El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene serias deficiencias en la gestión de los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables del país. Así lo reveló la Contraloría luego de una auditoria que abarcó los estados financieros de esa entidad durante la vigencia 2023 y que concluyó con 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 podrían tener implicaciones disciplinarias, y otros 10 que presentan incidencia fiscal por un monto de $108.869.283.650.
En ese sentido, la Contraloría solicitó dos aperturas de indagación preliminar por $46.717’108.000. Durante el año 2023, Prosperidad Social recibió una asignación de $9.8 billones, repartidos en 18 proyectos de inversión. Sin embargo, la ejecución total de estos compromisos alcanzó solo el 85 %, con una pérdida de apropiación de $1.459.369’495.179 en 15 proyectos.
La baja ejecución de los programas se atribuye a debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, demoras en la revisión de fichas técnicas, retrasos en la investigación de mercados, y problemas en los estudios previos y publicación de procesos contractuales. Estas fallas reflejan una deficiente gestión presupuestaria por parte de los responsables de la entidad, quienes no lograron cumplir con la planificación y ejecución de los proyectos, a pesar de la asignación de recursos para atender las necesidades de la población.
La auditoría también reveló que la información relacionada con los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor no cumple con los estándares de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad necesarios para una adecuada toma de decisiones.
Por otro lado, la Contraloría descubrió que siguen presentándose pagos a beneficiarios fallecidos. “La efectividad del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes, en lo referente a la depuración de las bases de datos, procedimiento ejecutado antes, durante y después de cada ciclo de pago de cada programa, busca generar un control de calidad permanente de los registros procesados, sin embargo, esta labor no está siendo efectiva”.
También se evidenciaron debilidades en el proceso de verificación de criterios de pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas auditados, permitiendo que beneficiarios que no cumplen con las condiciones establecidas en la norma, estén siendo favorecidos y cobren los incentivos sin tener derecho a ello.
En los diferentes programas se encontraron trasferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la DIAN, incumplimiento de criterios de permanencia y pertinencia.
Otro hecho relevante que se evidencia es que los incentivos del Programa Jóvenes en Acción están dirigidos a población joven en condición de pobreza y vulnerabilidad y en los manuales y guías diseñados por Prosperidad Social, solo se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa. Lo anterior permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia 2023.
La entidad no tiene establecido para Jóvenes en Acción el cruce de información con las fuentes de información disponibles. En el proceso auditor se estableció que beneficiarios de este programa se encuentran reportados en bases de datos de fondos de pensiones como beneficiarios y con ingresos superiores a un salario mínimo legal vigente. Adicional, la Contraloría encontró beneficiarios reportados por la DIAN que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.
La baja ejecución del presupuesto de Prosperidad Social en 2023 afectó a la población vulnerable del país. La CGR halló posibles irregularidades por $108.869 millones.
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— Contraloría General (@CGR_Colombia) August 8, 2024
APN Noticias
