Por: Erika Bayona López/ Durante más de 40 años, una familia del Huila ha visto cómo su predio ha sido explotado sin consentimiento ni pago justo, mientras la empresa evade sus responsabilidades legales y sociales mediante ocupaciones ilegales, incumplimientos reiterados y maniobras jurídicas dilatorias. La historia de esta familia, marcada por la resistencia y la dignidad, nos obliga a mirar más allá de las cifras y los discursos institucionales.
En paralelo, Ecopetrol destina millones de dólares a maquillar la imagen de sus ejecutivos, como el gerente Ricardo Roa Barragán —vinculado incluso a campañas políticas, incluyendo la del actual presidente Gustavo Petro—, mientras se niega a reconocer una deuda histórica con esta familia. La incoherencia entre sus declaraciones de responsabilidad social empresarial y su accionar en terreno es escandalosa. El caso no es una excepción; es un espejo de la desprotección que enfrentan cientos de familias cuando sus derechos entran en conflicto con los intereses del poder económico y estatal.
Este no es un caso aislado. Es un reflejo de las profundas fallas en la protección de los derechos ciudadanos frente al poder desmedido de las instituciones estatales y las grandes corporaciones. Una alerta nacional que resuena más allá de una sola familia, porque en Colombia la historia se repite con demasiada frecuencia.
Un caso que retrata el abuso de poder estatal
El predio en disputa está ubicado en la vereda San Andrés, municipio de Neiva (Huila), y pertenece a la familia Ramírez desde 1947. En los años 80, Gustavo Ramírez Losada firmó con HOCOL S.A. acuerdos de Uso y Ocupación con la promesa de que toda infraestructura permanente sería compensada mediante escrituras públicas de servidumbre. Sin embargo, estas promesas nunca se cumplieron.
En 1994, la reversión de la Concesión Neiva 540 a Ecopetrol marcó el inicio de una serie de atropellos. Sin firmar nuevos acuerdos ni pagar compensaciones, Ecopetrol tomó posesión de cerca del 30% del terreno familiar y ha explotado el predio con infraestructura propia sin remunerar a los legítimos herederos de Gustavo Ramírez. Esta apropiación no ha sido solo territorial, sino también simbólica, al vulnerar el sentido de pertenencia, la historia y la memoria que esta familia guarda sobre su tierra.
Vías de hecho, no de derecho
La Constitución Política de Colombia es clara: nadie puede ser privado de su propiedad sin compensación previa, justa y legal (Art. 58). Sin embargo, Ecopetrol ha actuado por vías de hecho, ingresando sin consentimiento, sin licencias ambientales visibles, violando la intimidad y la paz familiar, y burlando el debido proceso. El Estado, que debería proteger al ciudadano, ha permanecido en silencio o ha actuado como cómplice pasivo.
Durante el proyecto Dina-T – Palogrande, se hicieron promesas verbales para permitir la entrada de maquinaria y perforación de pozos. El pozo más productivo nunca fue compensado. La empresa se excusó alegando falta de pruebas. Se apropiaron de la confianza depositada por la familia y la convirtieron en herramienta de abuso. ¿Qué más prueba necesita una empresa estatal para actuar con ética?, Esto no solo es un incumplimiento: es una conducta dolosa. La buena fe de la familia fue instrumentalizada para consolidar una ocupación ilegítima que hoy pretenden legalizar mediante amenazas y presiones judiciales.
Engaño tras engaño: la estrategia de desgaste
Desde 2022, Ecopetrol ha empleado argucias jurídicas para intentar condicionar a la familia en un proceso judicial que la empresa misma enfrenta. La familia ha sufrido una estrategia sistemática de desgaste institucional: promesas incumplidas, argumentos legales confusos, negociaciones falsas y amenazas de juicios prolongados y costosos. Se trata de una técnica clásica de los grandes litigantes: agotar al adversario hasta forzar una rendición.
