El ambiente es cada vez más complejo para la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación PGN) de 2025, cuyo plazo vence esta semana, tanto desde la academia, los analistas y el Congreso se han escuchado voces que piden y exigen bajar el monto total de los $523 billones, argumentando el excesivo aumento en los gastos de funcionamiento, en los últimos años, aspecto que para este proyecto no es la excepción.
Si bien desde el Gobierno el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha argumentado que estas partidas tienen inflexibilidades por mandato constitucional, como por ejemplo las pensiones y las transferencias territoriales, lo cierto es que al mirar las cifras de 231 entidades, en varias de ellas el Ejecutivo destinó valores que implican aumentos en gastos de funcionamiento superiores al 200%.
Así se desprende de un análisis que realizó el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, en las que se muestra que, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Minería los $269.000 millones de más que hay proyectados representan un aumento de 260,7% frente a la apropiación que tuvo en 2024.).
Entre tanto, para el 2025, año preelectoral, en la Registraduría Nacional del Estado Civil las necesidades de funcionamiento que se proyectan suben en más de $2 billones para llegar a los $3,08 billones, para una variación porcentual de 200,7%, al tiempo que en el Fondo Rotatorio del Dane el incremento propuesto es del 158%, para totalizar $2.700 millones en esta partida de la próxima vigencia fiscal.
No obstante, al desmenuzar con más detalle las cifras aparecen aumentos incluso muy superiores, como es el caso de la Corporación Autónoma Regional del Chocó, que pasaría de tener $3.700 millones en 2024 para su funcionamiento, a $99.100 millones, cifra que pese a que representa un mínimo porcentaje dentro del total del PGN, de aprobarse tendría un aumento del 2.604%.
De acuerdo con el análisis comparativo de los economistas de Corficolombiana, para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los gastos de funcionamiento previstos aumentarían en 198,9%, mientras que para la Junta Nacional de Contadores la partida subiría 93,8%, hasta los $15.500 millones.
Para este ejercicio de análisis, los expertos de Corfi desagregaron el gasto proyectado para las 231 entidades que hacen parte del Gobierno Nacional, incluyendo unidades administrativas, direcciones y las corporaciones autónomas regionales.
“De las 231 entidades analizadas, 102 (44%) presentan un aumento en el total del presupuesto, mientras que 129 (56%) muestran una reducción. En funcionamiento, de las 231 entidades, encontramos que en 124 hay incrementos respecto a 2024 que, en conjunto, ascienden a $74,2 billones, es decir, un incremento de 34%. Por el otro lado, hay 107 entidades que sufrirían recortes en su presupuesto de funcionamiento que ascienden, en conjunto, a $55,1 billones”, señalan los analistas de Corficolombiana.
Tomando como referencia el principio de inflexibilidad que tanto menciona el ministro Bonilla, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana revisó las cuentas del Presupuesto Nacional para el otro año, enfocándose en los gastos de funcionamiento e inversión y planteó tres escenarios, en los que el país se podría ahorrar desde $3 billones hasta más de $16 billones, generando un gran alivio para el Estado.
“El Ministerio de Hacienda ha argumentado que este ajuste es consecuencia del crecimiento desmesurado de las inflexibilidades del gasto. De hecho, ha anunciado una Proyecto de Ley de Financiamiento, o Reforma Tributaria, por un monto de $12 billones para cubrir el déficit del PGN 2025”, arrancaron comentando, al tiempo que resaltan que éste no es el único camino.
Y explican que, para los tres caminos propuestos, en busca de evitar una Ley de Financiamiento, aplicaron un principio de austeridad que se basó en limitar el aumento del gasto de funcionamiento a la tasa de inflación de este año, con un máximo de dos puntos adicionales, lo que implicaría un incremento cercano al 7,6%.
“De este modo, un primer análisis transversal, independiente de las entidades, que examine los principales rubros del presupuesto, como el gasto de personal, la adquisición de bienes y servicios, y las transferencias, incluyendo aquellas destinadas a pensiones y aseguramiento, podría generar un ahorro de entre $10,9 billones y $11,6 billones”, propusieron en primer lugar.
El otro camino consiste en revisar el gasto por entidades, destacando que acá se puede empezar por analizar las entidades con mayor peso en el gasto de funcionamiento, ya que en este sentido “identificamos 10 de las 231 entidades analizadas que representan el 80% del presupuesto de funcionamiento asignado en el PGN 2025”.
“En promedio, estas entidades muestran un crecimiento del 15,5%. Si su crecimiento se ajustara al 7,6% (exceptuando la Rama Judicial y la Policía Nacional, donde los cambios son más inflexibles), se podrían recortar $16,8 billones de pesos. No obstante, es importante ser cautelosos, ya que algunos elementos podrían estar vinculados a aumentos previstos para el Sistema General de Participaciones (SGP)”, acotaron.
En esta parte vale la pena destacar que desde Corficolombiana plantearon que actualmente no hay cómo realizar una fiscalización detallada del Presupuesto General de la Nación, ya que los datos oficiales solo discriminan datos generales y no llegan hasta las pequeñas entidades, como hicieron ellos, para entender mejor cómo se está gastando la plata de los colombianos.
El tercer camino que según Corfi se puede seguir, entendiendo que hay casos especiales, es revisar lo que catalogaron como entidades que registran crecimientos atípicos o superiores al 20%, que, si bien se pueden llegar a necesitar o están justificados, podrían ser sujetos de revisión en el entendido de que el país necesita gastar menos.
“En particular, encontramos que 18 de las 231 entidades proyectan un crecimiento promedio del 119,3% en 2025 en comparación con 2024. Ajustando su crecimiento al 7,6%, el ahorro potencial podría alcanzar aproximadamente $3 billones”, explicaron.
El informe cerró destacando que Colombia pasa por un momento en el que su coyuntura económica le exige ser creativo y responsable con sus gastos para no poner en riesgo la regla fiscal, al tiempo en que insistieron en que existe margen de maniobra para implementar este plan, evitando así la necesidad de una reforma tributaria y garantizando el financiamiento del PGN el próximo año.
“Este es el camino para generar confianza y certidumbre, sin comprometer el crecimiento económico en el próximo año”, concluyeron.
