Por Aidubby Mateus/ Durante décadas, en Colombia se habló de la “apertura económica” como una promesa de modernidad. Nos dijeron que sería una oportunidad para integrarnos al mundo, para traer inversión, tecnología y nuevos mercados. Y aunque en muchos sectores industriales y financieros hubo avances, para el campo la apertura fue muchas veces una herida.
No se trata de estar en contra del comercio exterior. De ninguna manera. El campo colombiano no le teme al mundo. Pero sí reclama justicia y condiciones dignas para competir. Lo que ha pasado con muchos cultivos estratégicos demuestra que la apertura económica fue, en realidad, una apertura sin herramientas. Nos dejaron competir con gigantes, sin zapatos.
Hace 30 años, Colombia cultivaba cebada en varios departamentos. Había una cadena de valor articulada con la industria cervecera y pequeños productores que abastecían con orgullo el mercado interno. Hoy, esa cebada ya no existe. Fue desplazada por importaciones más baratas, muchas veces subsidiadas en sus países de origen. Lo mismo ocurrió con el trigo, el sorgo, el centeno y en buena parte con el maíz. Dejamos de producir lo que sí sabíamos cultivar, porque era “más barato traerlo”.
Pero ese “ahorro” nos costó caro: perdimos autosuficiencia, se destruyeron economías locales y forzaron a miles de familias campesinas a dejar sus tierras. Hoy, Colombia importa el 99,7 % del trigo que se consume según la Cámara de Molineros de Fedemol. Y en 2023, el país importó 6,3 millones de toneladas de maíz, de las cuales más del 80 % provino de Estados Unidos, mientras la producción nacional se redujo un 35 % en la última década. La historia se repite una y otra vez.
Ahora el turno parece ser del arroz. Y no podemos permitir que esta historia se repita.
El arroz no es solo un alimento básico: es un símbolo de permanencia, de trabajo rural, de tradición, de soberanía y seguridad alimentaria. Colombia produce arroz en 23 departamentos, con un estimado de 2,3 millones de toneladas en 2023, según el quinto Censo Nacional Arrocero de Fedearroz y el DANE. Este cultivo genera cerca de 400.000 empleos directos e indirectos y representa más del 6 % del PIB agropecuario nacional.
Es, además, uno de los pocos cultivos semestrales estratégicos que conservamos. Pero está en riesgo. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos en 2012, se estableció un cronograma de desgravación arancelaria que irá aumentando progresivamente hasta permitir la importación ilimitada y sin arancel para el arroz estadounidense a partir de 2030. Un arroz que llega fuertemente subsidiado, producido con mecanización intensiva y acceso a crédito a tasas preferenciales, que en Colombia aún son sueños para miles de pequeños productores.
En paralelo, el TLC con la Unión Europea, vigente desde 2013, estableció contingentes crecientes para la importación de arroz desde el bloque europeo, lo que agrava aún más el panorama. Según datos de Legiscomex, en 2024 se importaron más de 210.000 toneladas de arroz, lo que representó un incremento del 61 % respecto al año anterior. En departamentos como Meta, Tolima o Casanare, el precio del arroz cayó un 20 %, obligando a muchos productores a vender por debajo del costo de producción, generando pérdidas millonarias por hectárea sembrada.
¿Quién puede vivir así?
No pedimos que se cierren las fronteras ni que se impida el comercio. Pedimos lo mismo que hacen los países desarrollados: proteger a su gente, a su producción y a su soberanía alimentaria. En Estados Unidos, el gobierno destina más de 50.000 millones de dólares al año en subsidios agrícolas, según reportes del Departamento de Agricultura de ese país USDA. En Colombia, por el contrario, el sector agropecuario recibe menos del 1 % del presupuesto nacional, y buena parte de esos recursos se concentran en grandes agroindustrias, dejando por fuera al campesinado que sostiene la base de la producción alimentaria nacional.
Esta es la raíz del problema: competimos sin apoyo, sin crédito blando, sin vías terciarias, sin centros de acopio, sin precio de garantía ni asistencia técnica real. Así no se puede hablar de “libre competencia”. Porque la libertad sin equidad es privilegio para unos pocos y condena para millones.
Ahora, los paros agrarios que han ocurrido en Colombia no son estallidos sin razón. Son el resultado de años de indiferencia estatal, incluyendo al Congreso de la república que son quienes ratifican los acuerdos o tratados internacionales, y así mismo, por decisiones tomadas sin consultar al campesinado. Por tanto, el segundo paro arrocero nacional de 2025 es solo un síntoma de un modelo que no está funcionando. Un grito que exige ser escuchado con urgencia.
De esta forma, nuestros productores exigen precios justos, control al contrabando, cumplimiento de acuerdos firmados y revisión responsable de los TLC. Esas peticiones no son ideológicas. Son profundamente humanas. ¿Cómo se puede vivir de la tierra si esta no ofrece sustento? ¿Cómo queremos que nuestros jóvenes se queden en el campo si no hay condiciones dignas para hacerlo?
A pesar de todo, el campesinado colombiano no se rinde. Donde otros ven crisis, nosotras y nosotros seguimos sembrando. Porque creemos en esta tierra, porque conocemos su potencial, porque hemos resistido siglos de abandono y seguimos de pie.
Pero no podemos seguir solos.
Urge un nuevo pacto nacional por el campo colombiano. Un pacto que entienda que la apertura económica no puede seguir siendo sinónimo de desaparición productiva. Que reconozca que sin arroz, sin maíz, sin trigo, sin productores rurales, no hay país que valga. Estamos inundados de productos procesados que nos están enfermando. Cuando nuestros abuelos y ancestros nos enseñaron a comer lo que produce la tierra.
Ahora, la apertura no es mala en sí misma. Lo que es injusto es abrir las puertas al mundo mientras se le cierran las oportunidades al campesinado. Si queremos una Colombia moderna, conectada con el mundo, primero debemos fortalecer nuestras raíces.
Y eso empieza por proteger lo que aún nos queda: nuestro arroz, nuestro campo, nuestra dignidad. Y tú, ¿qué piensas al respecto?
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*Embajadora internacional de mujeres inquebrantables, exalcaldesa Gámbita (Santander), Abogada Especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Tierras.
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