Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ Según los datos, el salario promedio en el país aún no logra equipararse con el costo de vida, especialmente tras el repunte inflacionario del último año. Este panorama plantea una compleja encrucijada para el gobierno de Gustavo Petro, que debe decidir el aumento del salario mínimo para 2025 en medio de presiones económicas y sociales.
El informe del DANE destaca que, aunque la inflación ha mostrado signos de desaceleración en los últimos meses, el poder adquisitivo de los hogares colombianos sigue siendo limitado. En promedio, un trabajador en Colombia recibe un salario que apenas cubre el 82% de la canasta básica familiar, siendo las regiones rurales las más afectadas, con ingresos significativamente inferiores al promedio nacional.
Además, el desempleo, aunque ha disminuido ligeramente, aún afecta al 9% de la población activa. La informalidad laboral, que alcanza cerca del 58%, continúa siendo un obstáculo para garantizar condiciones laborales dignas, un problema que el presidente Petro ha prometido abordar mediante reformas estructurales.
El debate sobre el incremento del salario mínimo para 2025 ya está en marcha. Las centrales sindicales proponen un aumento superior al 15%, argumentando que es necesario para compensar la pérdida de poder adquisitivo y fomentar la reactivación del consumo. Por otro lado, gremios empresariales advierten que un aumento desproporcionado podría llevar a despidos masivos y frenar la generación de empleo.
El gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el centro de esta disputa. Con una agenda política marcada por su énfasis en la justicia social y el cierre de brechas, la decisión del aumento del salario mínimo podría consolidar su visión de cambio estructural, pero no sin riesgos. Un incremento elevado podría impactar negativamente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 80% del tejido empresarial del país.
En este contexto, Petro enfrenta un dilema estratégico. Su gobierno tiene la oportunidad de implementar medidas complementarias que acompañen un aumento del salario mínimo, como incentivos fiscales para pymes, programas de formalización laboral y políticas que fortalezcan el sistema de seguridad social.
Por otro lado, expertos económicos sugieren que un ajuste moderado, respaldado por subsidios temporales, podría ser una alternativa para equilibrar las demandas sociales y la estabilidad económica.
El próximo anuncio del gobierno será determinante no solo para los trabajadores, sino también para el rumbo económico del país. Mientras tanto, la ciudadanía espera con expectativa una decisión que refleje un balance entre las necesidades urgentes de los colombianos y la viabilidad a largo plazo de las políticas económicas. Gustavo Petro enfrenta uno de los mayores retos de su mandato: convertir el salario mínimo en una herramienta de justicia social sin comprometer el desarrollo empresarial ni el empleo.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
