que trabaje por el progreso constante y el bienestar de todos los habitantes de Colombia ¡La paz!
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