El pulso entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Congreso de Colombia sumará esta semana un capítulo decisivo. El Senado definirá la suerte de la reforma laboral, una de las principales banderas del Ejecutivo, aunque al presidente no le agrada del todo el texto que está por votarse.
Tras aprobar 57 artículos el jueves pasado, la plenaria debate este lunes sobre los 19 que faltan. Va a contrarreloj: el viernes termina la legislatura. La iniciativa puede hundirse, tanto por falta de tiempo como por votos negativos, y si ello ocurre el mandatario sumará argumentos para justificar su convocatoria a una consulta popular que sortee los obstáculos del Legislativo.
Pero, por ahora, los números son favorables a la aprobación del proyecto. Si eso se concreta, el Congreso le quitará oxígeno al llamado a las urnas del Gobierno.
La consulta popular y la reforma laboral son dos caras de una misma moneda desde hace varias semanas. El Ejecutivo propuso que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre 12 preguntas de derechos laborales tras el hundimiento de su proyecto de ley al respecto en marzo.
El Senado rechazó la propuesta, pero revivió la reforma. El presidente, en tanto, optó por presentar una segunda propuesta de consulta popular y luego por convocarla por decreto, algo que produce críticas sobre su validez.
El Gobierno ve el llamado a las urnas como una forma de mantener la presión sobre el Congreso para lograr un resultado favorable. “Es el seguro de vida de la reforma laboral”, ha comentado varias veces el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La gran incógnita es si la reforma del Congreso será similar a la que quería el Gobierno. Al principio, el Ejecutivo parecía satisfecho con el trámite legislativo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró a finales de mayo su aprobación en penúltimo debate en la Comisión Cuarta del Senado y destacó “el gran esfuerzo” del Legislativo. “Es un Congreso totalmente distinto del que me habían hablado”, destacó.
Los senadores habían cedido en dos puntos neurálgicos: un aumento del 75% al 100% de los recargos por trabajar domingos y festivos, y la ampliación de la jornada nocturna para todas las empresas, incluidas las micro y las medianas.
Sin embargo, el presidente y sus aliados pronto mostraron su inconformidad. Comenzaron a señalar que, más allá de esas dos victorias, el proyecto tenía demasiados cambios y que se había desvirtuado. “No es mi reforma laboral”, dijo Petro.
La bancada del Pacto Histórico, el partido del Gobierno, votó en contra de la ponencia presentada el miércoles en el Senado.
“Hoy quedan en evidencia sus verdaderas posturas: impulsar una reforma laboral recortada y alineada con los intereses de los poderosos”, evaluó la senadora María José Pizarro, del oficialismo, en X.
El Ejecutivo y sus aliados cuestionan que se les haya quitado el carácter laboral a los contratos de los practicantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): los estudiantes ya no accederán a primas o cesantías. También rechazan un artículo que posibilita que los trabajadores de tiempo parcial cobren sus primas y cesantías por adelantado.
El presidente considera que esta modalidad de trabajo, existente desde hace décadas, es “neo-esclavismo” porque los empleados no trabajan lo suficiente para cobrar el salario mínimo de una jornada completa. Ha compartido una convocatoria para llevar a cabo plantones en todo el país durante la sesión del Senado de este lunes: “Por la consulta popular y la reforma laboral del Gobierno del cambio. No a las medidas regresivas de la contrarreforma”.
La oposición y los independientes, por su parte, defienden que las modificaciones son menores y aseguran que al mandatario ya no le importa la reforma, sino solo la consulta popular por la posibilidad de usarla para movilizar a sus simpatizantes de cara a las elecciones de 2026.
Angélica Lozano, principal promotora del texto aprobado de la Comisión Cuarta, cuestionó el jueves a la senadora Pizarro por alegar que el proyecto actual se alinea con los intereses del empresariado.
“Puedes engañar a la fiel militancia del Pacto (Histórico) que les cree lo que ustedes dicen. La reforma tiene muy pocas diferencias -legítimas- con lo aprobado en Cámara”, comentó. Es decir, con lo que quiere el presidente. Para Lozano, la intención de Petro de decretar una convocatoria a una consulta popular es una “innecesaria presión en modo golpista”.
Ambas partes tienen algo de razón. El texto que llegó a la plenaria del Senado modera sustancialmente algunas ambiciones del Gobierno. Elimina, por ejemplo, la extensión de las licencias de paternidad de dos semanas a cuatro, y limita las licencias por ciclos menstruantes incapacitantes a aquellas personas que tienen un diagnóstico de endometriosis.
Sin embargo, el proyecto no revierte derechos ya existentes en la legislación actual, como insinúa el Ejecutivo. Los estudiantes del SENA seguirán con los actuales contratos de aprendices, pero tendrán aumentos en sus apoyos económicos y sumarán aportes pensionales. Asimismo, las dos versiones impiden que los contratos a término fijo se sigan renovando indefinidamente, así haya diferencias respecto al tope máximo —el Pacto Histórico quería dos años y la Comisión Cuarta lo fijó en cinco—.
Los últimos cambios
El debate en la plenaria la semana pasada tuvo éxitos y derrotas para el Pacto Histórico. La bancada logró la reducción de cinco a cuatro años en los topes que deberán respetar los contratos a término fijo, y la eliminación de una prima extralegal que propuso la oposición para las empresas con alto crecimiento económico —el beneficio a los trabajadores se otorgaba a cambio de exenciones fiscales—.
Falló, por otro lado, en recuperar la ampliación de las licencias menstruantes a más personas y no solo a las que tienen un diagnóstico de endometriosis. También en recuperar una modalidad de contrato agropecuario que buscaba formalizar a millones de campesinos. “Nos podríamos estar acercando a la aprobación de una contrarreforma”, evaluó la representante petrista María Fernanda Carrascal.
Las mayores diferencias están en los 19 artículos que quedan por debatir. Incluyen los contratos del SENA y el apartado sobre las primas y cesantías para trabajadores de tiempo parcial. También están los contratos sindicales, una figura que permite que los empleadores negocien la ejecución de un servicio u obra con las agrupaciones de trabajadores y que ha dado lugar a todo tipo de abusos.
El Pacto Histórico quiere reincorporar una prohibición a estas prácticas que estaba en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes y que la Comisión Cuarta eliminó. La oposición, por su parte, buscará excluir a las pequeñas y medianas empresas del pago de la jornada nocturna. El último partido de la reforma laboral promete ser largo, pero el balón de los trabajadores está sin duda esta semana en el Senado.