En diciembre de 2024, Ecopetrol ofreció pagar la deuda pendiente a cambio de que la familia retirara la demanda. Sin embargo, tras seis meses de negociaciones agotadoras y sin resultados, la empresa declaró en 2025 que no asumiría responsabilidades futuras, afirmando que todo estaba saldado y que no habría compensación adicional, pues controlan prácticamente todo el terreno. La única alternativa que plantearon fue iniciar un nuevo proceso judicial, con la carga emocional y económica que esto implica para una familia sin respaldo legal.
Mientras tanto, los daños ambientales —deforestación, pérdida de fuentes hídricas, fragmentación de ecosistemas y suelos— han sido ignorados. No hay licencias ni estudios de impacto visibles; prevalece la opacidad y el desinterés por el territorio. Las familias no solo pierden tierra, también pierden salud, seguridad alimentaria y calidad de vida. El silencio de las autoridades ambientales no es casual: se traduce en complicidad.
Avalúos amañados y servidumbres impuestas
Los avalúos hechos por peritos de Ecopetrol subestiman artificialmente el valor del terreno, sin considerar los impactos ambientales ni sociales. No se reconocen los daños al ecosistema ni los efectos sociales que derivan de sus acciones. El argumento económico es utilizado de forma selectiva y cínica, para pagar menos de lo justo, mientras se invierte generosamente en propaganda institucional.
En 2014, Ecopetrol envió una carta con condiciones jurídicas cuestionables, buscando evadir responsabilidades. Más recientemente, intentaron perforar un nuevo pozo sin acuerdo alguno. Ante la oposición de la familia, impusieron servidumbre mediante proceso judicial. Este proceso ha estado marcado por todas las dilaciones habituales usadas para prolongar indefinidamente los procedimientos sin dar solución oportuna. Sumado a las moras propias del sistema judicial, estas tácticas parecen diseñadas para eternizar el conflicto y agotar emocional y económicamente a la familia. Así opera el poder: no con argumentos, sino con intimidación.
Mientras tanto, Ecopetrol gasta millones en limpiar su imagen, y nada en justicia.
El mismo equipo jurídico que alega falta de presupuesto para pagar a esta familia aprobó 5,875,000 dólares para mejorar la imagen del gerente Ricardo Roa Barragán, involucrado en escándalos políticos. ¿Cómo se justifica que haya dinero para propaganda y no para reparar décadas de abuso? No es solo incoherencia: es corrupción institucionalizada.
¿Hasta cuándo la impunidad?
Ecopetrol no está por encima de la ley. Su conducta en este caso configura enriquecimiento sin causa, violación de derechos constitucionales y posible peculado por omisión. La familia Ramírez no pide favores: exige lo que le corresponde por derecho y dignidad. ¿Hasta cuándo la institucionalidad seguirá siendo cómplice del despojo?
Un llamado urgente
Este caso debe ser escuchado por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Congreso, y los organismos internacionales de derechos humanos. Porque cuando el Estado se convierte en agresor, el silencio se vuelve complicidad. Las instituciones no pueden seguir ignorando el clamor de las comunidades afectadas por la extracción de recursos sin reglas claras ni respeto por los derechos humanos.
Los derechos a la propiedad privada, al buen nombre, a la intimidad y al debido proceso no son negociables. Lo que hoy está ocurriendo en Huila es un reflejo de lo que puede pasarle mañana a cualquier colombiano si permitimos que el poder del Estado se imponga sin control y sin límites.
Ecopetrol se autodenomina “el buen vecino”, pero en San Andrés actúa como invasor. No es un caso aislado. Es una alerta para todo propietario rural, para toda familia que aún cree en la justicia.
Que el país lo sepa
Esta historia no se va a quedar en el silencio. Este abuso debe circular, compartirse, denunciarse y amplificarse. Porque cuando una familia lucha sola contra un Estado blindado de abogados y mentiras, el deber moral de la sociedad es ponerse de su lado. Si permitimos que una empresa estatal despoje impunemente a una familia, mañana ningún ciudadano estará a salvo. Este caso no es solo de Huila, es de Colombia entera.
