La noche del 21 de agosto de 2025 marcó un punto de quiebre en la política local de Bucaramanga. El Consejo de Estado, en una decisión que sacudió los cimientos administrativos del municipio, anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde para el periodo 2024–2027. La causa: doble militancia.
Pero lo que parecía un cierre definitivo se convirtió en un nuevo capítulo cuando, días después, su abogado Humberto Antonio Sierra Porto presentó un memorial de aclaración ante el alto tribunal. ¿Un legítimo intento por esclarecer vacíos jurídicos o una estrategia para prolongar la permanencia en el cargo?
El documento, extenso y meticuloso, no busca revocar la sentencia, sino aclararla. Sierra Porto, con tono técnico y firme, señala que la decisión judicial contiene “puntos oscuros” que ameritan explicación. El eje de su argumento gira en torno a la prueba que configuró la doble militancia: formularios electorales, videos y enlaces web que, según él, no fueron valorados con suficiente claridad ni rigor jurídico.
Uno de los reclamos centrales es la ambigüedad en la interpretación del “código 14”, que identifica al partido Colombia Justa Libres. El abogado cuestiona cómo el juez de primera instancia recurrió a una consulta web para determinar la pertenencia de dicho código, sin que existiera una decisión judicial que autorizara esa prueba. Además, el enlace citado en la sentencia ya no está disponible, lo que, según Sierra Porto, compromete la publicidad y transparencia del fallo.
Videos, tarjetones y silencios temporales
Otro punto que genera controversia es la valoración de los videos en los que Beltrán aparece junto a candidatos al Concejo. En particular, el caso de Vilma Alexandra Cadena Ardila es emblemático. En el video, Beltrán expresa su apoyo explícito a la candidata, pero no se menciona el número del tarjetón ni se evidencia propaganda electoral que permita ubicar el evento dentro del periodo de campaña. Para Sierra Porto, esta omisión impide configurar el elemento temporal de la doble militancia, lo que debilita la solidez jurídica del fallo.
Lo mismo ocurre con los casos de Edisson Ferney López Casallas y Rosa Mabel Román Romero. Aunque el fallo reconoce el apoyo de Beltrán, no concluye si estos actos, por sí solos, configuran la conducta prohibida. La falta de una afirmación categórica deja en el aire si estos respaldos fueron determinantes para la nulidad o simplemente parte del contexto.
Uno de los argumentos más sofisticados del memorial es la mención al principio de reciprocidad. En decisiones anteriores, el magistrado Omar Barreto había defendido que los candidatos de partidos coaligados podían apoyarse mutuamente sin incurrir en doble militancia. En este caso, Beltrán fue avalado por Colombia Justa Libres en coalición con el Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional. Sin embargo, el fallo considera que su apoyo a candidatos del Partido de la U constituye doble militancia.
Sierra Porto pregunta si el principio de reciprocidad fue discutido en sala y, en caso afirmativo, por qué no fue acogido. La ausencia de una postura clara sobre este punto deja abierta la posibilidad de que la jurisprudencia esté siendo aplicada de forma inconsistente.
¿Dilación o derecho?
Más allá de los tecnicismos, el memorial plantea una pregunta que resuena en los pasillos del Palacio Municipal y en las calles de Bucaramanga: ¿se trata de una legítima aclaración jurídica o de una estrategia para ganar tiempo?
Desde el punto de vista procesal, el escrito no suspende los efectos de la sentencia. Sin embargo, al no especificar si la nulidad opera con efectos retroactivos (ex tunc) o hacia el futuro (ex nunc), se abre un vacío que permite al alcalde mantenerse en el cargo mientras se resuelve la aclaración. Sierra Porto solicita que se defina este aspecto, argumentando que la seguridad jurídica del municipio está en juego.
Para algunos sectores políticos y ciudadanos, este movimiento es visto como una maniobra para evitar la salida inmediata de Beltrán. “Es una jugada de ajedrez jurídico”, comenta un concejal que pidió reserva de identidad. “No están apelando, pero sí están estirando el tiempo. Mientras tanto, el alcalde sigue firmando decretos”.
En el ámbito académico y jurídico, las opiniones están divididas. Algunos constitucionalistas consideran que el memorial cumple una función legítima: garantizar que las decisiones judiciales sean claras y comprensibles.
Otros, sin embargo, ven en el escrito una forma de resistencia política. Cuando se cuestiona la prueba, se está cuestionando el corazón del fallo. Aunque no lo digan explícitamente, están sembrando dudas sobre la legitimidad de la decisión.
La respuesta del Consejo de Estado será clave. Si acoge las aclaraciones, podría fortalecer la legitimidad de su fallo. Si las desestima, reafirmará su postura, pero podría dejar sin resolver las dudas planteadas. En cualquier caso, el tribunal se enfrenta al reto de explicar con precisión los fundamentos de una decisión que tiene implicaciones profundas para la democracia local.
La historia de Jaime Andrés Beltrán y su abogado Humberto Sierra Porto es más que un episodio jurídico. Es el reflejo de una tensión constante entre el derecho y la política, entre la norma y la estrategia. En Bucaramanga, donde la ciudadanía exige transparencia y justicia, el desenlace de este caso marcará un precedente sobre cómo se interpreta la doble militancia, cómo se aplican las coaliciones y, sobre todo, cómo se defiende la voluntad popular sin que se convierta en rehén de los vacíos legales.
Mientras tanto, la ciudad sigue esperando. Con un alcalde en funciones, una sentencia en revisión y una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿fue el memorial una búsqueda de claridad o una jugada para no soltar el poder?
