Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ Si participa en una marcha, lo señalan de vándalo; si se queda en casa, lo tachan de borrego. Si vota, lo acusan de haber vendido el país; si no lo hace, de ser cómplice por omisión.
Y si le va bien, de seguro —dicen— es porque tiene palanca. Así no se construye una nación: así se levantan muros, trincheras, bandos. La conversación pública se ha convertido en un campo minado donde las ideas no se debaten, se atacan; donde no se escucha, se señala. Y después, con cara de sorpresa, nos preguntamos por qué seguimos atrapados en el mismo laberinto de siempre.
Y esta enfermedad no solo la cargan los partidos tradicionales, esos ya son veteranos en el arte de dividir y reinar. Lo grave es que también la padecen los supuestos nuevos partidos, los que nacieron desde 1990 prometiendo un nuevo país y terminaron calcando los mismos vicios. ¡Y peor aún! Con discursos de redentor, se han dedicado a instrumentalizar las protestas y a usar el dolor de la gente como trampolín electoral, convirtiendo la política en un reality de leales y traidores, en donde si no piensas como el líder, te excomulgan de la «causa».
Los partidos afines al actual gobierno han venido consolidando una forma de hacer política que no tolera la diferencia. Han transformado las redes sociales en trincheras ideológicas, donde cualquier opinión contraria no solo se desacredita, sino que se persigue. Se ha vuelto habitual ver campañas de sabotaje, insultos y hasta desacreditación y calumnias en contra quienes piensan distinto, campañas que muchas veces incluyen ataques personales y hasta la invasión de la vida privada.
Esta dinámica se ha intensificado desde la llegada del llamado “gobierno del cambio”, en el que se ha llegado a tratar a congresistas como delincuentes, y se ha intentado coaccionar o desacreditar a las ramas del poder judicial y a las instituciones públicas y todo justificado desde la corrida de las líneas éticas en la estrategia electoral.
El discurso oficial, muchas veces replicado por una ciudadanía emocionalmente manipulada, pobre y necesitada, ha posicionado al Congreso, empresarios, a las cortes e incluso a los medios como enemigos del pueblo. Esto resulta especialmente peligroso en un país donde las instituciones apenas sobreviven con los recursos y la legitimidad que les queda.
Aún más grave es que los sectores afines al gobierno han promovido una retórica de odio disfrazada de pluralismo. Organizan espacios “abiertos” que, en la práctica, sólo permiten la participación de quienes piensan igual. Quien se atreve a discrepar es acusado de ser burgués, infiltrado o hasta espía de la CIA, como si estuviéramos aún en plena Guerra Fría.
Todo esto ocurre mientras se impulsan reformas sociales a las malas, sin diálogo ni pedagogía, generando incertidumbre económica y profundizando los problemas de empleo y productividad. En lugar de construir puentes, se dinamitan los pocos que quedan.
Y lo más preocupante es que esta lógica de exclusión y señalamiento no viene solo desde el poder formal, sino también desde sus bases, convencidas de que callar al otro es una forma legítima de defender sus causas. Pero defender una causa desde la violencia simbólica, desde la intimidación y el insulto, no es revolución: es fanatismo.
No es ajeno a eso el llamado Pacto Histórico ni sus aliados, que han hecho de la eliminación moral y política de sus propios compañeros un deporte nacional. Allí no hay debate, hay lapidación. Son sicarios del alma ideológica, donde la disidencia se paga con el destierro, y el pensamiento crítico se trata como si fuera sabotaje. ¡Y después hablan de pluralismo!
Esta semana, un trino encendido puso a Bucaramanga en el centro de la discusión. Se habló de paramilitares, de supuestos salvadores de la seguridad, y se mezcló todo con un poco de historia de comuneros, como para adornar con heroísmo lo que es una evidente estrategia de señalamiento. Porque parece que ahora disentir, protestar o incluso quedarse callado ya es motivo para sospechar.
Y entonces uno se pregunta: ¿es que acaso solo se puede marchar si se hace bajo las banderas del gobierno? ¿Solo se puede protestar si se repite el libreto oficial? Porque eso de que las marchas «buenas» son las que aplauden y las «malas» las que critican, ya lo habíamos visto antes. Y nos costó mucho superarlo.
En Bucaramanga no marcharon paracos, marchó el pueblo. Marcharon los que sienten miedo por la inseguridad, los que están cansados de vivir entre homicidios y extorsiones, los que ven cómo los liderazgos comunitarios se apagan a punta de balas. No marcharon para pedir tanques, marcharon para pedir que no los sigan matando. Y eso no debería tener color político, eso es humanidad.