Colombia no puede seguir aceptando el abuso como norma. No más servidumbres impuestas. No más vías de hecho. No más impunidad para los que violan la ley desde el poder.
- No más servidumbres impuestas.
- No más ocupaciones ilegales.
- No más silencio institucional.
- No más impunidad.
Fundamento legal
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 58, establece que la propiedad privada no puede ser vulnerada sin compensación justa y previa. La Ley 1274 de 2009 y otras normativas del sector petrolero exigen que toda servidumbre esté acompañada por escritura pública y una indemnización equitativa.
Ecopetrol ha incumplido sistemáticamente estas normas, alegando prescripción de servidumbres activas y tergiversando el marco jurídico para justificar la ocupación. Ha condicionado pagos a requisitos sin fundamento legal, como el desenglobe predial, para evadir sus obligaciones.
Elementos de la reclamación: el detalle de la injusticia
- Negación a firmar nuevas servidumbres tras la reversión del contrato con HOCOL.
- Falta de pago por múltiples infraestructuras aún activas.
- Entradas no autorizadas al predio para nuevos pozos sin concertación ni compensación.
- Avalúos amañados que minimizan impactos.
- Amenazas de servidumbre por vía judicial, sin voluntad real de negociación.
- Contaminación ambiental que afecta fuentes hídricas, suelos, aire y vida familiar.
- Vulneración constante a la intimidad y seguridad del hogar, incluyendo episodios de extorsión y hurto.
Testimonio humano: cuando la ley no alcanza
Quien defiende su tierra, defiende su historia. La finca de la familia Ramírez no es solo un terreno: es hogar, herencia, memoria y orgullo. Mientras Ecopetrol cuenta con el respaldo de un Estado poderoso, la familia resiste con firmeza, apoyándose en su fe en la justicia y en sus derechos ciudadanos, enfrentando la adversidad prácticamente sola.
Su lucha no se trata únicamente de propiedad; se trata de dignidad. De no permitir que una multinacional estatal borre con maquinaria y silencio lo que generaciones levantaron con esfuerzo. Se trata de permanecer en pie, aunque todo parezca diseñado para desgastarlos. De conservar la esperanza, aun cuando la institucionalidad parezca sorda. Esta familia no está pidiendo favores, está exigiendo lo que en derecho les corresponde. Y en esa exigencia, representan a miles de colombianos que se enfrentan a la desigualdad de poder entre ciudadanos comunes y grandes corporaciones. Su historia merece ser contada, no solo por lo que denuncia, sino por lo que inspira: resistencia, amor por la tierra y la convicción profunda de que la justicia, aunque tarde, debe llegar.
Ecopetrol: el discurso y la realidad
Ecopetrol se presenta como empresa responsable, comprometida con el desarrollo sostenible y “el buen vecino”. Se jacta de sus programas de desarrollo sostenible, participación comunitaria y respeto por el medio ambiente. Pero en San Andrés actúa como invasor: se niega a pagar, impone condiciones unilaterales, ignora daños y pretende justificar lo injustificable. Ha impuesto, ha violentado, ha ignorado.
¿Cómo se explica esta contradicción ética y legal, cuando el equipo jurídico que alega no tener presupuesto para compensar a esta familia aprobó casi seis millones de dólares para propaganda? ¿Cómo puede una empresa estatal actuar como si estuviera por encima de la Constitución, sin que ninguna entidad de control intervenga? Esta incoherencia no puede seguir normalizándose.
Un llamado a la acción
Este caso no puede quedarse en los escritorios del olvido. Debe ser escuchado por la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Congreso, y organismos internacionales de derechos humanos. Porque lo que está en juego no es solo un predio, sino la confianza en las instituciones, la dignidad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales.
Es momento de que la sociedad civil también alce su voz. La lucha por la justicia no puede recaer únicamente sobre los hombros de una familia; requiere respaldo colectivo y exigencia social.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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