Por: Erika Bayona López/ Una enfermera jefa de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tiene la responsabilidad de cuidar a pacientes en estado crítico. Su experiencia, conocimientos y vocación deberían estar al servicio de salvar vidas o, al menos, de no ponerlas en riesgo. Este deber encuentra sustento en el juramento hipocrático, que obliga a «no causar daño intencionadamente» (principio de no maleficencia), así como en la legislación colombiana, que impone deberes civiles de precaución, diligencia y cuidado.
Irónicamente, fue justo una profesional con ese perfil quien terminó ocasionando una tragedia por cuenta de un acto imprudente, una omisión, una irresponsabilidad.
El hecho
Hace unas semanas, en Bucaramanga, ocurrió un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos. Una de las víctimas, mi madre, aún sufre las consecuencias físicas, materiales, emocionales y psicológicas. Según testigos y versiones públicas, el hecho habría sido causado por un microsueño de la conductora, presuntamente parte del personal de salud de una reconocida institución médica.
Desde entonces, lo más desconcertante ha sido la falta de responsabilidad tras el accidente. La enfermera no mostró mayor interés en asumir su error. Aunque fue contactada en varias ocasiones para tratar de conciliar, prefirió guardar silencio. Hoy, 30 de julio, mi madre sigue esperando que esa persona dé la cara.
En este punto, se puede hablar de una presunta negligencia extralaboral con implicaciones civiles y posiblemente penales, si se demuestra dolo eventual o culpa grave.
¿Microsueño o negligencia?
Este caso plantea un dilema ético ineludible: la ética profesional no se limita al cumplimiento de un horario. Cuidar vidas es un compromiso permanente. La coherencia entre la vocación médica y las acciones cotidianas debe ser irrenunciable, pues toda conducta humana genera consecuencias jurídicas previsibles.
La Ley 23 de 1981 (Código de Ética Médica en Colombia) establece que los profesionales de la salud deben comportarse de manera digna y ética en todo momento, no solo en el ejercicio directo de la profesión. Además, el Artículo 2341 del Código Civil colombiano señala que «el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización».
La ética también se aplica fuera del hospital: se manifiesta en la calle, al volante, en cada gesto cotidiano que implique cuidado y responsabilidad con la vida de los demás. Es fuera del uniforme donde muchas veces se prueba la verdadera dimensión del compromiso moral y de la empatía.
En un país donde la salud se reconoce como un derecho fundamental, y donde el personal médico representa vocación y entrega, resulta inquietante cuando —presuntamente— algunas de estas figuras ejemplares se convierten en protagonistas de actos negligentes fuera del entorno clínico.
El silencio también atropella
El debate ético que esto plantea es inevitable:
¿Cómo puede alguien entrenado para actuar con precisión bajo presión evadir su responsabilidad cuando pone en riesgo la vida de otro ser humano?
¿Dónde queda la humanidad que se promueve como pilar del gremio médico?
¿Cómo se explica la incoherencia entre el servicio profesado y las acciones fuera del entorno clínico?
Según información cercana al caso, la persona implicada no ha asumido responsabilidad alguna. Habría manifestado que no cuenta con los recursos para responder por los daños causados, y tampoco ha ofrecido apoyo ni respondido a los intentos de comunicación de la víctima y su familia. Esta omisión puede interpretarse no solo como una falta ética, sino también como un incumplimiento del deber legal de reparación consagrado en el principio de responsabilidad patrimonial del causante del daño (Código Civil, Art. 2343).
Lo más desconcertante es que, pese a ello, continúa desarrollando su vida con aparente normalidad: asiste regularmente al gimnasio —donde contaría incluso con entrenador personal— y mantiene una rutina laboral activa.
Esa actitud deja un mensaje doloroso: ¿es posible cuidar vidas dentro de una clínica y, al mismo tiempo, ignorar las consecuencias cuando se pone en riesgo la vida en la vía pública?
Justicia, reparación y prevención
Muy pronto se desarrollará una audiencia. Se espera que las instituciones actúen con el rigor que exige el caso. Ya sea en el marco de una conciliación o de un proceso penal, es fundamental visibilizar lo ocurrido y recordar que el uniforme blanco no otorga inmunidad moral ni jurídica.
La salud es un bien constitucional protegido por el artículo 49 de la Constitución Política. Cuando se afecta por imprudencia, puede dar lugar a consecuencias penales, como lo establece el Código Penal en los artículos sobre lesiones y homicidio culposo (Arts. 109, 111 y 120).
Reparar no es venganza: es justicia. Significa actuar con apego a los principios de verdad, reparación y no repetición. Implica garantizar que el daño causado no quede impune, y que quien lo produjo responda por sus actos con humanidad y responsabilidad.
Esta columna no busca escarnio público ni condenas anticipadas. No hay nombres ni señalamientos. Pero sí una reflexión urgente sobre la coherencia ética que se espera de quienes han hecho del cuidado su vocación. Porque mañana podría ser otra madre. Otro peatón. Otra víctima de quienes, quizá sin mala intención, creen que cerrar los ojos —literal o simbólicamente— basta para eludir la responsabilidad.
No se trata solo de un proceso legal, que ya está en curso. Se trata de ética transversal. De recordar que formar parte del sistema de salud implica un compromiso que no termina al marcar la salida de un turno. Por eso, además del debate ético, es legítimo exigir que la ley se cumpla con firmeza.
Cuando una conducta negligente genera un daño real, las consecuencias deben asumirse. La justicia no puede ser selectiva ni tolerante con la imprudencia, y menos cuando la vida está en juego. Uno espera humanidad de quienes han hecho del cuidado de la vida su vocación. Lamentablemente, no siempre es así.
Cuidar también es asumir. Reparar, si es necesario. Responder con humanidad. La coherencia ética no se limita a una bata blanca ni a un cargo: es una convicción que debe reflejarse dentro y fuera del hospital.
Este caso debe generar conciencia, activar los mecanismos legales y recordarnos que la responsabilidad no puede diluirse. Esperamos que se investigue con rigor, que se establezca la verdad, y que —si corresponde— se apliquen consecuencias claras y proporcionales. No como un acto de venganza, sino como una exigencia mínima de justicia.
Porque cuando se comete una imprudencia y se afecta a otro ser humano, se debe asumir. La ley existe para protegernos a todos, y el respeto por ella comienza con el cumplimiento de nuestras responsabilidades.
Al final, no se trata solo de reparar un daño físico. Se trata de defender el principio más básico del ejercicio de la salud: el respeto por la vida y la integridad del otro. Cuando quien ha jurado cuidar, hiere y luego evade su responsabilidad, traiciona no solo a la víctima, sino al mismo sistema que representa. Porque sin verdad, sin reparación y sin justicia, no hay confianza posible, y sin confianza, el sistema de salud —y la sociedad entera— empieza a desmoronarse.
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*Business Data Analyst – IT & Logistics / MBA & Máster en Project Management. Auditor interno BASC. Administradora de Negocios Internacionales y Especialista en Mercadeo Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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