Por: Milton Villamizar Afanador/ Vemos a la luz del aprendizaje en el pregrado; cuando se tienen las pruebas como validas y cuando se tienen certeza más allá de toda duda razonable, para imponer una pena o una medida de seguridad según corresponda al procesado.
Dicen los docentes en las aulas de clase, para que una prueba sea válida, y se le dé el valor que ella comporta no puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad art 15, el debido proceso art 29, la dignidad; y que las pruebas obtenidas infringiendo estos derechos deben ser tenidas como ilícitas y excluidas del proceso judicial, así se hayan admitido previamente.
Decían que la prueba ilícita no solo no es admisible, sino que carece de valor probatorio y no puede ser utilizada para fundamentar una condena.
Claro el fiscal pude ordenar la interceptación de las comunicaciones en la búsqueda de material probatorio, pero esa orden no solo debe estar sometida al control de legalidad, sino que la prueba ordenada se circunscribe a la investigación que se está adelantando y no de manera indiscriminada sobre abonados telefónicos al azar, porque en este caso si se violentan derechos fundamentales del propietario o dueño del número telefónico que no está inmerso en la investigación, y esa prueba seria ilícita.
Resulta que se conoce que se investigaba al ex congresista Nilton Córdoba Manyoma por el delito de cohecho, por el cual fue condenado, pero producto de esa investigación termina interceptado el teléfono de Uribe Vélez, sin estar vinculado a ese proceso penal.
Entonces frente a la teoría del hallazgo casual, ¿podría decirse que efectivamente fue casual el hallazgo? Que no hubo una intención de entregar ese número del abonado de manera dolosa? Quien entregó ese número?, se conocía de quién era? porque ordenaron la interceptación de ese teléfono si se conocía no era el del investigado?
La otra gran inquietud que salta en el ambiente social del país, es lo que tiene que ver con el reloj donde se grabó una conversación; pues podríamos preguntar, ¿si estos elementos son permitidos o no en centros de reclusión, si las grabaciones son permitidas sin la autorización de al menos uno de los participantes, en que casos es permitida, en qué casos no?
Si decimos que es legal como lo sostiene la jurisprudencia en algunos eventos, podríamos decir que debía ser una grabación auténtica no editada, ¿cómo se demostró que esa grabación era auténtica, si lo que se dice es que se editó.
Los jueces de segunda instancia como guardianes de los preceptos de la Constitución Nacional tienen la última palabra, para establecer si hubo certeza más allá de toda duda razonable para condenar.
Lo cierto es que la prueba de la interceptación telefónica no estaba ordenada por la autoridad judicial en contra de Uribe Vélez y tampoco en centros carcelarios se permite el uso de dispositivos electrónicos por parte de los reclusos o estaba autorizado y si es así, ¿quién lo autorizo?
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*Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso; Contratación Estatal; Derecho Penal; Gerencia en Salud y Maestría en Derecho Administrativo.
