La estrategia de “autoseguridad” del Centro Democrático para el 2026

Por: Fernando Ibarra Martínez/ En las últimas semanas, un sector que dominó el país por más de dos décadas ha intensificado sus ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, esta confrontación no es nueva; desde la firma del Acuerdo de Paz, el Centro Democrático se ha opuesto a la creación de mecanismos de justicia transicional que permitan esclarecer, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el conflicto armado. Esta vez, la controversia surge de las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien, con su inconfundible estilo, ha denunciado que la JEP «quiere acabar con el Ejército colombiano», y por ello propone su eliminación en el próximo gobierno[1].

¡Por supuesto señor expresidente que quieren acabar con el Ejercito! Porque, según su lógica, investigar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos por altos mandos militares no puede ser otra cosa que un atentado contra la institución misma. Si un soldado, policía o cualquier otro uniformado asesina un civil, el problema no es el crimen, sino la justicia que lo señala. Eso sí, y para culminar su magistral postura, Uribe afirma que, si se comprueban esos delitos cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, la pena máxima para un uniformado debería ser de cinco años[2].

Con esta afirmación, ¿realmente la mayor preocupación del expresidente es la imagen de las FFMM, o hay algo más de fondo? Difícilmente alguien en Colombia puede creer que la existencia del Ejercito está en riesgo porque se busca esclarecer cómo y por qué miles de inocentes fueron asesinados en su nombre. Lo que está verdaderamente en juego es la responsabilidad detrás de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, presentados como bajas en combate para inflar estadísticas entre 2002 y 2008[3]

La pregunta no es si el Ejército está amenazado por la justicia, sino quiénes y con qué propósito convirtieron la muerte en una política de Estado. Lo ocurrido no fue un error sino más de 6400 “errores”, lo que evidencia que no fue algo circunstancial sino el resultado de una estrategia estructurada desde el alto mando, donde se instauró un sistema de incentivos perversos que premiaban los resultados letales, sin importar si las víctimas eran realmente combatientes o no. Como diría el general Mario Montoya en su momento “Las bajas no son lo más importante, son lo único”[4].

Así como Pablo Escobar puso precio a la vida de los policías entre 1989 y 1992, el Ejercito hizo lo mismo con los civiles, convirtiendo la guerra en un macabro mercado de decesos. Según Human Rights Watch, en 2006 el Estado pagaba hasta 30 millones de pesos por la muerte de seis supuestos enemigos[5], lo que equivalía a 5 millones por cabeza. En otras palabras, entre 2002 y 2008, los colombianos terminamos pagando más de 32 mil millones de pesos por la ejecución de 6.402 civiles inocentes. ¡Hágame el favor!

Esta política, respaldada por superiores obsesionados con demostrar «éxitos militares», llevó a que brigadas enteras compitieran por ver quién asesinaba más «enemigos». Se ofrecían permisos, ascensos y premios a quienes reportaran bajas, no se premiaba la captura ni la inteligencia militar, solo los cadáveres.

No es la primera vez que se acusa a la JEP de «perseguir a los militares». Sin embargo, los soldados rasos que ejecutaron las órdenes no diseñaron esta política; las directrices vinieron desde la cúpula. La JEP no pretende destruir al Ejército, sino depurarlo de aquellos que lo utilizaron para cometer crímenes atroces.

Ante este panorama, surgen preguntas que deberíamos hacernos todos los colombianos:

¿Deben todos los uniformados cargar con las consecuencias de las decisiones y estrategias de sus superiores?

¿Acaso el honor y el legado de una institución no deberían estar por encima de un general, un coronel o incluso del comandante supremo de turno?

Ante el discurso del expresidente Uribe sobre la supuesta persecución de la JEP contra una institución en particular, resulta evidente su intento de dividir al país entre quienes apoyan a las Fuerzas Militares y quienes, según su narrativa, no lo hacen. No obstante, la verdadera discusión no debería girar en torno a lealtades políticas, sino en la necesidad de esclarecer los hechos que han manchado nuestras instituciones y debilitado su legitimidad.

La insistencia en proteger a los uniformados condenados contrasta con la severidad con la que, desde ese mismo sector, se ha exigido castigo ejemplar para otros actores del conflicto, como los exguerrilleros. Si la justicia solo es válida cuando no incomoda a ciertos sectores, entonces no es justicia, es privilegio, y más aún cuando esos sectores operan dentro del marco de un Estado social de derecho.

Las instituciones del Estado, sin importar el gobierno de turno, no pueden ser utilizadas como escudos para encubrir crímenes. El principal enemigo del Ejercito no es la justicia, sino la impunidad. No se puede afirmar que un uniformado que cometió un asesinato merezca una pena máxima de cinco años y, al mismo tiempo, pretender que eso es justicia.

¿Acaso esta postura no busca generar afinidad con ciertos sectores de la sociedad para, más adelante, justificar la reducción de penas a quienes realmente dieron las órdenes?

Si la verdad resulta incómoda, expresidente, la solución no es silenciarla como siempre, esta vez en el 2026.

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*Historiador y Archivista, Especialista en Gerencia de Proyectos. Líder y asesor en proyectos archivísticos y de gestión documental. 

Instagram: @fibarramz

X: @feribarramz

LinkedIn: Fernando Ibarra Martinez

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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[1] Caracol Radio. (febrero de 2025). “La JEP quiere acabar con el Ejército colombiano”: expresidente Uribe. Caracol Radio

[2] Infobae. (febrero de 2025). Álvaro Uribe se reunió con generales retirados: asegura que busca crear una robusta estrategia de seguridad de cara a las elecciones del 2026. Infobae

[3] DeJusticia. (septiembre de 2023). Los falsos positivos, la JEP y Uribe. DeJusticia   

[4] VerdadAbierta. (septiembre de 2017). “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya. VerdadAbierta

[5] Human Rights Watch. (noviembre de 2018). Cómo funcionaban los incentivos perversos detrás de los falsos positivos. Human Rights Watch