Por Aidubby Mateus/ Siendo claro el mensaje que envía la ciudadanía: la sensación de vivir tranquilos se está desmoronando. No se trata solo de cifras: es el reflejo de una fractura profunda entre la promesa del Estado de garantizar seguridad y la realidad que viven las comunidades en sus barrios, veredas y entornos cotidianos.
Esta percepción no solo es una alerta al Estado, que tiene la responsabilidad indelegable de proteger la vida y garantizar condiciones dignas para habitar el territorio; también es un llamado urgente a recuperar la confianza mediante un gran pacto social.
Un pacto donde cada actor haga lo que le corresponde, sin echarle la culpa a nadie, ni pensando en lo que ya pasó, sino con un compromiso real y articulación efectiva: desde la Presidencia de la República, la Gobernación de Santander, (sea a través de la estrategia de seguridad nacional o de una acción institucional unificada, pero trabajando en equipo con voluntad política), La policía Nacional, el Ejército Nacional y la rama judicial, hasta las entidades territoriales locales, líderes sociales, medios de comunicación, la academia y, por supuesto, la ciudadanía. Pues bien, reconstruir el tejido social no es tarea de unos pocos, es una causa común.
Por ello, cada gesto de solidaridad, cada espacio recuperado para el encuentro como parques, plazas, calles iluminadas, jardines, zonas deportivas y de juego en óptimas condiciones, salones comunales apropiados para el encuentro, cada red de apoyo que tejemos desde los barrios, veredas y corregimientos, es un acto de resistencia amorosa frente al miedo.
Ahora, el microtráfico no aparece de la nada. Es el resultado de una combinación peligrosa entre la exclusión social, la falta de oportunidades reales y la ausencia del Estado en zonas clave. En Santander, este fenómeno ha dejado de ser un asunto oculto para convertirse en una estructura visible que erosiona el tejido social, se alimenta de la desesperanza y convierte los barrios en territorios en disputa.
Detrás de cada punto de venta de droga hay una historia, juventudes sin futuro claro, fracturas y violencia familiar, y sobre todo, un sistema económico que no garantiza condiciones dignas de vida.
Esta economía ilícita no solo recluta menores y adolescentes, también penetra los entornos escolares, distorsiona las relaciones comunitarias y da lugar a redes criminales cada vez más organizadas. El microtráfico genera círculos de extorsión, amenazas, ajuste de cuentas, prostitución y desplazamiento silencioso, y todo esto ocurre a plena luz del día, ante la impotencia de una ciudadanía que siente que nadie la protege.
Es así como el microtráfico se convierte en el motor invisible de la inseguridad, pues alimenta la violencia, mina la convivencia y produce una sensación permanente de zozobra. Cuando una persona observa expendio de drogas junto a su parque o cruza una esquina donde alguien fue herido, el efecto emocional es inmediato y vinculante. Esa experiencia vivida destruye la estadística fría y alimenta la sensación diaria de inseguridad. El miedo no necesita estadística, necesita presencia institucional, acción efectiva y transformación del entorno.
Pero lo más grave no es solo el delito en sí, sino la normalización del miedo, que termina desmovilizando la participación ciudadana y fragmentando los lazos solidarios. Calles desiertas por las noches, vecinos que prefieren no hablar, negocios que bajan la cortina temprano… Todo eso refleja que el microtráfico no solo vende droga: vende miedo.
De esta manera, abordar este problema implica ir más allá de la represión. Requiere una estrategia integral que combine operativos sostenidos con programas sociales de reintegración, educación, cultura y empleo digno. Es una lucha que no se gana solo con la autoridad policial, sino también con maestras, madres líderes, trabajadores sociales y juntas de acción comunal empoderadas. Recordando nuestra humanidad, porque todos somos importantes, todos tenemos familia y un rol que desempeñar en la sociedad para aportar en su reconstrucción, y no somos una cifra somos humanos, y sentimos, nos duele, le duele a nuestra familia y seres queridos, porque también sentimos felicidad.
En ese orden de ideas, Santander no está condenado por el miedo, pero se requiere gestar la articulación entre seguridad, sociedad y gobernanza. Porque más importante que una cifra estadística, es la sensación de poder salir a la calle. Y esa tranquilidad, tan básica pero necesaria, hoy está en juego. Y sí es posible. Gracias a un Estado más presente, más justo y humano. Pero también se necesitan comunidades vivas, organizadas, empoderadas, capaces de transformar el miedo en esperanza y el dolor en propósito colectivo.
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*Embajadora internacional de mujeres inquebrantables, exalcaldesa Gámbita (Santander), Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras.
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