Pero el cuento está armado para que todo el que no crea se convierta en objetivo. Y eso no es nuevo. Es tan viejo como las dictaduras, pero más elegante. Ahora no se censura con decretos, sino con hashtags. No se calla con fusiles, sino con insultos disfrazados de discursos de justicia.
Es lamentable que desde algunos sectores de la izquierda colombiana, y en especial desde las narrativas oficiales del gobierno actual, se insista en estigmatizar a los santandereanos, tratándonos como si fuésemos representantes del paramilitarismo.
Esa ligereza, peligrosa y temeraria, desconoce el profundo daño que ha causado el conflicto armado en nuestro país: miles de muertes, asesinatos selectivos e incluso magnicidios han nacido de discursos como ese, que reducen a las regiones a etiquetas cargadas de odio.
Santander no se ha construido con armas ni con ideologías extremas. Aquí el desarrollo ha nacido del carácter, de la autonomía, del trabajo honesto. No es casualidad que muchas de las transformaciones económicas y sociales del país hayan entrado por el nororiente colombiano: el café, la energía eléctrica, la industria petrolera en Barrancabermeja, el turismo, y más recientemente, la exportación agrícola hacia Estados Unidos, Europa e Israel.
Aquí no hay «bacrim» disfrazada de emprendimiento. Lo que hay son jóvenes creando empresa, universidades que forman ciudadanos críticos y un ecosistema empresarial que, a pesar del abandono estatal, ha logrado posicionarse incluso a nivel internacional. Bucaramanga no se ganó el título de ciudad universitaria por decreto, sino por mérito. Y no es casual que el Instituto Colombiano del Petróleo tenga su sede aquí, donde también florecen procesos de investigación que no necesitan pancartas, sino resultados.
Estigmatizar a Santander es desconocer su historia. Aquí no vivimos de subsidios ni de discursos populistas: vivimos del trabajo. Acusar a una región entera de ser «paramilitar» porque no comparte la narrativa oficial, porque marcha por la paz o cuestiona al gobierno, es irresponsable y profundamente ofensivo. No se puede sembrar odio para cosechar votos.
Santander es más que un capítulo oscuro del conflicto. Es un territorio que le aporta al país con esfuerzo, inteligencia y tenacidad. Y si desde el centro del poder no quieren reconocerlo, desde aquí seguiremos construyendo, aunque sea con las uñas, porque esa es nuestra forma de resistir: trabajando.
Y si vamos a hablar de los trapos sucios del conflicto, hablemos de todos. Porque mientras se señala con el dedo a quienes alguna vez se alinearon con el orden, se ignora el horror cometido por quienes desde la insurgencia también llenaron de muerte al país. Los reclutamientos forzados, los secuestros, los carros bomba, el adoctrinamiento armado de las FARC, M19, ELN y demás derivaciones de la insurgencia de izquierda en Colombia. ¡También eso es terrorismo! Y también eso tiene responsables que hoy se sientan en curules como si nada hubiera pasado.
Esto no se trata de defender a unos ni de atacar a otros. Se trata de no tragar entero. De entender que el poder siempre ha tenido buena prensa, y que cuando la crítica incomoda, se la disfraza de amenaza. Y lo más grave es que los que ayer decían ser la resistencia hoy se comportan como los mismos contra los que luchaban.
No hay justicia cuando solo se escucha a los que aplauden. No hay paz si la crítica es sinónimo de traición. Y no hay democracia si hay que pensar igual para ser considerado ciudadano.
La historia de los comuneros no es un trofeo para adornar discursos. Es un llamado a recordar que la libertad se defiende con valentía, pero también con respeto. Que la rebelión contra la injusticia no puede convertirse en un nuevo dogma que reprime la duda.
Y por eso, a todos los que creen que estar con el gobierno es estar con el pueblo, les digo: el pueblo no es una consigna. No es un hashtag. No es un escenario. El pueblo son los que madrugan, los que pagan impuestos sin ver hospitales, los que caminan con miedo por su barrio, los que esperan un contrato que no llega. Y ese pueblo piensa. Y cuando piensa distinto, también merece ser escuchado.
Como decía Jaime Garzón: «Aquí lo que hay que hacer es bajarse del pedestal y ver el país desde la buseta». Porque desde el escritorio todo se ve muy revolucionario. Pero el hambre, la injusticia y el miedo no se tuitean. Se viven. Se sufren. Se enfrentan.
Y no, no somos paramilitares. Somos ciudadanos. Y eso debería ser suficiente para merecer respeto. Aunque pensemos diferente.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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