Por: Óscar Prada/ El pasado miércoles, el presidente firmó el Decreto 639 de 2025, en el que convoca a los colombianos a las urnas el 7 de agosto para votar la consulta; sin embargo, el Senado no la avaló.
Dentro de los escudos del ejecutivo están las irregularidades presentadas en la votación del Senado, que desató el concepto desfavorable a la consulta popular. Ello es permiso suficiente para que Petro en su sentir desafíe el sistema democrático.
Sin ánimos de dejarse vencer el presidente se atribuye facultades judiciales, al inaplicar el acto del Senado por inconstitucional, y expedir en su defecto el mencionado Decreto. Aquel movimiento presidencial fue bautizado como el decretazo.
¿Ilegalidad a la vista?
Sin dar más vueltas, el decretazo es abiertamente ilegal; ya que omite el concepto favorable del Senado; igualmente, la fecha de convocar a las urnas no puede fijarse sino posterior al pronunciamiento de la Corte Constitucional tal como lo indican los artículos 32 y 33 de la ley 1757 de 2015:
“Para convocar y llevar a cabo un plebiscito o una consulta popular nacional se requiere el concepto previo de la corporación pública correspondiente.”
“Dentro de los 8 días siguientes a la notificación del pronunciamiento de la Corte Constitucional o el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo (…) el presidente de la República (…) fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación del mecanismo de participación ciudadana.”
La norma es clara, no se necesitan estudios profesionales para percibir su violación. De manera manifiesta el presidente se salta la ley de forma grosera, pasando por encima del poder legislativo y judicial.
La separación de poderes ideada en el siglo XVIII se fue al traste con la expedición de un Decreto al margen de la ley. Por más loable que sea la causa, el fin no justifica los medios.
El desprecio a la ley
El debate de esta columna no es determinar si el contenido del Decreto o la reforma laboral en sí misma es conveniente o justa. El nudo está en el respeto a la ley.
Sectores que se sienten representados por los cambios que propone la consulta, en su sentir de justicia ven con buenos ojos que el procedimiento legal se evite por una causa loable.
Sin embargo, el que un presidente interprete la injusticia de una norma y omita su procedimiento, es la excusa perfecta para abusar de sus funciones y dejar la puerta abierta para que otros intenten lo mismo. Es una medida peligrosa a futuro.
Blandiendo la espada del bien común, el ejecutivo se atribuye el derecho de decidir lo que el pueblo quiere; pero saltándose los mecanismos que el pueblo mismo fijó en la Constitución y las leyes. Prima el querer sobre el deber.
En Colombia el desprecio por las leyes es endémico, dirigentes y políticos aman el sistema cuando la ley facilita sus deseos; en caso contrario las reglas son un estorbo y las subvierten. Esa apatía legal no distingue orientaciones políticas.
Es el caso del expresidente Uribe, en 2010, impulsó un referendo reeleccionista saltándose reglas de procedimiento. Aunque logró su aval en el Congreso, la Corte Constitucional lo tumbó por irregularidades en su trámite, al introducir modificaciones profundas en el texto que el 5% del censo electoral apoyó mediante firmas.
Si las leyes son consideradas injustas, no se pueden desconocer por el mero hecho de serlo. Requieren reformas o derogaciones; desconocerlas es debilitar el régimen constitucional.
En ese sentido, todo poder necesita controlarse; cuando un mandatario tiene el aval de la mayoría del pueblo dicho contrapeso se torna injusto; contrariamente los límites del poder son bien recibidos al momento de hacer oposición. Las reglas son una garantía para la democracia y el equilibrio del poder.
El éxito de un sistema político radica más en el respeto por sus reglas que en su diseño en sí. Sin importar si es derecha o izquierda, o si la causa es justa o injusta, los límites al poder y los procedimientos legales se deben respetar como pilares de un sistema democrático.
¿Políticamente correcto?
Por otra parte, la audacia de un mandatario es saber leer los momentos oportunos para realizar sus movimientos. En este caso el enceguecimiento es abismal.
El gobierno actual afirmará que dada la oposición que ostenta desde su inicio, ningún momento le es favorable y adelantará a como dé lugar sus reformas.
No obstante, el descontento a la gestión presidencial para apaciguar la crisis del sistema de salud y la retoma de un orden público manifiestamente fuera de control, no propician un ambiente oportuno para adelantar la consulta en cuestión.
Quizás la mayor debilidad del gobierno es hacer que una oposición con argumentos políticos tan superfluos tenga la razón. El desasosiego por no sentirse vencido políticamente, nubla su raciocinio.
El Decretazo es un manjar irresistible para los sectores del conservadurismo recalcitrante. Es el epitafio de los movimientos alternativos a las elecciones de 2026.
Ahora bien, medios tradicionales de comunicación lo denominan como un golpe frentero a la democracia; y aunque suene a frase de cajón, tienen razón. La contrariedad legal del Decreto es evidente.
De manera previsible la Corte Constitucional lo declarará inconstitucional por violar la norma, y Petro al estilo de su némesis dirá que la justicia es su enemiga política y que está en contra del pueblo.
El presidente se arroga el poder de decidir cuando las leyes no tienen vocación de obedecerse. Anteponiendo sus deseos, se salta las reglas para evitar su frustración política. Pierde de vista que su actuar hace añicos la democracia que dice defender. Obedecer la ley no es una opción, es un deber.
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*Estudiante de Derecho
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