Por: Édgar Mauricio Ferez Santander/ La política en este país parece un ciclo que nunca termina. Llega un nuevo gobierno convencido de que, ahora sí, trae la fórmula para resolver los problemas de siempre: desempleo juvenil, violencia en las ciudades, falta de vivienda. Se redactan documentos larguísimos, se contratan asesores, se asignan presupuestos. Todo parece muy bien pensado. Pero en el fondo, desde el arranque, ya hay grietas. Los diagnósticos rara vez nacen de escuchar a las comunidades. Más bien, suelen estar apurados por la temporada electoral o basados en estadísticas frías que no logran mostrar la complejidad de la vida real.
En esa primera fase —la de la formulación— ya se juega gran parte del éxito o del fracaso. Y ahí, la prisa le gana a la paciencia. En lugar de sentarse a dialogar con los barrios y ver qué pasa en el terreno, los equipos técnicos se quedan encerrados entre papeles y pantallas, reduciendo la realidad a tablas y gráficos. Es como si quisieran meter la desigualdad, la multiculturalidad, el hambre o el abandono en una celda de Excel. Y claro, lo que queda es una caricatura del problema.
Después viene la parte que todos esperan: la implementación. Es el momento en que los discursos deberían convertirse en obras, servicios y programas. El instante en que deberían levantarse escuelas, abrirse centros de salud o arrancar planes de empleo. Pero es justo ahí donde el espejismo se hace más evidente. Muchas veces los proyectos se quedan a medias, los presupuestos se diluyen en trámites interminables, y la coordinación entre instituciones se convierte en un rompecabezas que nadie logra armar.
Imaginemos un barrio periférico. Les anuncian a los vecinos que viene un gran programa social: becas para jóvenes, talleres de formación, microcréditos. Al comienzo hay entusiasmo, la gente se ilusiona. Pero pasa el tiempo y lo que llega es un cursito de pocas horas, un par de visitas de funcionarios y un afiche pegado en la alcaldía. El gran programa termina reducido a migajas. Y la frustración, como es lógico, se acumula.
Parte del problema está en la maraña administrativa. Aquí todo es papeleo y firmas. Cada decisión requiere tres autorizaciones, cada desembolso pasa por meses de revisión, y cada entidad defiende su pedacito como si fuera un feudo. En ese tire y afloje, lo urgente queda en pausa y lo importante se evapora en la burocracia.
A eso hay que sumarle un enemigo que ya parece parte del paisaje: la corrupción. El dinero que debería estar resolviendo problemas básicos se pierde en contratos inflados, consultorías de adorno o favores políticos. Y los que deberían ser beneficiarios —las comunidades, la gente común— terminan siendo los últimos de la fila. La política pública, que en teoría nació para servir, se transforma en botín.
Luego llega la evaluación, esa etapa que debería ser el espejo donde se reconocen aciertos y errores. Pero en Colombia, muchas veces, se queda en la fachada. Se hacen informes llenos de porcentajes, cuadros con metas cumplidas, gráficas de impacto. Todo muy bonito y técnico. Lo que casi nunca aparece allí es la voz de la gente: ¿les cambió la vida? ¿El programa resolvió algo o solo maquilló el problema?
La evaluación debería ser un acto de sinceridad colectiva, pero termina siendo otra vitrina de datos acomodados. Se oculta lo que incomoda, se embellece lo que no funcionó. Sin autocrítica real no hay mejora, y entonces el ciclo vuelve a empezar, con los mismos errores disfrazados de nuevas promesas.
Detrás de todo esto hay consecuencias humanas. Si una política educativa fracasa, no es solo una meta incumplida: son niños que siguen estudiando en salones deteriorados, jóvenes que abandonan la escuela por falta de apoyo. Si un programa de salud no avanza, no es un número en rojo: son familias sin acceso a tratamientos, mujeres sin atención oportuna, adultos mayores que quedan desprotegidos.
Las políticas públicas mal hechas no se quedan en los documentos: marcan la vida diaria de millones de personas. Y lo peor es que las comunidades, que deberían estar en el centro del proceso, suelen ser las menos consultadas y las últimas en enterarse de cómo van los proyectos.
El futuro de las políticas públicas en Colombia dependerá de cerrar la brecha entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias. No se trata solo de hacer más planes, sino de escuchar más, de construir desde abajo, de reconocer que la sabiduría comunitaria es tan valiosa como el conocimiento técnico. También hay que entender que la política pública no es una varita mágica que soluciona todo de inmediato, sino un camino lento, que exige continuidad y, sobre todo, honestidad.
Las políticas públicas representan la promesa de un Estado que quiere responder a su gente. Por el otro, reflejan un sistema atrapado en la improvisación y la desconfianza. El espejismo seguirá vivo mientras se diseñen soluciones desde la distancia, desde los escritorios y no desde el contacto directo con la realidad.
Lo que sí es cierto es que la ciudadanía aún sigue tragando entero. Su manera de mostrar inconformidad muchas veces no es exigir ni transformar, sino simplemente decir que está cansada y optar por no votar. Así, la apatía se convierte en un mecanismo silencioso que perpetúa los mismos errores. Cada fracaso sigue viéndose como parte de una cadena de responsabilidades, pero la reacción ciudadana rara vez trasciende la resignación. Mientras ese cansancio no se traduzca en participación activa, la política pública seguirá siendo un espejismo y no una verdadera fuente de transformación.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
