Por: Aidubby Mateus/ El caso de la adolescente J. M. de 16 años ha sacudido mi corazón y mi ser con una tristeza absoluta, pues trataba de una joven qué, seguramente tenía sueños tan grandes para su vida, su familia, su territorio, su país, tal vez ejerciendo alguna profesión u oficio, aportando en la construcción de su pueblo y formando una hermosa familia.
Sin embargo, estos sueños han sido empañados por el incomprensible actuar de otro ser humano que según se relata en noticias regionales, era cercano a su círculo familiar. Su vida, así como la de las demás víctimas de feminicidios que día a día transcurren, continúan agrietando el tejido social de nuestra sociedad.
Así las cosas, como no mencionar las demás mujeres que hemos afrontado diversos tipos de violencia en la vida diaria; trátese de la violencia psicológica, psíquica, física, económica, emocional y sexual. Si bien es cierto, estamos en la llamada “liberación femenina”, como dicen, ésta no debe observarse con miramientos machistas o como una falta a los principios conservadores de la familia tradicional de nuestros pueblos y campos; todo lo contrario, sencillamente deseamos un lugar en el que seamos respetadas y amadas, en donde nuestros sueños sean transcendentales, nuestro criterio escuchado y nuestras capacidades reconocidas, y por ende, familias felices con roles claros y seres humanos saludables, en el que la familia ocupe la base de la sociedad, como lo dicta nuestra Carta Magna.
Ahora, esta triste situación nos lleva a analizar que no es justo que en pleno siglo XXI, la mujer siga siendo objeto de vejámenes por parte de seres inescrupulosos que las consideran como de su propiedad y es por ello, un imperativo revisar la importancia de una política de salud mental seria y trasversal, la cual no se quede en el papel, sino que trascienda a un diagnóstico responsable, con planes, programas, proyectos y metas que lleguen a la cobertura del territorio nacional, en la que se tengan en cuenta a los actores de los territorios, conformando una gran red en la que participemos, y recordemos que ante todo somos seres humanos con algunas heridas atendiendo las vivencias, pero que con apoyo, empatía, compasión y amor, tenemos la capacidad de levantarnos, mirar al frente y vencer toda sombra del pasado.
Recordemos que somos seres humanos con sentimientos, con la sed de ser reparados. Ojalá los gobiernos actuales y los venideros observen esta necesidad como una prioridad, para de esta manera, iniciar el proceso de reconstrucción del tejido social en los territorios, y pasar de la retórica a la acción.
No podemos seguir ampliando la red víctimas en donde nuestros niños, niñas y adolescentes se vean perjudicados como en el caso de la citada menor y de tantas otras que al momento de ocupar una portada de un periódico o volverse viral en las redes sociales, nos aterre, nos llene de rabia, propicie nuestros instintos de venganza, quizá se haga un grito con eco en otras muchas otras personas, pero al final, incluso con la captura de los culpables, la tragedia se convierta en un dígito más de las estadísticas.
Soy mujer y fui gobernante, por mi Despacho pasaron muchas veces voces quejosas sobre atropellos y créanme, que la mayoría de las veces, incluso cuando se llegaba a instancias judiciales, no pasaba de ser una contravención, un llamado de atención, un requerimiento de distancia y otras medidas, donde muy pocas veces se logró llegar a la instancia de atender el problema en la dimensión real de lo que es y que debería ser lo primero: atención a la salud mental tanto del actor del acto, como de su víctima, donde las huellas de estos actos de violencia, quedarán marcadas de por vida.
Ni una más: las acciones deben tomarse de inmediato, sin tener en cuenta condiciones como podría ser que el hecho que hoy exponemos, se de en un pueblo pequeño de sexta categoría, donde las carencias son inmensas y se nos mira con el desdén e ignorancia a la carencia de medios para atender debidamente estos casos.
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*Embajadora internacional de mujeres inquebrantables, exalcaldesa Gámbita (Santander), Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras.
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