Por: Coronel (Rva) Guillermo Blanco/ La reciente condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez abre un debate necesario sobre el riesgo de que la justicia pueda ser percibida como un instrumento político y sobre el impacto que ello tiene en la moral y la operatividad de la Fuerza Pública. No se trata de desconocer la independencia judicial ni de evadir la obligación de investigar a cualquier ciudadano, sino de exigir que estos procesos se desarrollen dentro de un verdadero Estado de derecho, que garantice plenamente los derechos y actúe siempre por el interés general, no por motivaciones personales o coyunturales.
Los procesos deben ser transparentes, equilibrados y libres de cualquier sospecha de parcialidad, algo que lamentablemente no se percibe en este caso, enmarcado además en un clima político previo a las elecciones de 2026.
En el caso de Uribe, la defensa ha cuestionado de forma puntual la obtención y el manejo de ciertas pruebas clave. Un peritaje oficial de la Fiscalía detectó posibles manipulaciones en una grabación central para el proceso: rupturas en la continuidad del audio, incorporación de imágenes ajenas al momento original y rastros de software especializado que habría sido usado para editar o eliminar información.
También se señaló que la grabación presenta un vacío de más de siete minutos y que los dispositivos con los que se captó fueron destruidos, impidiendo su verificación técnica. Estas irregularidades socavan la confianza en la validez de la evidencia y plantean serias dudas sobre la transparencia y solidez del proceso.
El contraste es evidente cuando se recuerda el caso de Piedad Córdoba. Los correos electrónicos hallados en el computador de “Raul Reyes”, número dos de las Farc, fueron la prueba central para sancionarla e inhabilitarla en 2010 por colaborar y promocionar a la guerrilla. Sin embargo, en 2011 la Corte Suprema desconoció su validez alegando irregularidades en la obtención y custodia de la evidencia. Aun así, testimonios coincidentes confirmaron que recibió dinero del gobierno de Chávez, que mantenía un acuerdo político con las Farc y que manipulaba secuestros y liberaciones con fines políticos. Este tipo de decisiones selectivas evidencian cómo, según el personaje y la coyuntura, la justicia actúa con distinto rasero.
Como militar retirado, sé lo que significa enfrentar amenazas reales contra la vida, la libertad y el orden en Colombia. Durante los años más duros del conflicto, la Fuerza Pública asumió riesgos y sacrificios que permitieron avances tangibles en seguridad y desarrollo. La política de seguridad democrática impulsada en el gobierno de Uribe permitió recuperar zonas antes dominadas por grupos armados ilegales, reactivar la economía y devolver la movilidad por las carreteras.
Estos logros no fueron casualidad: fueron el resultado de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres tanto civiles como uniformados.
Por eso, preocupa que hoy se reafirme la tendencia a reescribir la historia y a señalar de forma generalizada a quienes participaron en esa lucha, mientras que se diluyen responsabilidades frente a quienes promovieron o ejecutaron actos terroristas. Cualquier proceso judicial debe basarse en pruebas sólidas, obtenidas de forma legal, y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los acusados. Cuando esto no ocurre, la credibilidad de la justicia se resiente y se envía un mensaje de inseguridad jurídica que afecta a todos.
Pero ¿qué tiene que ver nuestro departamento con este tema? Mucho. Porque al atacar la credibilidad y el legado de un hombre como Álvaro Uribe, se avanza en un objetivo más amplio: debilitar moralmente a nuestras Fuerzas Militares. Es una derrota simbólica para todos los que juramos defender esta patria y una burla hacia quienes sacrificaron tanto. No es solo una condena contra Uribe, es un golpe contra una noción de país, un intento de reescribir la historia y de desmoralizar a quienes todavía lo dan todo por Colombia. ¿Cómo puede sentirse un veterano que perdió sus piernas en el momento más cruento del conflicto al ver cómo celebran los principales victimarios de esa época mientras quienes defendieron la República son hoy humillados y juzgados desde una justicia que se asemeja más a un paredón?
En este gobierno, las Fuerzas Militares operan con una capacidad de reacción limitada. Están cansadas de ofrecer sacrificios, con el temor constante de que cada una de sus actuaciones termine en el banquillo mediático o judicial. La narrativa que se ha impuesto en los últimos años ha convertido el cumplimiento del deber en un riesgo personal y profesional. Se transmite el mensaje de que defender a la patria no será respaldado, sino cuestionado y castigado.
Aun así, nuestra Fuerza Pública resiste y cumple su misión. Pero es innegable que su capacidad, su personal y su eficacia han disminuido. Todo apunta a un plan para hacerla inoperante, inmovilizarla con temor y someterla a una justicia que en muchos casos actúa con sesgo.
Desde aquí, expreso mi solidaridad con Álvaro Uribe y mi pleno reconocimiento a la labor que cumplió en momentos en que el país necesitaba líderes con valor. Que ese mismo valor con el que enfrentó al enemigo lo acompañe ahora en esta nueva batalla contra quienes lo quieren ver caer, amparados en la impunidad que otorgan las togas.
Ya lo decía Francesco Carrara, uno de los padres del derecho penal del siglo XIX: “Cuando la política traspasa la puerta de los tribunales, la justicia huye temerosa por la ventana para volver al cielo”.
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*Teniente coronel (r), consultor en seguridad y defensa, con enfoque técnico aplicado a la política nacional.
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