A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, y luego de sostener una reunión con representantes de 23 organizaciones sociales, comunales y de pequeños mineros de la provincia de Soto Norte (Santander), la Defensoría del Pueblo rechazó la estigmatización y las “amenazas contra campesinos y campesinas, mineros, líderes y lideresas sociales, periodistas y diferentes defensores y defensoras del ambiente de Soto Norte y Bucaramanga, en Santander”.
En su comunicación, la Defensoría afirmó que “reiteramos nuestro rechazo a la estigmatización y ratificamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de manera imparcial, promoviendo el liderazgo social y los espacios de diálogo”.
El pronunciamiento de la institución se dio, luego de que las organizaciones que representan a más de 1.500 habitantes de los municipios de California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y Bucaramanga publicaran una ‘carta abierta a la opinión pública y a la Defensoría del Pueblo, en la que expresan su preocupación por los discursos ´de grupos activistas que han venido estigmatizando a sus comunidades, líderes y autoridades locales, y por pronunciamientos previos de la Defensoría que desconocían la realidad del territorio.
Justamente, la Defensoría reconoció en su comunicación que “escuchamos el llamado sobre los pronunciamientos en relación con notas sobre estigmatización”, y “en reunión con lideresas, líderes campesinos y mineros, ampliamos nuestra comprensión sobre sus tradiciones y expectativas sobre la realidad de su territorio. Trabajaremos con Personerías de la provincia de Soto Norte, en Santander, para desescalar la conflictividad social entre mineros, campesinado y ambientalistas”.
En la carta abierta publicada, los habitantes de Soto Norte denunciaron que, desde hace más de 15 años, las comunidades mineras de Soto Norte han sido víctimas de señalamientos, exclusión y estigmatización por parte de comités activistas con intereses políticos y electorales, que falsamente han señalado a los pobladores de la provincia de ser una amenaza para el ambiente.
“Este es un mensaje esperanzador para nuestros pueblos. Por años hemos sido injustamente señalados y excluidos solo por ejercer una vocación minera que ha existido en nuestros territorios y que han realizado nuestras familias desde hace más de cuatro siglos. Hoy celebramos que la Defensoría haya escuchado nuestras voces y haya comprendido que también merecemos respeto, dignidad y garantías”, expresó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas.
Por su parte, Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte, afirmó que “el ánimo conciliador del señor Defensor del Pueblo, permitió llegar a acuerdos de trabajo importantes, a acciones para frenar, evitar y llevar al diálogo el ambiente de señalamientos que ha venido dándose entre los usurpadores del páramo o autodenominado Comité, y los líderes más representativos de la provincia de Soto Norte y de gran parte de Santurbán. Agradecemos a la Defensoría del Pueblo seccional Santander por permitir estos espacios de diálogo, y continuaremos trabajando con las autoridades que han sido garantes de procesos complejos como la delimitación del páramo de Santurbán, la zona de reserva temporal y la formalización minera.”
Para las comunidades firmantes, este reconocimiento público de la Defensoría del Pueblo representa un avance importante hacia la dignificación de su oficio y una oportunidad para sanar heridas sociales que se han profundizado por la falta de diálogo y la imposición de discursos unilaterales, al reconocer que la minería ha sido, por generaciones, una forma de vida tan legítima y arraigada como cualquier otra actividad económica del territorio.
“Nuestras comunidades no pueden seguir siendo presentadas como enemigas del agua, del páramo o del ambiente. Nos han golpeado, nos han intimidado en eventos públicos, incluso han logrado que se nos violen derechos fundamentales o que se nos nieguen oportunidades laborales y académicas por haber nacido en un territorio de vocación minera. Esa narrativa ha causado fracturas profundas en la convivencia. Somos nosotros quienes allí vivimos y cuidamos estos territorios y trabajamos cada día por una minería formal, legal y sostenible”, agregó González.
Las organizaciones sociales, agrícolas, mineras y comunitarias de Soto Norte recordaron que en la misma Defensoría del Pueblo reposan múltiples denuncias formales de líderes y organizaciones de Soto Norte y Bucaramanga, en las que se evidencia la persecución que han sufrido, y anunciaron que viajarán a Bogotá para presentar, en la sede central de la defensoría, las pruebas audiovisuales, testimoniales, y documentales que sustentan la campaña sistemática de estigmatización ejercida por comités políticos y activistas que se aprovechan de no tener personería jurídica ni representación legal, para cometer señalamientos que incluso podrían configurar delitos penales.
